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Sábado 17 de Agosto del 2019

Movilidad social, constituyente y paz

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): Alfonso Gómez Méndez  |

Fecha: 01/12/2015

 

Foto: Archivo / El Tiempo

La eliminación del conflicto armado dejaría al descubierto las reales causas determinantes de que estamos lejos de esa sociedad igualitaria.

No obstante el necesario apoyo que debemos darles los colombianos a los diálogos de La Habana (así el camino jurídico escogido no sea el más ortodoxo), no hay que perder la perspectiva histórica de la actualidad. Un extranjero, hoy “bombardeado” con tanta información sobre el “conflicto armado”, podría pensar que de su solución depende resolver los inmensos problemas institucionales, de orden público, de corrupción y falta de movilidad social. Pero no es así.

La sola firma de los acuerdos no es suficiente para desbaratar los desajustes de todo orden que enfrenta el país, lo que ha debido hacerse mucho antes. Como habría dicho López Michelsen, nadie puede esperar que tras el llamado ‘posconflicto’ llegue de inmediato la “revolución por contrato”.

En materia de orden público, siendo perturbadoras las acciones guerrilleras (no todas son terrorismo), más lo afecta la delincuencia común y organizada. La “inseguridad ciudadana”, que figura como factor preocupante en las encuestas, proviene de los ataques a residencias, el hurto callejero, el robo de celulares, bicicletas, etc., el homicidio cometido por diversas razones, el microtráfico, la violencia intrafamiliar y hasta los muertos en accidente de tránsito, nada de lo anterior relacionado con el conflicto armado, según cifras de la Policía Nacional.

La corrupción la facilita el sistema al permitir que para alcanzar el poder se inviertan sumas exorbitantes que luego se devuelven con puestos y contratos. Es la privatización del Estado por la vía del clientelismo, tolerado bajo distintas denominaciones, casi siempre con eufemismos que ocultan su gravedad.

Por eso el foco central de la corrupción está en la contratación estatal, como lo denunció hace poco en Cartagena el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, al advertir que “El 96 % de los contratos de transporte (vías) de los municipios y el 76 % de los departamentales conducen a un solo oferente. El costo anual de la corrupción en el nivel subnacional es de 500.000 millones de pesos”.

La ausencia de partidos políticos debidamente constituidos facilita la dispersión, el transfuguismo, la extorsión política a los gobernantes y deja a los ciudadanos sin canales éticos de comunicación con los órganos de poder.

El presidencialismo asfixia la vida política porque todo gira alrededor del Presidente, y la separación de poderes es solo de papel. ¿Qué tiene que ver eso con el conflicto?

Reciente estudio de la Escuela de Gobierno y la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, publicado en este diario con el significativo título ‘La lotería de la cuna: movilidad social a través de los municipios de Colombia’, desnuda en todo su dramatismo la falta de movilidad social en Colombia, hecho que nos ha impedido integrarnos como nación.

Las cifras son alarmantes. Un niño que nace en Barbacoas (Nariño) apenas tiene un 5 % de posibilidades de terminar el bachillerato. La principal causa de ascenso social y económico es la cuna. Agrega el estudio que esa falta de movilidad social es una especie de círculo vicioso porque implica “mala asignación del capital humano, a lo que se le suman la ampliación y perpetuación de la desigualdad” Hace cuarenta años era igual. La eliminación del conflicto armado dejaría al descubierto las reales causas determinantes de que estamos lejos de esa sociedad igualitaria. Entre otras razones, por eso hay que apostarle a la solución política del conflicto, sin pensar siquiera en los ingentes recursos que se liberarían para el desarrollo económico y social.

Precisa espantar, eso sí, el malévolo duende de la constituyente, haciéndose una pregunta: ¿cuál de las normas de la Constitución actual (por cierto, con una amplia descripción de derechos) impide luchar contra la impunidad y la corrupción, o dificulta el mejoramiento institucional, o facilita la falta de movilidad social y política? Como diría Echandía, ¿constituyente para qué?

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