No solo la valerosa visita de los tres expresidentes tiene descompuesto al régimen chavista, que teme el final de su intocabilidad. Ya hasta la Cancillería colombiana pide libertad para Leopoldo López.
Finalmente, la Cancillería colombiana decidió pronunciarse sobre el encarcelamiento arbitrario del líder opositor venezolano Leopoldo López. En comunicado emitido en la noche del pasado lunes, dijo que “esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible”.
Es, dentro de las actuales circunstancias, lo más cercano a un reconocimiento de que la prisión de López es consecuencia de persecución política. Eso sí, para llegar hasta este punto, la Cancillería de Colombia necesitó que el expresidente Andrés Pastrana, junto con otros dos exmandatarios de países del mayor peso internacional (Sebastián Piñera, de Chile, y Felipe Calderón, de México) obligaran al gobierno a mover ficha.
Hasta ahora el gobierno chavista de Venezuela ha logrado actuar dentro de la mayor impunidad, que le permite cometer cualquier arbitrariedad sin ninguna consecuencia. En el ámbito nacional, tiene asegurada la subordinación de sus órganos judiciales y de control, que obedecen consignas del Ejecutivo. Y en el plano internacional cuentan con el silencio, sea por complicidad, sea por temor, sea por simple indiferencia, de casi todos los demás gobiernos latinoamericanos. Quizás la única excepción ha sido Panamá, que hace un año pidió garantías para la oposición y eso llevó a que desde el Palacio de Miraflores se ordenara la ruptura de relaciones diplomáticas.
Esta semana, los expresidentes Calderón, Pastrana y Piñera se atrevieron a romper esa barrera impuesta por una diplomacia venezolana que en demasiadas ocasiones acude al insulto y a la histeria. Andrés Pastrana y Sebastián Piñera fueron hasta la entrada de la cárcel donde está encerrado Leopoldo López y, a pesar de no poder visitarlo, escenificaron una posición gallarda de defensa de las libertades públicas y de la necesidad de garantías a la oposición democrática. Posteriormente se les unió Felipe Calderón en un foro organizado por la coalición que se enfrenta a la ira del gobierno de Maduro por trabajar en favor de la democracia, los derechos humanos, la libertad de empresa y la libertad de expresión.
El coraje de estos tres expresidentes contrasta con la actitud contemporizadora de organizaciones como Unasur, que dependen en todo y para todo del chavismo y a él obedecen con mansedumbre. La actitud del otro expresidente colombiano, Ernesto Samper, secretario general de Unasur, es de genuflexión y complacencia ante los atropellos a todo un sector de la población que pide democracia y libertades. Sector al que Nicolás Maduro tacha de terrorista.
A propósito, más que preocuparse por la destemplada respuesta de la Cancillería venezolana a la de Colombia (“constituye un retroceso peligroso de las relaciones bilaterales”, amenazan) el gobierno colombiano tiene que atender la denuncia de Pastrana Arango sobre la discriminación contra los colombianos. Ese es un asunto grave de interés nacional ante el cual no podemos cruzarnos de brazos.
Y, por último, no deja de ser paradójico que casi al mismo tiempo que Nicolás Maduro vociferaba contra los expresidentes con la absurda acusación de que su visita a Venezuela la financiaba el narcotráfico, se conocieran informes periodísticos sobre la entrega, en Estados Unidos, de información relevante de un oficial cercano a Hugo Chávez y al actual presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, sobre el funcionamiento del llamado “cartel de los soles”, que insiste en la implicación de Cabello y altos mandos militares en el tráfico de drogas. Cada vez son más los motivos para el nerviosismo chavista, que nada ni nadie parece poder calmar.
