Mientras el presidente Juan Manuel Santos y los negociadores que lo representan en La Habana hacen esfuerzos supremos por lograr el respaldo mundial a los diálogos y al posible acuerdo con las Farc, la respuesta de éstas es desafiante. Siguen usando el micrófono para pasar por encima de lo acordado en la mesa de negociación, sembrando dudas que afectan la credibilidad del proceso.

Ayer, los voceros de la guerrilla leyeron un comunicado afirmando que “no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido el derecho a la rebelión”. Es decir, para ellos todos los delitos que cometieron son originados en la protesta contra la injusticia. Y punto. Nada de reconocer que muchos de sus crímenes fueron verdaderos atentados a los Derechos Humanos. Que en muchísimas oportunidades, sus acciones pueden calificarse de crímenes de lesa humanidad, cometidos precisamente contra esos colombianos humildes que dicen defender.

Igual sucedió con ocasión del tratamiento que deben dar a sus víctimas. Es decir, reparación por el daño que les causaron, reconocimiento de su responsabilidad, y compromiso de responder por los miles de colombianos que desaparecieron en medio de secuestros y delitos que muchas veces no corresponden a actividades políticas. Para las Farc, por lo menos para los voceros que usan a diario los micrófonos en La Habana para lanzar sus consignas, esa obligación no existe. Y la reparación debe provenir de los recursos públicos, es decir, del bolsillo de los contribuyentes.

Entonces, quienes desde todo el país expresan su respaldo a los diálogos que se desarrolla en Cuba, preguntan si toda la palabrería que se les escucha a los voceros de las Farc antes de iniciar las conversaciones diarias, es reflejo de lo que se está tratando en la mesa. Por supuesto que no. Basta con registrar la delegación de Generales que se han sumado al grupo encargado de revisar el tema de la desmovilización, para entender que la negociación va por otro camino, según lo reitera el presidente Santos en cuanta oportunidad tiene para hablar de ella.

Quizás ha existido un exceso de especulaciones sobre la justicia que se aplicará y el grado de impunidad que se otorgará a los responsables de crímenes que deben tener una sanción, según las normas internacionales. También es posible que en el afán por aportar a la solución, algunos funcionarios hayan realizado propuestas que llegan a desconocer la totalidad del orden jurídico, para llamar a una Asamblea Constituyente o para reclamar la impunidad total que exigen las Farc.

Pero ese no es el pensamiento de la inmensa mayoría de colombianos. A ellos hay que demostrarles que ante todo habrá justicia, verdad y reparación a las víctimas. Es decir, que las Farc tendrán que aceptar su responsabilidad sobre los miles de crímenes que han cometido. Y que están dispuestas a resarcir a sus víctimas, como corresponde a un verdadero propósito de paz. Ese es el contenido real de la negociación en La Habana.