El jueves 19, en medio del silencio de los medios nacionales que o no hacen seguimiento serio de los diálogos en La Habana o no quieren publicar aquello que creen que puede hacerle daño al Gobierno, o con no poca frecuencia ambas cosas, las Farc emitieron dos comunicados de enorme gravedad. En ellos se refieren al llamado marco jurídico para la paz, la piedra angular del mecanismo del Gobierno para lidiar con los crímenes de la guerrilla; al referendo, que es el instrumento propuesto por Santos para conseguir la aprobación popular de los acuerdos; al plazo para alcanzarlos, y a la naturaleza de las negociaciones.

Sobre el marco jurídico, que al grueso de la sociedad le parece un exceso inaceptable de generosidad con los criminales, las Farc dicen que "es una imposición" con una "conceptualización de justicia transicional inoportuna", que constituye "un enorme estorbo para la paz" y que, además, "la Corte Constitucional le sumó perturbaciones como esa de que la guerrilla debe entregar secuestrados que no tiene, más otras cuantas invenciones maliciosas". Y rematan con que es inaceptable que "un brazo del Estado… sea el que diseñe y aplique marcos jurídicos de justicia transicional".

Está claro que las Farc no aceptan el marco jurídico, que son ellos quienes quieren definirlo, que se mantienen en no pagar ni un día de cárcel, y que acusaron la corrección del marco que hizo la Corte Constitucional al abandonar la propuesta de impunidad del Gobierno y volver a los postulados de verdad, justicia y reparación de la ley de justicia y paz.

En relación con el referendo como mecanismo para refrendar popularmente los acuerdos, dicen que es una "iniciativa unilateral" que está "fuera de lugar" y manchada de "sospechas electorales". Agregan que la propuesta gubernamental desconoció el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que es la base de las negociaciones, y que las Farc "no hacen parte de dicha iniciativa" ni se sienten comprometidas por ella. En consecuencia, insistirán "en la convocatoria de una Asamblea Constituyente".

Más allá de que es verdad de que tras el referendo están las pretensiones electorales de Santos, que buscar auparse en los eventuales acuerdos, las Farc se mantienen en su pretensión de una Constituyente que convierta "la Constitución revisada, reparada y fortalecida, [en] un pacto o tratado de paz". La revolución pactada sobre la que ha habido tantas advertencias. Las derrotamos en el campo de batalla y nos ganan en la mesa. Y, de paso, anuncian que si hay un referendo no se sentirán obligadas por su resultado. No por otra cosa sostienen que la propuesta gubernamental "implica un esquema de desmovilización y sometimiento de la contraparte insurgente" que es un "absurdo". ¿Y si no hay una desmovilización y desarme, para qué todo este rollo? ¿ O será que, como advierte el Procurador, nos quieren someter a un referendo, o a la constituyente que desean las Farc, con la amenaza de los fusiles en la nuca?

Rematan sosteniendo que el marco y el referendo "van de la mano de la equivocada y ventajosa idea de un gobierno que… se pretende juez y parte de una contienda en la que aún no hay ni vencedores ni vencidos". Sostienen que "la Agenda no supone ni mucho menos reconoce vencedor alguno" y que "en la mesa debe prevalecer la relación parte-parte, entre iguales".

Esta es, seguramente, la razón de todos los males. Santos convirtió una derrota estratégica de las Farc (por la que fue elegido, por cierto) en una negociación "entre iguales". En esas condiciones, las conversaciones son en sí mismas una victoria de las Farc y una derrota del Estado.

Las Farc añaden que "la paz no puede atarse a fechas ni responder a intereses partidistas". ¿El plazo último de noviembre se fue al demonio, como todos los inamovibles de Santos?

Y finalizan con una velada amenaza: "consideran que es urgente retomar el respeto a la bilateralidad que entregue confianza para seguir adelante". Así estamos.