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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Nicolás Maduro, profesión dictador

Publicado en:

El País - Uruguay  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 13/09/2015

 

Foto: hsbnoticias.com

Terminemos con los eufemismos: Nicolás Maduro no es un "presidente populista" sino un dictador, como Fidel Castro o Pinochet, pero escaso de luces. Arma cada tanto un "proceso electoral" que lo da como ganador, pero está siempre rodeado de las sombras y las denuncias de fraude, de estafa a la voluntad de los ciudadanos.

Se dirá que no hay pruebas concluyentes sobre eso, pero tampoco las hay de la transparencia que deben rodear estos pronunciamientos. Es más, creemos que el fraude es absolutamente cierto porque los organismos encargados del contralor de los actos electorales no son independientes, están integrados por gente notoriamente identificada con el régimen, que obedecen o son defenestrados.

Si se sigue actuando con el disfraz de democracia es porque hoy en día, el rótulo de "democracia" (tras la implosión de los regímenes comunistas de Europa oriental) es imprescindible como tarjeta de presentación en el mundo, en los foros internacionales y hasta en las relaciones económicas de los países. Y no hay nadie que controle el uso de esa palabra, por más que el régimen que la utilice tenga por ella el más absoluto rechazo y le provoque urticaria.

Como si fuera poco, ha incorporado otro elemento a su féretro de libertades: la cárcel para sus principales opositores por el delito de ser opositores y hablar contra su gobierno. Denunciar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos para aquellos que piensan distinto, el autoritarismo de su gestión y el desprecio a los principios republicano-democráticos.

La justicia del régimen de Maduro está prostituida, es servil y arrastrada con el poder político. Un grupo de fantoches hace lo que se le ordena desde el Palacio de Miraflores, antigua sede del gobierno venezolano y hoy sede de la dictadura. Su último "servicio" fue la ignominiosa condena a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión, al alcalde de Chacao (el principal municipio de Caracas), Leopoldo López. El "delito" fue una serie de "pronunciamientos con mensajes subliminales" que había expresado a través de Twitter, y que habrían desencadenado la protesta del 12 de febrero de 2014 que terminó en graves incidentes con muertos y heridos. Junto a López, fueron condenados (con penas menos severas) tres estudiantes —Christian Holdack, Damián Martin y Ángel González— detenidos tras la protesta, que denunciaron abusos físicos durante su aprehensión y en dependencias del Cuerpo de Investigaciones Penales, donde permanecieron incomunicados por 48 horas (la FEUU en silencio y sin careta).

Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights, el Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos han encabezado durísimas críticas contra el régimen de Maduro. No es para menos, pero en nuestro país, salvo el unánime rechazo y la dura crítica de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente), nada. Parece como si para el gobierno no hubiera pasado nada, ¿o hay algo más?

Sí, hay algo más. Es la obsecuencia con el régimen venezolano iniciado por Chávez y continuado por Maduro. Es la presencia en el gobierno de un partido donde las convicciones democráticas no son unánimes y que en la cúpula (que no es la Presidencia de la República sino el Plenario del Frente Amplio) a poco que se rasque se verá que está manejado por aquellos que no creen en la separación de poderes ni en la democracia ni en los principios republicanos. Que consideran a Maduro como "uno de los nuestros" y repiten que sus opositores son "fascistas". Que los derechos humanos no son universales, sino que solo protegen a sus militantes o compañeros de causas. Que la justicia está para ampararlos a ellos o sus amigos y no a todos, incluyendo a quienes piensan distinto. Que son los dueños de los derechos humanos y los demás son indignos de garantías y respeto. Que los derechos humanos son funcionales a "los nuestros" y jamás a quienes los enfrentan. Allí están —y como muestra alcanza y sobra— las declaraciones del senador Martínez Huelmo del MPP sobre lo que pasa en Uruguay: "La derecha tiene una posición tomada y está operando contra el gobierno de Venezuela". Claro: "fascistas" también y sin derechos.

Se dirá que hay mucho comercio en juego y justo ahora está por concretarse un buen negocio en el mercado venezolano. Pero negocios son negocios: se supone que interesan por igual a ambas partes porque a ambas beneficia. No se hacen por afinidad ideológica o política, sino por interés. Salvo que quieran comprar nuestra silenciosa complicidad —y sería repugnante aceptarlo—, no mezclemos las barajas. Si pensamos que cada vez hay menos democracia en la región, y nosotros estamos dentro de la región, y los que pueden hablar no hablan cuando deben, después ya será tarde.

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