No se han recibido quejas de uniformados sobre presuntas presiones en su contra por hablar con medios de comunicación acerca del supuesto rebrote de los falsos positivos, indicó ayer el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, después de que la Revista Semana, en un informe que publicó en las últimas horas, señalara que al menos 20 integrantes que entrevistó denunciaron una supuesta ‘cacería de brujas’ para establecer quién o quiénes dialogaron con el diario norteamericano The New York Times.

“Hay un hecho que nos genera una atención muy especial y es que se habla de amenazas contra ellos y sus familias, y nosotros no tenemos conocimiento de denuncias o quejas puntuales a miembros del Ejército Nacional o sus familias”, aseguró el general Navarro. Añadió que “para eso ofrecemos un canal directo con quienes están en riesgo junto a la Fiscalía General de la Nación para que reciba la información con absoluta reserva, con el fin de adelantar investigaciones y adoptar las medidas de protección que se requiera, es un tema crítico”.

El general Navarro puso el acento al señalar que “las Fuerzas Militares tenemos el deber, la obligación y es una premisa para nosotros operar con altos estándares de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. La política es cero tolerancia ante cualquier hecho de violación de los derechos humanos”.

Acerca de los 20 uniformados que según Semana se han sentido presionados a través de entrevistas y pruebas de polígrafo para detectar quién dio declaraciones al periodista estadounidense Nicholas Casey para escribir el artículo publicado por el diario The New York Times el pasado 18 de mayo, en el cual hace referencia a la existencia de una directriz en el Ejército que supuestamente busca incrementar las bajas del enemigo en combate, el general Navarro expresó que “es importante que se pueda determinar los casos puntuales y los hechos para que se puedan tomar las medidas de protección y las medidas correctivas del caso”.

Semana recoge en su informe varios testimonios de uniformados que manifestaron presiones en su contra por el asunto de los supuestos falsos positivos. Uno de los oficiales relató que “esto es por orden del comandante del Ejército, mi general (Nicacio) Martínez, por todo lo que ha pasado en estos días y para saber quiénes están detrás de todo esto”.

Otro de los oficiales entrevistado dijo a Semana que recibió en su celular “fotos de los seguimientos” a sus hijos menores de edad en el colegio y también de sus padres.

Uno más relató que tras la polvareda que despertó la publicación del diario norteamericano, que fue desmentida por el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares, “se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron entrevistas”.

Según conoció Semana un grupo de oficiales que prestan servicios en diferentes regiones del país fueron llamados el pasado 22 de mayo para que se presentaran en la Segunda División del Ejército en Bucaramanga.

“Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después (pruebas de) polígrafos a todos”, señaló uno de los uniformados a Semana.

Por su parte el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, señaló en un comunicado que “las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales sobre supuestas indagaciones para identificar fuentes relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie”.

Control político

A pesar de que hace menos de dos semanas que se cayó en la Cámara la moción de censura que promovió la oposición al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por el supuesto rebrote de los falsos positivos, el senador Iván Cepeda dijo que harán un debate de control político a este funcionario tras este artículo de Semana.

“Esto muestra que hay un sector al interior del Ejército que está empeñado en silenciar la verdad y que busca que se mantenga la impunidad ante estos casos. Esa situación merece nuevos cuestionamientos al Gobierno y será sujeto de nuevos debates de control político en el Congreso, porque el cuadro general que se dibuja con esta nueva revelación es un cuadro muy preocupante”, dijo Cepeda.