Los empresarios y La Habana
La propaganda gubernamental quiere hacer creer que las únicas objeciones a lo que se ha acordado en La Habana provienen de Álvaro Uribe y sus seguidores, a quienes se describe como extremistas, “enemigos de la paz” que se oponen a que Colombia recupere la tranquilidad. Para el Gobierno, el resto de los colombianos, a pesar de lo que dicen las encuestas, dan su asentimiento a los acuerdos alcanzados hasta ahora con los representantes de las Farc. La paz, dice nuestro gobernante, es bien supremo que justifica cualquier concesión. Pues bien, la prueba de que los tales acuerdos huelen a podrido a quienes piensan en el futuro de nuestra patria se encuentra en el documento que los empresarios entregaron recientemente al Presidente y del cual los medios, tratando de hacerlo aparecer como un irrestricto respaldo del Consejo Gremial Nacional a lo convenido en Cuba, solo han dado a conocer un breve resumen que no indica las graves inquietudes que afloran del comunicado de prensa del 23 de septiembre. Quienes no se traguen el argumento simplista de que “la paz justifica cualquier concesión” deberían consultarlo en la página de Internet de la ANDI (andi.com.co) con la seguridad de no haber perdido el tiempo. Destacan los empresarios que el proceso se adelanta solo por razones humanitarias y no porque la causa subversiva sea justa o amenace la estabilidad institucional o porque se trate de terminar una guerra civil sin vencedores posibles; por esto no se espera establecer un nuevo orden político y social y todo debe adelantarse dentro de la legitimidad constitucional, garantizando los “espacios” de la oposición y cumpliendo el compromiso de una refrendación popular. Se debe confirmar la propiedad privada y evitarse el aislamiento en zonas de reserva campesina en desmedro de la soberanía del Estado y la participación comunitaria no debe ser coadministración.
Preocupa a los empresarios la Jurisdicción especial para la paz y afirman que “sería la primera vez en la historia republicana de Colombia que un gobierno que goza de la legitimidad que dimana del proceso democrático pacta con quienes se encuentran al margen de la ley la creación de una jurisdicción especial,” y que alarma la falta de claridad sobre su competencia en cuanto al tiempo y objeto. Hacen también importantes consideraciones sobre la Comisión de la Verdad, ausencia de compromisos de entrega de bienes de la guerrilla, dejación de armas, etc. Hay que leer el documento. Ojalá que estas reflexiones empresariales contribuyan a que el Gobierno caiga en la cuenta de las dudas, los peligros, que surgen de lo que se ha convenido en Cuba y los absuelva antes de firmar un acuerdo final que, en lugar de darnos la tan añorada paz, nos deje a una Colombia profundamente dividida.
