El presidente de la República debe enviar a su debido tiempo la terna a la Corte Suprema para la elección del nuevo fiscal general. Y demostrar sentido de Estado con unos nombres intachables.

Finalizará marzo y con él el período del fiscal general, Eduardo Montealegre. De su desempeño ya habrá oportunidad de opinar al momento de su salida, pero ello no obsta para adelantar que el balance de su labor no ha sido positivo, ni para la justicia ni para la propia Fiscalía.

El más reciente Gallup Poll (N° 111, febrero/2016) arroja que para los encuestados la Fiscalía General de la Nación despierta una imagen desfavorable del 50 %, en tanto la favorable es del 44 %.

Estos indicadores no son, por supuesto, suficientes para hacer un juicio de valor sobre una gestión. Pero teniendo en cuenta el acusado personalismo que desde sus inicios hace que se identifique al fiscal general con la institución como tal, no es irrelevante lo que la gente percibe sobre el desempeño de uno de los cargos más poderosos de la Nación.

Este mes tiene una semana inhábil (semana santa), y por ello, el presidente de la República debería haber enviado ya la terna de candidatos o candidatas para su examen por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es la que elige al funcionario. Los tiempos apremian, salvo que el Gobierno quiera mantener como fiscal encargado al actual vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, a quien consideran plenamente continuista con la línea de actuación de Montealegre, ajustada en todo a los propósitos del poder Ejecutivo, en particular con los del desarrollo de los acuerdos con las Farc y las facilidades judiciales posteriores a sus miembros.

La Constitución de 1991 adscribió la Fiscalía General de la Nación a la Rama Judicial del poder público. Es allí donde actúa y ejerce sus competencias de investigación como titular de la acción penal del Estado. No hay derrota posible de la impunidad sin el cumplimiento de funciones por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, es el presidente de la República quien conforma la terna. Esto concede el poder decisorio de origen al Ejecutivo, pues las tres personas a las que incluya en la terna deben ser, por razones obvias, del agrado del Jefe del Estado. Si bien el envío de esa terna a la Corte Suprema, para la elección posterior, es un acto jurídico, antes que eso es un acto político. Nadie será fiscal general sin haber sido ungido antes por el Ejecutivo.

Cada presidente, en esa terna, demostrará su talante y su sentido de Estado. Una justicia independiente es un pilar básico e insustituible del Estado de Derecho y del régimen democrático. Una Fiscalía instrumentada por el Gobierno, en cambio, se ajustará a los objetivos de corto plazo del presidente de turno, así la justicia, como valor y como servicio público, quede relegada.

Otro problema adicional hay ahora, por cuanto la Corte Suprema de Justicia no ha sido capaz, por omisión de sus deberes, de surtir las vacantes de los magistrados que han terminado su período. Clanes políticos que se enquistaron en su interior vetan y obstaculizan la elección de los nuevos magistrados. Por ello, no hay el número plural de votos suficientes para elegir nuevo fiscal general.

Esta situación, que lleva meses, ha sido tolerada por los poderes que deberían investigar la omisión de las funciones por parte de la Corte. Insólito, pues es una anomalía institucional que se va volviendo recurrente en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado.

El país tiene que exigir del presidente de la República una excelente terna, y de la Corte Suprema un impecable y ágil proceso de eleccción.