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Martes 23 de Julio del 2019

No saben con quién se meten

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 03/11/2014

 

Más allá de las normas disciplinarias, más allá de la propia ley penal, lo que la arrogancia de muchos poderosos les hace olvidar es el propio decoro, el civismo basado en la ética personal.

No es un fenómeno que se presente únicamente en Colombia. Ni tampoco es nuevo. Ni incurren en él solo los altos funcionarios públicos, los investidos de autoridad o poder político.

El consabido "¿Usted no sabe quién soy yo?" o cualquiera de sus variantes ("¿No sabe con quién se está metiendo?", "Puedo hacerlo echar hoy mismo", etc.) es una manifestación de arrogancia que salta en cualquier momento, en cualquier lugar donde quien se considere en una posición más alta, más fuerte, pretende imponer sus razones, o su arbitrariedad, frente a lo que en circunstancias normales no tendría por qué considerarse un agravio o un abuso.

No estamos hablando aquí, por supuesto, de la legítima facultad de defenderse, así sea enérgicamente, ante una arbitrariedad manifiesta proveniente casi siempre de autoridades que confunden su misión. En estos casos no solo es necesario, sino plausible, atajar cualquier asomo de pisoteo de los derechos ciudadanos.

A lo que nos referimos es a esa actitud de prepotencia que se presentan a diario de personas con influencia que no admiten ningún requerimiento, ningún límite ni mandato de sujetarse a normas que a todos deben cobijar por igual. Actitudes y comportamientos que hoy, gracias a las facilidades -no exentas de riesgos y desbordamientos- de los aparatos tecnológicos, quedan pronto a disposición de todos los que quieran mirarlas.

En Colombia llevamos años presenciando bochornosos episodios en que funcionarios de todo nivel quieren imponer a los gritos y bajo amenazas una pretendida indemnidad legal frente a cualquier requerimiento de las autoridades. Con el agravante de que muchas veces las víctimas directas de este abuso de poder son agentes de policía que cumplen con sus deberes y ejercen las facultades que la ley les encomienda.

Víctimas directas, decimos, porque padecen en carne propia la desautorización de hecho de quienes los coaccionan con hacerlos destituir o trasladar por atreverse a pedirles cuentas por algo. Y víctimas indirectas somos todos los demás ciudadanos que nos ceñimos a las normas, no solo las legales sino las de simple urbanidad y civismo.

Este país vio al entonces senador Eduardo Carlos Merlano oponerse a un control de alcoholemia por haber sacado "50 mil votos". Ha visto al hijo, a la esposa y al propio presidente de la Corte Suprema de Justicia enzarzarse en vulgar riña con policías que querían adelantar un procedimiento rutinario de reconocimiento de su vehículo oficial.

Hemos visto, en fin, al alcalde Petro imponer su inmunidad legal por haber sido alzado en armas. Al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, desacatar olímpicamente la anulación de su nombramiento por parte del Consejo de Estado. Al propio Consejo de Estado y a exmagistrados de altas cortes desacatar la norma constitucional y la consecuente sentencia que fija topes a las millonarias megapensiones. Hemos visto a ejecutivos del sector privado, como los de Interbolsa, actuar dolosamente en perjuicio de clientes e inversores por sentirse más allá de controles legales o límites éticos.

No son solo episodios de pelea callejera. Son actitudes asumidas que los autoconvencen de que no rigen para ellos ni las normas disciplinarias ni las disposiciones penales ni las propias del decoro o el civismo. Que los alejan, en suma, de cualquier sentido del honor.

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