No toda idea es admisible

Es una verdadera lástima que el país se enfrasque en discusiones bizantinas en torno de personajes que no merecen que se les preste tanta atención como Gustavo Petro, pero aún prevalecen ecos de la drástica sanción proferida por el procurador Ordóñez, por lo que sigue siendo de sumo interés lo que se comente al respecto.

En esta ocasión me quiero referir concretamente a una tesis en defensa del ya exalcalde de Bogotá que ha pasado un poco agazapada pero que contiene una carga conceptual de delicado manejo, que podría explotarnos en las manos si no se maneja adecuadamente y se le desactiva.

La tesis a la que hago referencia no pone en duda las facultades del Procurador ni le proporciona rasgo alguno de subjetividad a la descalificación que hace la Procuraduría de una política cualquiera, como el cambio en el esquema de recolección de basuras, sino que va al almendrón del asunto, sugiriendo que no se puede castigar a quien “piensa distinto” por cuanto es un atentado contra el “pluralismo político”.

Es decir, esta tesis no pretende siquiera acusar al Procurador de sectario sino que aduce, sin disimularlo mucho, que la ley no se les puede aplicar a quienes representan corrientes de pensamiento distintas a las del establecimiento, y que tal excepción está respaldada con argumentos filosóficos, como el mencionado pluralismo.

Mejor dicho, quienes defienden esta tesis ni siquiera están intimidando con repetir violencias asimilando este caso al magnicidio de Gaitán o al fraude en contra de Rojas Pinilla, si no que tratan de cimentar un principio moral desde un raciocinio pacifista, tranquilizador y amigable, que pretende hacernos creer que las reglas de la democracia se pueden cambiar cuando no nos gusten posando de Mandelas martirizados.

Por supuesto, esta teoría suena razonable en una época en la que ha hecho carrera un exacerbamiento de la corrección política, una época en la que por tratar de evitar cualquier tipo de discriminación se cae en absurdos como el lenguaje incluyente —“millones y millonas”— y en la que se intenta poner en práctica la denominada ‘discriminación positiva’ con el propósito de ejercer políticas de inclusión que se convierten a menudo en agresiones contra las mayorías.

Con todo ello se pretende argumentar que el país está necesitado de una ‘democratización real’ que pasa por aceptar o legitimar las ideas de quienes piensan ‘distinto’, cuando la característica básica de la democracia es que las mayorías determinan un marco legal de actuación dentro del cual se deben mover todos los individuos y que por más amplio que ese marco sea —y, por tanto, más incluyente— tiene límites que deben respetarse, y no puede admitir políticas contrapuestas por cuanto ello vulnera su permanencia.

Aunque suene muy bonito, muy fraterno, muy conciliador, no se puede concebir que un funcionario que ‘piensa distinto’, como Gustavo Petro, pueda implementar políticas que se oponen a las normas legales y que, por si fuera poco, enmascaran un modelo político, económico y social opuesto al que las mayorías han aceptado solo porque parece loable tener un país ‘variopinto’ donde caben toda clase de ‘ideas diversas’.

Aquellos compañeros de ruta sostienen que inhabilitar a Petro por 15 años es inhabilitar a las 750.000 personas que votaron por él. ¡Vaya! Si con el mismo ahínco se defendiera la idea de que cambiar las promesas de campaña por las que votamos 9 millones de electores es una alta traición a la democracia de este país, hasta se podría creer en esa defensa que hacen de Petro, pero nadie puede ser excusado de sus faltas pasando por encima de la Constitución y la Ley. Es así de simple. Y ese es un principio rector que favorece, básicamente, a las minorías; que impide que las minorías sean atropelladas.

Hay algo que estas personas deben entender y es el hecho de que no todas las ideas son válidas, no cualquier idea es admisible. No se puede abrir la puerta a cualquier idea en aras de una supuesta y pretendida diversidad con el cuento de crear una sociedad en la que ‘quepamos todos’. Muchas de las ‘ideas diferentes’ de las mentes ‘progresistas’ no encarnan más que atropellos en contra de terceros que terminan como víctimas por no hacer parte de colectivos con capacidad de meter miedo. No es raro, por ejemplo, que quienes defienden obcecadamente los derechos de los animales y se oponen a la tala de árboles, preconicen el aborto en todos los casos. Ser antitaurino y ecologista sedicente al tiempo que se es proabortista, constituye una contradicción en los términos, una incoherencia insalvable.

Esa es una muestra de que pensar distinto no es, per se, un mecanismo de progreso y armonía para la sociedad, sino que puede ser un gran peligro del que las democracias, como mecanismo de autoconservación, han sabido desconfiar.

En el fondo, esta teoría apela a lo mismo que las otras, solo que soterradamente. Todo concluye en el mismo chantaje de que si no se admiten las ‘ideas distintas’, las minorías terminarán comportándose como una jauría de bestias rabiosas, conminación que resulta, a todas luces, inaceptable.

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