El asesinato de los líderes sociales no sólo nos debe conmover, sino que debe encender las alarmas y el rechazo de todo el país. Lo que va corrido del año, 123 líderes sociales han sido asesinados y desde diciembre de 2016, fecha en la que se firmó el acuerdo de La Habana con las Farc –Ep, 293 defensores han sido ejecutados.

Las zonas del país que con mayor crudeza han padecido este flagelo han sido los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Valle, hecho que ha puesto una vez más en evidencia lo que los colombianos sabemos desde 1810, y es que la República de Colombia siempre ha tenido más territorio que Estado. Ausencia estatal, que durante décadas fue aprovechada por parte de los grupos armados al margen de la ley y que, durante los últimos ocho años, se ha vuelto más crítica por el hecho de que los cultivos de coca se triplicaron y los asesinatos de líderes sociales que hoy enlutan a Colombia van en aumento.

La reaparición de esa ola de violencia en estas zonas del país coinciden con la presencia de grupos armados como el Eln, bandas criminales y las disidencias de las Farc, que luchan por el control territorial en las “antiguas zonas de influencia” de las Farc –control territorial que este gobierno en el marco de su proceso, no fue capaz de obtener ni garantizar-, buscado con ello dirigir las economías ilegales; condenando a los ciudadanos a una nueva época de violencia en la que se ven vulnerados sus derechos.

Sin embargo, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señalara que esta ola de violencia era causada por la lucha territorial de diferentes zonas donde convergen una multiplicidad de economías ilegales, sectores de la izquierda radical colombiana, a través de acusaciones sin ningún tipo de soporte probatorio, hacen política con el dolor de las familias, responsabilizando de estos hechos a sectores políticos que no comparten su ideología o modelo económico y “graduando” a todos a los que han acallado su voz, de líderes sociales. Valiéndose de estas muertes, en un remedo de oposición al Presidente electo, buscan réditos políticos a través de discursos panfletarios e incendiarios, que no tienen un fin diferente al de dividir al país y sumergirnos en el odio que tanto daño nos ha hecho.

Es por eso, que todos los colombianos debemos unirnos para rechazar la violencia, sin importar su origen ideológico, y al mismo tiempo es una oportunidad para que los partidos políticos de centro e izquierda, que se declaren en oposición al gobierno que empezará el próximo 7 de agosto, hagan su oposición desde la sensatez, la racionalidad y la proposición, para que en el marco de una verdadera democracia, sean los argumentos y no las mentiras y la manipulación, la que nos ayude a construir una paz verdadera.