Alfredo Rangel*.

–¿Qué supone el acuerdo firmado en La Habana para el proceso de paz?

–Es un acuerdo de impunidad porque no castiga los crímenes cometidos por las FARC y ofende a las víctimas. Los crímenes atroces deben ser castigados con penas proporcionales a la gravedad de los delitos, con condenas de cárcel, así sean penas reducidas si los responsables cuentan la verdad, se arrepienten y ofrecen reparación a las víctimas. Lo que se firmó en La Habana son penas alternativas que no incluyen la cárcel, penas que se refieren a trabajos humanitarios y a restricciones de la libertad en municipios del país que pueden llegar a tener hasta 22.000 kilómetros cuadrados. Esas penas no son justas ni adecuadas y están eludiendo la Justicia.

–¿El acuerdo cumple con lo estipulado en el Estatuto de Roma?

–No cumple con los estándares internacionales para castigar los crímenes de lesa humanidad, esos estándares exigen que los culpables sean castigados con penas de cárcel. En el acuerdo que se ha firmado puede haber confesión del crimen, pero no hay una sentencia adecuada a los delitos, las sentencias que se van a imponer van en contra del espíritu de la doctrina internacional que castiga esos delitos de manera ejemplar, precisamente para que no vuelvan a ocurrir.

–Además del uribismo, ¿quiénes están en contra del acuerdo sobre justicia firmado con las FARC?

–El 80% de los colombianos, en todas las encuestas que se han publicado en los últimos años durante los diálogos de paz, están en contra de un acuerdo que no implique cárcel a los crímenes horrendos cometidos por las FARC. Los colombianos se expresan en contra de que los condenados puedan participar en política, que sean elegidos para corporaciones públicas o alcaldías.
Consideramos que esa inhabilitación debe ser parte del castigo por los crímenes que han cometido. Sería muy desmoralizante verlos en los puestos de decisión o en los órganos legislativos.

*Senador del Centro Democrático de Colombia. Preguntas de G. G. Maestro