Olvidémonos de las refrendaciones

Los colombianos ingenuos estimamos que el mayor desafío que enfrentará la paz de La Habana será la refrendación de los acuerdos por la sociedad civil.

Pero esto ya no se perfila así, porque si acaso fallara la refrendación, eso le significaría al presidente Santos el fracaso de su paz, resultado muy probable para un gobierno con una popularidad exigua, cercana al 10%, y un rechazo de más del 80% de los colombianos a dichos acuerdos.

Según el artículo 374 de nuestra Constitución, existen tres mecanismos para refrendar los acuerdos: El Congreso, una Asamblea Nacional Constituyente y un referendo. Entiendo que el gobierno de Santos le añadió a lo anterior un plebiscito.

Pero Álvaro Leyva, el exfiscal Eduardo Montealegre y el guerrillero alias Iván Márquez avanzan aún más con el fin de evitar cualquier forma de refrendación popular, sugiriendo, en cambio, que el Acuerdo Final se convierta en un tratado internacional entre el Estado colombiano y el “cuasi Estado de las Farc”. Que sea un tratado supraconstitucional e incorporado a los protocolos de Ginebra, al Derecho Internacional Humanitario y a nuestro bloque constitucional, desde luego, para que no pueda ser modificado ni reformado por los mecanismos de nuestra Constitución.

En vista de los obstáculos anteriores, la plenaria del Senado aprobó el pasado 21 de abril, en sexto debate, el Acto Legislativo para la Paz, legislación que, en opinión de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia: “En la historia Constitucional de Colombia no se había dado un golpe igual a las instituciones como el que les dio Juan Manuel Santos con dicha aprobación”

Como aspecto positivo se aprobó en este sexto debate eliminar el pavoroso ‘Congresito’, que era una comisión especial legislativa ideada por los cortesanos de Santos, la cual iba a estar compuesta por legisladores de las comisiones primeras de Senado, Cámara y representantes de las Farc para aprobar e implementar los acuerdos de La Habana.

Como aspecto negativo explicó la senadora que el Congreso le aprobó “facultades extraordinarias” a Santos para modificar la Constitución, a su antojo, durante 90 días prorrogables, como si fueran leyes ordinarias. Conclusión de ella: pasó él a ser el poder constituyente y el Congreso a ser un notario

“Lo que se aprobó fue el silenciamiento de la oposición porque nada de lo que proponga el gobierno podrá discutirse ni modificarse y los acuerdos con estas propuestas de La Habana se incorporarán automáticamente en la Constitución… Similar a Venezuela, pero más sofisticado”.

Resumiendo, las mayorías del país no le votan a Santos un referendo ni un plebiscito, la Asamblea Constituyente es muy arriesgada, el tratado especial humanitario tiene similitudes dictatoriales con el Acto Legislativo para la Paz, la diferencia estriba en que las facultades del Acto Legislativo solo podrán aplicarse cuando se haya firmado y refrendado popularmente el Acuerdo Final con las Farc, en tanto que el tratado especial NO requerirá refrendación alguna.

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