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Viernes 14 de Diciembre del 2018

Otra oportunidad perdida

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Carlos Holmes Trujillo  |

Fecha: 29/03/2015

 

Foto: utsandiego.com

Sucedió lo que muchos temían. De cara a los episodios que está sufriendo la Corte Constitucional y, desde luego, Colombia, el Presidente escogió el camino que, seguramente, considera el más fácil y rápido de todas las opciones posibles.

Resolvió aprovechar el trámite de un proyecto de ley, que cursa en el Congreso, para hacer algunas adiciones y presentarlo a la nación como la gran solución.

En lugar de aprovechar el llamado a una acción distinguida por el consenso nacional que hicieron Centro Democrático y el Partido Conservador, optó por actuar rápidamente. Y se equivocó.

Anunció medidas que son convenientes, sin duda, pero olvidó los asuntos estructurales, es decir, los que deben abocarse en coyunturas como las que está atravesando el país.

Está bien tratar lo relacionado con la investigación y juzgamiento de altos funcionarios, cambiar el procedimiento para la elección de magistrados y hacer más exigentes las condiciones para acceder a las altas cortes.

Sin embargo, ¿será lo anterior necesario y suficiente para solucionar lo de fondo? No lo es. ¿Tienen esas medidas algo que ver con el asunto de la enseñanza del derecho?

¿Por qué, simultáneamente, no se convocó una cumbre de decanos de jurisprudencia de las universidades acreditadas para analizar, sin afectar la autonomía de los establecimientos de educación superior, lo que está sucediendo en las aulas?

¿Sirven los cambios que propone Santos para asegurar la vigencia de las garantías constitucionales de los ciudadanos?

¿Los anuncios que se hicieron, con tanta pompa, tienen algo que ver con la independencia del poder judicial y su estado actual?

¿Esas reformas que se proclamaron motivan una reflexión sobre el poder judicial y la colaboración armónica con los otros poderes para cumplir con los fines del Estado?

¿Se dirigen las transformaciones que se le han presentado al país, equivocadamente, como salvadoras de la justicia, a definir cuál es el tipo de jueces y magistrados que necesita Colombia?

¿Los pasos que el Presidente resolvió dar solucionan el problema de inseguridad jurídica que se crea con el hecho de que los falladores toman decisiones muy distintas en casos iguales o similares?

¿Se puso sobre el tapete el asunto de las funciones de la Corte Constitucional para efecto de lograr que sus actuaciones se enmarquen dentro del mandato consagrado en la Carta?

¿La discusión, a la que dará lugar la iniciativa del Gobierno, ayudará a resolver los problemas que pueden presentarse con motivo de la llamada interpretación heterodoxa de la ley, que da lugar a que los textos legales digan lo que no dicen?

¿Quedamos, gracias a la iniciativa gubernamental, en el camino de acabar con los niveles de impunidad que afectan la sociedad e incrementan la falta de credibilidad en la justicia?
La profundidad del problema es de tal magnitud que los anuncios del Presidente a los colombianos son apenas epidérmicos. Lo que está en juego es la legitimidad del poder judicial, al igual que sucede con la de los otros poderes habida cuenta de que el virus afecta la salud de todos.

Infortunadamente, todo indica que, de nuevo, nada pasará. Es lamentable, porque momentos como el actual crean escenarios para promover cambios estructurales. El rumbo todavía puede corregirse.

Ojalá el Presidente se decida a hacerlo, pues, de lo contrario, todos tendríamos que lamentar, más temprano que tarde, la pérdida de otra oportunidad.

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