Otra reformita

“Controlar el exceso de poder”. Ese es, según el presidente Santos, el objetivo de la ‘megareforma’ política que el Gobierno presentó en días pasados al Congreso.

Pues me temo que esa reforma no es tan ‘mega’, y ciertamente busca controlar el exceso de poder, pero el ajeno, para expandir el de su promotor.

Esta reforma tiene una motivación parecida a la que han tenido otras presentadas en el pasado: consolidar el asfixiante presidencialismo que existe en el país, además de pasar varias cuentas de cobro y premiar algunas lealtades.

Con la propuesta de acabar la reelección presidencial, el Gobierno le pasa una inmensa cuenta de cobro al uribismo, que fue el que estableció esa figura, a pesar de que Santos en su momento defendió con vehemencia, incluso, una segunda reelección de Uribe.

“Líderes como Álvaro Uribe no produce un país sino cada 50 años, entonces hay que exprimirles hasta la última gota”, fue el argumento que Santos, el mismo que hoy considera inconveniente esa figura y está empecinado en acabarla, me dio en una entrevista que le hice a comienzos del 2010, para justificar su respaldo a la segunda reelección de Uribe.

Pero más allá del desconcertante cambio de parecer del hoy Presidente, la figura de la reelección no me parece buena ni mala en sí misma. Simplemente conviene cuando el Presidente a reelegir es bueno y es mala cuando este es malo.

Los cambios que plantea la reforma a la Procuraduría tienen el evidente objetivo de cobrarle al actual titular de esa dependencia su lejanía ideológica del Gobierno. Por un lado se propuso que el procurador sea elegido por el Senado de una terna que presente el Presidente, idea que se cayó en los primeros debates, porque incluso los socios más cercanos de Santos consideraron inconveniente acrecentar más el poder del Presidente.

En su reemplazo se dispuso que el Procurador sea elegido por el mismo Senado, pero entre quienes se postulen a un concurso de méritos. Esta figura tampoco me convence porque ese tal concurso de méritos me recuerda a los que organiza una universidad caleña que controla un senador y que siempre ganan los amigos de ese senador.

Pero la verdadera cuenta de cobro a Alejandro Ordóñez se la pasan con el artículo que plantea que los funcionarios que sean objeto de una investigación penal no puedan al tiempo ser investigados disciplinariamente.

Esa propuesta me parece simplemente nefasta porque entre más diques haya contra la corrupción en el país, mejor. Sin ir más lejos, Apolinar Salcedo fue absuelto por la Fiscalía, pero fue destituido justamente por la Procuraduría por firmar un contrato totalmente lesivo para los intereses de la ciudad.

El ‘dulce’ que incorpora la reforma para premiar a los políticos afectos al Gobierno es revivir la posibilidad de que los congresistas puedan ser nombrados en el Ejecutivo. No entiendo cómo una reforma que pretende devolverle el equilibrio a las ramas del poder público, plantea una iniciativa que afecta la de por sí muy vulnerada independencia del Legislativo. Y es que hasta el congresista más díscolo puede caer en la tentación de plegarse a cambio de un buen ministerio o de una atractiva embajada.

En fin. Tiene que estar uno muy desequilibrado para creer que una reforma que le da más poder al Presidente, le resta independencia al Congreso y le quita funciones a la Justicia, equilibra los poderes.

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