A finales de enero de este año publiqué en DEBATE una columna que titulé “El paquete”, para referirme a las declaraciones del presidente Santos en España ese mismo mes, sobre las alternativas que estimaba apropiadas para refrendar los acuerdos con las Farc en La Habana.

Usó el presidente entonces la palabreja “paquete” para indicar que si a los ciudadanos colombianos se les preguntaba por partes sobre los acuerdos pactados con la guerrilla, seguramente los negarían; pero que si se les presentaban en un solo “paquete”, debidamente adornado, los aprobarían. Mencionó, por ejemplo, la conversión de las Farc en partido político, o la participación de los guerrilleros en el Congreso, que la gente rechaza abrumadoramente, pero cuya aprobación se podría “comprar” (fue la expresión de Santos) si no se formulaban individualmente las preguntas sino como parte de un “paquete” debidamente emperifollado de los argumentos sobre cese de la violencia y otros que convencieran a la opinión desconfiada.

En enero Santos mencionó de soslayo y por primera vez la consulta popular como una posibilidad, después de haber insistido reiteradamente por varios meses en el referendo; pero si no funcionan, comentó que “podemos inventarnos algunos con la contraparte”. Muy propio del talante santista, tan dado a las ambigüedades, idas y venidas, vuelta y revueltas, avances y reversas.

Ahora Fernando Cepeda Ulloa en su última columna semanal del diario caleño El País ha puesto sobre la mesa el tema a propósito de los más recientes desarrollos legales. Vale la pena detenerse en las inquietudes que trae a colación.

Empecemos por decir que la opción de la consulta popular puede no encajar en las pretenciones del gobierno, así de entrada aparezca como apropiada. El presidente está facultado para convocarla sin muchos requeñeques ni trabas y su texto puede ser una sola pregunta sobre el proceso, dándole cierto sustento político a los acuerdos si se aprueba, y evitando tener que hacer preguntas concretas engorrosas; pero tiene la desventaja de que no es posible por este medio modificar la Constitución ni ley alguna. De suerte que todo el detalle de los acuerdos habría que desarrollarlo después, a través del Congreso sobre todo, sin que exista la seguridad de que salga aprobado exactamente lo que se haya pactado en Cuba. Riesgo difícil de correr.

En mi opinión, y por lo que deduzco del análisis de Cepeda Ulloa, la alternativa del referendo sigue siendo la más ajustada a las ambiciones del gobierno. Lo corrobora el esfuerzo de modificaciones constitucionales y legales emprendido en las últimas dos legislaturas. Es sabido que el referendo tiene la ventaja de poder establecer cambios constitucionales o legales de manera directa. Pero en su diseño original tenía dos condiciones que lo hacían improcedente, sobre todo en las actuales circunstancias: una, que no se podía realizar a la par con otros certámenes electorales; otra, que había que votar punto por punto, pues no estaba permitido decidir sobre el “paquete” en su conjunto.

Pues bien, Santos consiguió en el parlamento la modificación de las dos talanqueras desde el año pasado. Primero con la expedición de una ley estatutaria "Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado", aprobada en octubre. Se estableció allí en su artículo segundo que “los referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley podrán coincidir con actos electorales”, como las elecciones a Congreso, presidenciales o regionales y locales.

Es entendible, con este antecedente, el cambio de actitud de Santos en cuanto a la duración de los diálogos con la guerrilla. Si al comienzo tasaba en meses la suscripción del acuerdo final, ahora no ve necesario apurarse. Calcula seguramente que el mejor escenario para un referendo son las elecciones regionales de 2015, en octubre, que pretenderá utilizar para mantener su maquinaria en departamentos y municipios, a la vez que querrá convertir los comicios en un plebiscito alrededor de la paz. No es concebible que haya hecho aprobar esa modificación para jugársela en una fecha en que se vote solo el referendo, con la difícil tarea de arrimar 8 o 9 millones de electores a las urnas para que sea válido, sin ningún otro anzuelo para atraerlos.

La segunda modificación de envergadura es que ahora el referendo sí podrá votarse en bloque, como “paquete”. Recordamos muy bien que cuando en 2003 el presidente Uribe pretendió reformar la Carta en varios puntos por medio de un referendo constitucional, fracasó en la mayoría de ellos porque no se podía utilizar una casilla para decidir en bloque, aprobando o negando todas las preguntas a la vez. La restricción  la impuso la Corte Constitucional que ordenó votar pregunta por pregunta.

Pues bien, por medio de otra ley estatutaria, que modifica en parte la ley 84 de 1993 (sobre mecanismos de participación ciudadana), “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, transparencia en la contratación pública y rendición de cuentas”, el legislativo, movido por el ejecutivo, ha aprobado desde mediados del año pasado una disposición que va en contravía de la perentoria orden de la Corte Constitucional que hemos citado. En el literal a) del artículo 38 establece como regla para el tarjetón electoral: “Cuando aplique para el referendo y este se refiera a un solo tema se contará con una casilla para el voto en bloque.”

La referida ley estatutaria está a consideración de la Corte Constitucional para determinar si se declara exequible o no, en todo o en parte. “La nueva ley permite el voto en bloque, o sea, un voto por todas las preguntas, si se refieren a un sólo tema. Sería la Corte Constitucional la que diría si las preguntas que se incluyen en uno o más referendos, constituyen un solo tema. Si se refieren al tema único de la paz así se trate de materias como desarrollo rural, industria extractiva, participación política, drogas ilegales, víctimas o reparación”, advierte Cepeda Ulloa. Habrá que esperar un fallo al respecto, pero dada la maleabilidad doctrinaria de nuestros juristas y sus inclinaciones políticas y burocráticas, es improbable que persistan en su dictamen de 2003.

De abrirse semejante boquete, el gobierno tendría la bandeja servida para el banquete del año entrante: elecciones regionales y locales en octubre, con la maquinaria aceitada y debidamente enmermelada, y un referendo sobre la paz que podría votarse en bloque con una sola casilla y una equis. El “paquete” chileno completo. No es tarde para meditar sobre esta eventualidad y prepararse con tiempo para hacerle frente.