EL CORRESPONSAL NOS HA PEDIDO SE LE RESPETE EL ANONIMATO.
En medio del desvelo y las preocupaciones por el futuro del país, surge una reflexión sobre el riesgoso camino que adoptará la patria como consecuencia del así denominado “Marco para la Paz” que está punto de convertirse en ley de la República.
Colombia experimentó uno de los pocos debates profundos con ocasión de la expedición de la ley 975 de Justicia y Paz. Como pocas veces en la historia reciente, la aprobación de esa norma legal estimuló una amplia discusión en la que ningún actor de la Nación fue pasivo. La Corte Constitucional y luego la Suprema, hicieron lo propio para dejar a dicha norma en el estado que actualmente se encuentra.
Independientemente de las valoraciones que le podamos hacer a Ley Justicia y Paz, concluyamos que esa es la herramienta a la que se llegó como consecuencia de una muy profunda discusión de tipo nacional.
Acordó el país que los crímenes atroces no pueden quedar impunes, entonces se fijaron penas alternativas de 5 a 8 años. Así mismo, se privilegió la condición de las víctimas, a quienes se les debe contar la verdad de los hechos ocurridos y los victimarios deben responder con el patrimonio legal e ilegal que hayan construido durante su permanencia en el GAOML.
Los miembros de las autodefensas, que en principio querían ser amnistiados y que demandaban que sus combatientes fueran incorporados de manera automática a la Fuerza Pública, terminaron privados de la libertad (algunos extraditados) y sus estructuras plenamente desmovilizadas. Las demoras en la aplicación de la 975 no son responsabilidad del gobierno, sino del operador judicial que fue ciertamente inferior al desafío que le planteó la realidad de una desmovilización masiva de miembros de grupos armados ilegales.
Digamos que hubo un acuerdo social que podríamos resumir sucintamente en los 3 siguientes puntos:
1. Los miembros de GAOML, responsables de crímenes de lesa humanidad, jamás podrán participar en política; deben responder jurídica y patrimonialmente por los delitos cometidos.
2. Colombia no estaba dispuesta a repetir la experiencia que se vivió durante los procesos de paz de los gobiernos Barco y Gaviria, donde se privilegió el perdón a los victimarios, a costa de la justicia y de los derechos de las víctimas.
3. El debate sobre negociación de agendas de tipo político con GAOML queda superado. El diálogo es válido para efectos de una desmovilización efectiva de las estructuras armadas y no armadas, vinculadas al grupo armado ilegal.
Pues bien. Con la nueva realidad jurídica que vivirá Colombia una vez sea aprobado y sancionado el denominado “Marco para la paz” se creará un escenario en el que los antiguos postulados a Justicia y Paz alegarán a favor suyo la aplicación de un principio elemental del derecho penal: el de la favorabilidad.
Las leyes tienen, por norma general, efectos erga omnes. Las normas vigentes no distinguen entre guerrilla y autodefensas ilegales. Se menciona a esas organizaciones de forma genérica, luego de la modificación de la ley 418, pasando a hablar de “Grupos Armados al Margen de la Ley”.
En ese orden de ideas, todos aquellos que se sometieron a Justicia y Paz, solicitarán su inclusión en el “Marco para la Paz” con dos efectos inmediatos:
1. Se acabará la reconstrucción de los hechos históricos, con la respectiva reparación de las víctimas y la aplicación de justicia a los victimarios.
2. Los desmovilizados de las AUC querrán, al igual que los eventuales desmovilizados de las Farc y el Eln, que se les respeten los derechos políticos.
Todo parece indicar que el gobierno quiere que “Timochenko” e “Iván Márquez” puedan participar en política, pero ¿será consciente de que por ese camino también querrán transitar “El Alemán” y “Diego Vecino” o eventualmente “Macaco” cuando purgue la pena que le fue impuesta en los Estados Unidos?
Concluyo con esta reflexión: hemos dicho hasta la saciedad que el gobierno de Santos es el de la mentira. Pero con el “Marco para la Paz”, también podemos aseverar que se trata del régimen que sepultará para siempre esa audaz norma que se aprobó en el gobierno anterior y que, por primera vez en la historia de la humanidad, logró un equilibrio entre paz y justicia en un país que no ha superado el fenómeno de violencia que lo azota.
