Qué repudiable la emboscada a una patrulla militar que custodiaba los votos de indígenas. En la noche, y con explosivos para aturdir y reducir a soldados y policías, le sobrevino el tiroteo cobarde.

Todo es condenable en el ataque a una patrulla militar en el municipio de Güicán, Boyacá, que el Gobierno Nacional atribuye a guerrilleros del Eln, pero es en particular indignante que se emboscara a soldados que no desarrollaban una acción ofensiva sino que custodiaban los votos de la comunidad indígena de la zona y que, además, se abriera fuego indiscriminado cuando había en la caravana funcionarios civiles de la Registraduría y líderes de la etnia u’wa, por supuesto desarmados, ajenos al conflicto.

Aprovechar la noche, usar explosivos y luego acribillar un convoy que mezclaba a soldados, policías y no combatientes, cuya única misión era salvaguardar los materiales resultantes de la jornada electoral del domingo, ilustra muy bien la finalidad que hoy parece mover a los subversivos: desbaratar la democracia y asesinar a sus custodios.

Los 11 soldados y el policía asesinados, además de otros dos militares que el Gobierno reporta como secuestrados por supuestos integrantes del Eln, se suman a la larga lista de víctimas, al martirologio de un país que apenas puede contar estos como los resultados nefastos de un conflicto armado interno con guerrillas que hacen su guerra irregular con altísimas y repudiables dosis de terror contra los que no marchan del lado de sus filas, que son una “inmensa minoría” que hace tanto daño.

La descripción de un testigo a este diario es reveladora y odiosa: “Íbamos por el camino estrechito cuando sonó una cosa muy fuerte (…) Después sentí un montón de balaceras que venían de por acá del monte”. Primero el bombazo en una garganta del camino y tras el aturdimiento y la zoncera, la fusilería para matar y rematar a la comitiva.

El presidente Juan Manuel Santos ratificó lo dicho por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al señalar al Eln y advertir que con este ataque no se gana “espacio político” o “fortaleza en una negociación” cuyo inicio, como es habitual con el Eln, ha resultado dilatado y con un prólogo regado por la sangre de más colombianos hijos del pueblo llano: soldados, policías y civiles de regiones periféricas.

Pero además a este ataque lo rodean ciertos interrogantes: el Mindefensa dijo que la emboscada se produjo en la madrugada, mientras que testigos directos aseguran que se produjo a las 11 de la noche del domingo, lo cual coincide con la versión de la Defensoría del Pueblo, que sostuvo que fue a las 10:50 p.m.

Se debe investigar y precisar también la autoría del ataque, dado que los lugareños aseguran que allí siempre hubo presencia del frente 28 de las Farc, pero que desconocen la existencia en esa zona de grupos del Eln, aunque se trata de límites con Arauca, donde sí es habitual el accionar de esa guerrilla.

El detalle tiene importancia porque es indispensable descartar que se trate de una posible violación a otra tregua unilateral de las Farc, lo cual sería, además de inaceptable, motivo de un severo cuestionamiento al proceso en La Habana. Por eso urge la claridad total, aunque los indicios apunten al Eln.

Pero más allá de los brazaletes de los asesinos, coincidimos con el general (r) Jaime Ruiz Barrera en que estos episodios nos dicen que “la paz no está a la vuelta de la esquina como nos lo quieren vender”. Y también en reclamar del Gobierno Nacional posiciones y respuestas enérgicas, desde lo político y lo militar, ante actos tan retadores por parte de la subversión.

En especial porque el país está hastiado de retahílas y promesas de paz hechas sobre un tendal de balas y muertos.