“Pacto por la educación”: comenzar con los partidos y los excandidatos

El nuevo gobierno podría ensayar una fórmula menos romántica y más práctica para la reforma educativa.

Dos candidatos, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, plantearon un “Gran pacto nacional por la educación”. Iván Duque propone un “Pacto por Colombia” para sacar adelante varias reformas, entre ellas la de educación. Gustavo Petro habla de un “Acuerdo sobre lo fundamental” que probablemente incluiría la educación gratuita y de calidad. Vale la pena, entonces, adentrarse en la idea.

Pacto nacional es distinto de pacto político. El primero convoca a diversos actores de la sociedad, apela a las buenas voluntades y carece de mecanismos para sancionar sus decisiones; el segundo convoca a los partidos, apela a la representación de intereses y cuenta con el Congreso para volverse vinculante. El pacto político puede ser clientelista o programático.

Mi firme sugerencia es hacer primero un acuerdo político programático, APP; luego construir el “gran pacto nacional” a partir del APP y después ir al Congreso dispuesto a modificar el APP de acuerdo con las voces de la sociedad, en primer lugar las de los actores de la educación.

Si aprendemos de la experiencia española de inicio de este año, el acuerdo político programático no sería resultado de innumerables e inciertas reuniones de bancadas, sino de un procedimiento más práctico: el nuevo gobierno hace un ensamblaje de las propuestas de los demás partidos que responda a su propia orientación y se los presenta para discusión. Incluso partidos que se declaren en oposición podrían ver elementos suyos en el ensamblaje, sin que implique compromiso político.

Para estos efectos, el nuevo gobierno tomaría como representativa de cada partido la propuesta en educación de su candidato presidencial. En los casos de los partidos de la U y Conservador, que no tuvieron candidato, en lugar de pedirles que construyan una propuesta, el nuevo gobierno podría darles a escoger el liderazgo de políticas públicas suficientemente atractivas en el marco de un ensamblaje con coherencia ideológica y fortaleza técnica.

Esta estrategia asume que las propuestas de los candidatos presidenciales, específicamente sus documentos programáticos, sí reflejan anhelos y preocupaciones de la sociedad, ideologías y también conocimiento técnico. De hecho, muestran importantes coincidencias en las soluciones más allá del diagnóstico, que es común.

No habría razón para despreciar estos documentos como insumos para elaborar un acuerdo político programático que pueda movilizar las voluntades y las energías de la sociedad en torno a la educación. Los documentos son buenos y los candidatos que no ganaron probablemente valoren que el nuevo gobierno no pretenda implementar exclusivamente sus propuestas, sino también aquellas de otros que puede ensamblar bien.

En el marco de un “Pacto por Colombia”, en el componente de educación, sería sorprendente no contar con los programas de Fajardo y de Vargas Lleras, por ejemplo, y también que la bancada verde y Fajardo se negaran a respaldar sus propias ideas, así estén en cierta medida ajustadas, como la de Fajardo de un piloto en Alimentación Escolar con más libertad y responsabilidad para los rectores de las zonas rurales.

Lo otro que se asume aquí es que la reforma estructural de la educación pasa necesariamente por el Congreso de la República, tanto porque el marco legal del sector es obsoleto, como porque la discusión de la financiación, así se resuelva lo urgente con una reforma de la Ley 715 de 2001, es un eje para los incentivos que se necesitan.

En suma, la primera responsabilidad con la educación es del Gobierno y el Congreso. Será más fácil comprometer a la sociedad cuando los ciudadanos vean que los primeros intereses particulares en ser controlados son los de la corrupción.

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