El gasto en publicidad oficial en México es una síntesis de los problemas de la vida pública. Si se le ve de cerca y con detenimiento es un recordatorio de las carencias. Dice mucho de nuestros límites como sociedad para exigir, pero dice aun más de la frivolidad con la que se ejerce el presupuesto y la incontinencia de los gobiernos para despilfarrar los recursos públicos. Da cuenta del cálculo político, en el que nadie frena el abuso hasta que no lo haga el adversario y es de incautos obrar con ética. En los últimos dos años ha sido, además, la confirmación de un problema mucho más crítico: el escaso valor que tiene en política empeñar la palabra. El compromiso político sirve para lo mismo que el árbol que da moras, en la versión de Gonzalo N.

Santos.

Entre el 14 y el 21 de agosto de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, sostuvieron que en septiembre del mismo año estarían presentadas tres iniciativas: reforma en transparencia, órgano anticorrupción y un organismo autónomo para regular la relación comercial entre medios y gobiernos. La hipoteca de la palabra del presidente subió en voz de Luis Videgaray, quien dijo que era “un compromiso de Enrique Peña Nieto iniciar su gobierno el 1 de diciembre ya con esas tres reformas aprobadas, lo que garantizaría a los mexicanos, en particular a quienes no simpatizaron con la campaña del ex gobernador mexiquense, que gobernará con una Presidencia democrática.”

Ha pasado año y medio después de la fecha señalada por el equipo presidencial y, lejos de contar con una solución al problema, ni siquiera conocemos la iniciativa del gobierno federal en el tema. Cabe destacar que el rol del gobierno como anunciante no es un asunto menor. Según un estudio de Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal centralizada y paraestatal ejerció 4,195 millones de pesos (mdp) en publicidad oficial.

El mismo estudio señala que “esto significa que el gasto en publicidad oficial es 7.8% superior a los recursos recaudados en 2013 a través del impuesto sobre los depósitos en efectivo, que ascendieron a 3,890.4 mdp. De igual manera, es equivalente a 74% del monto que el gobierno federal planea recaudar en 2014 a través del impuesto sobre los alimentos no básicos con alta densidad calórica (5,600 mdp)”.

Demasiado dinero para un concepto de dudoso valor público. Demasiado en un  aís lleno de carencias y necesidades. Demasiado ejercido bajo patrones de: transparencia frágil, montos millonarios empleados sin reglas claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar buscan persuadir a los ciudadanos sobre los alcances de las grandes reformas que implementa el gobierno.

Esta es la historia de los últimos años y prácticamente en todos los ámbitos de la función pública y el gobierno.

Justine Dupuy y Ana Cristina Ruelas han mostrado que gastar más de lo presupuestado en publicidad oficial es una práctica común. Un análisis al gobierno del ex presidente Calderón reveló casi un 200% de gasto excesivo. De 2007 a 2012, 65.9% del presupuesto en publicidad oficial fueron sobreejercicios; es decir, un gasto que no estaba presupuestado. A nivel estatal, Dupuy y Ruelas documentaron que —en 2012— 25 entidades gastaron 72% más de lo aprobado. La suma del presupuesto sobreejercido en este periodo asciende a 2,197 millones de pesos. Insisto, demasiado dinero, demasiado agravio.

Y así estamos, atrapados en un problema que deteriora la democracia, que afecta las finanzas públicas, que tiene el potencial de inhibir la libertad de expresión y frente al que sólo hay tibias iniciativas legislativas y un artículo transitorio incumplido en la reforma electoral. Bueno, también hay una lección aprendida: poco valor tiene un compromiso asumido por parte de la clase política y poca expectativa hay que tener cuando los políticos empeñan su palabra, incluida la del Presidente.