Jueves 23 de Noviembre del 2017

Palacio de Justicia y verdad debida

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 06/11/2015

 

Ilustración: Esteban París

Han pasado 30 años del criminal asalto y la verdad sigue sin aflorar. Las investigaciones logran hitos parciales. Solo la conciencia de los protagonistas puede desvelar lo que allí sucedió.

El 6 de noviembre de 1985, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estaba citada para deliberar y decidir sobre la exequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición entre Colombia y Estados Unidos. Los magistrados llevaban meses sometidos a amenazas y presiones de los narcotraficantes. Tal vez los respetables juristas esperaban ataques inminentes a su integridad personal, pues su integridad moral estaba fuera de toda duda.

El ataque les llegó, efectivamente. No en forma de sicario motorizado, sino a través de un comando guerrillero, armado y dispuesto a matar a quien fuera. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia lo afirma sin ambages tanto en su Informe Preliminar (noviembre de 2006) como en el Informe Final (2010): “Todo indica que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”.

Treinta años después el país sigue a la espera de muchas verdades. De la verdad. Los dirigentes del M-19 obtuvieron amnistías e indultos. Sus jefes máximos de la época, incluyendo a Carlos Pizarro Leongómez, fueron beneficiarios no solo de perdón judicial sino de un lavado de imagen que los ubica a la altura de intachables estadistas. Pero fueron ellos quienes ejecutaron el plan criminal contra personas concretas y contra la mayor instancia de la justicia colombiana, para cumplir un mandado del narcotráfico. Lo disfrazaron bajo la proclama de un remedo de juicio político al presidente Belisario Betancur, el mismo que lo intentó todo para acogerlos en la vida civil.

Dice la Comisión de la Verdad: “No desconoce [esta Comisión] la gravedad de la sangrienta, terrorista y demencial acción guerrillera que secuestró cobardemente a personas inermes y asesinó a varios de ellos, lo que hacía legítima una reacción del Estado”.

Y ahí parte, precisamente, la otra cara de la historia: la reacción del Estado. Allí se ha concentrado el análisis y el juicio crítico sobre los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. No tanto la oportunidad de la respuesta armada institucional, sino la forma como se desarrolló, su verdadero objetivo y el respeto a las normas humanitarias. Y sobre ello la Comisión de la Verdad fue terminante: “Infortunadamente el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de forma ostensible las potestades que la Constitución y las leyes le conferían. En su objetivo esencial de dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacilamos en calificar la acción de ilegítima, desproporcionada y copartícipe del holocausto”.

Hay indicios de que había información previa sobre la inminente toma del Palacio. Y hay pruebas de que el día anterior se retiró la vigilancia policial. Hay pruebas de que personas que salieron vivas, aparecieron muertas otra vez dentro del edificio incinerado.

El proceso judicial se reactiva en vísperas de cada aniversario. Testimonios y evidencias se recogen. Hay militares procesados y encarcelados. Pero la verdad sigue ausente. Los uniformados mantienen su versión de que salvaron las instituciones y que cumplieron de forma impecable su labor. Seguramente se irán con ella hasta la muerte, pues entienden que su código de honor les manda que así deben proceder. Y además, la ley, la justicia y los gobiernos solo les ofrecen la cárcel. Es muy posible, por tanto, que jamás accedan a revelar lo que saben.

El presidente Belisario Betancur, la noche del 7 de noviembre de hace 30 años, asumió la responsabilidad directa y personal de la acción militar de recuperación del Palacio de Justicia. Pero hay muchas dudas sobre la vigencia del poder civil en esos dos días. Solo él y quienes lo acompañaron pueden contar lo que pasó.

Esos dos días de 1985 dejaron 95 muertos, entre ellos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Aún hay desaparecidos. Y muchas verdades históricas por conocer, que posiblemente la justicia y sus limitados medios no logren alcanzar. Solo la conciencia de los protagonistas que aún viven podría animarlos a dar ese gran paso.

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