Sería muy saludable que este crac institucional sirviera para impulsar, al fin, las reformas que el país necesita. Por desgracia no hay muchas razones para el optimismo.

Los ministros del Interior y de Justicia están comprometidos con el proyecto de reforma de equilibrio de poderes, cuyo contenido no equilibra nada. Deja al garete la crisis del sistema político y la de la administración de justicia. No se entiende cómo semejante embuste resulta prioritario para el gobierno, si no representa ninguna prioridad para el país. El problema es hondo: el Estado de Derecho avanza hacia el colapso.

Los ministros deben defender unas políticas, orientar una opinión y asumir un liderazgo cuando se presentan fenómenos de crisis. Aquí la crisis se volvió crónica. Tocó fondo con el dramático episodio que envuelve a la Corte Constitucional. Resolverla es prioritario. Pero aquí, si lo prioritario afecta el statu quo, resulta ser inconveniente.

El proyecto de reforma de equilibrio de poderes es inane, es vacuo, es inútil. Lo que es preciso modificar no es el voto preferente, sino la financiación y el sistema de partidos. La falla no está en la presencia de una circunscripción nacional sino en la ausencia de contenidos en la política. En Colombia no se hace política sino elecciones. La reforma no debe comenzar por el Consejo de la Judicatura sino por la Corte Constitucional.

No hay derecho a que el magistrado acusado siga fungiendo como tal y apele a la ley para violar la ética. Hace rato debió retirarse de su cargo. Los ministros le piden su renuncia pero se abstienen de explorar fórmulas para acometer una reingeniería de la Corte, cuya reforma inmediata debe ser, esa sí, la gran prioridad del Estado y del país. Lo demás es lo de menos.

Es preciso recuperar la idea del control, de la cual se desprende el principio democrático por antonomasia. El control al poder, que debe ser más riguroso entre más altas sean las instancias que lo ejercen. Aquí nadie controla a las altas cortes y por eso han desbordado su poder. Los magistrados de la Corte comenzaron dictando fallos. Luego legislaron, después gobernaron. Y ahora hacen negocios, según se desprende de los dolorosos hechos que se investigan. Ellos no están sujetos al principio del control.

Colombia necesita abrir su democracia. Pero no con reformas de cúpula, como la de equilibrio de poderes, que va por una vía mientras la sociedad va por otra distinta. ¿No se dan cuenta de eso los ministros? La última reforma seria a la administración de justicia se hizo en los tiempos del Frente Nacional. Ésta de equilibrio de poderes es la típica reforma que se hace para que todo siga igual.

Cualquier reforma debe procurar la movilidad política y evitar que se siga abriendo la brecha entre el país político y el país nacional. La dirigencia no dialoga con la sociedad. Lo que el país está viendo en torno a este insustancial proyecto es un sainete, que sería cómico si no fuera por lo trágico.