Patada a la corrupción

Mientras la Justicia no recobre su honorabilidad, será imposible soñar con unas elecciones limpias.

No, no salgan a celebrar. No me refiero a la corrupción política. Esa no puede estar más empoderada y fuerte. Es la verdadera ganadora de esta campaña. Los barones electoreros son los reyes del chuzo. Demostraron que en Bogotá y en los medios, si uno trabaja para el que les gusta, nadie molesta. Así, pues, estimados legisladores, sigan en lo suyo y que incluso los más votados en marzo aspiren a la presidencia del Congreso. No podrán despreciarlos los mismos que ahora se cobijan bajo sus alas y llevan días suplicándoles que esta vez trabajen duro y llenen las urnas de votos.

El título tiene que ver con los magistrados de las altas cortes, los mismos a los que vengo dando palo hace rato por sus abusos y corrupciones.

El primero en agarrar la escoba para barrer la basura acumulada de años fue Nilson Pinilla, de la Corte Constitucional. Hay que reconocerle ser pionero en negarse a cohonestar por más tiempo la vagabundería. Con un solo y glorioso voto les cortó el paso a Edgardo Maya, exprocurador general, y a los ex- presidentes de Corte Suprema, Jaime Arrubla y Camilo Tarquino, que querían ser Contralor General. Ninguno podrá volverse a presentar.

Y este martes sus colegas del Consejo de Estado, que no han sido los más pulcros, siguieron limpiando.

Por decisión mayoritaria, echaron de una patada a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema que se hizo elegir en el Consejo Superior de la Judicatura. Quería, como es obvio, seguir maniobrando puestos y gabelas.

Sentenciaron que su elección es inválida porque lo nombraron los mismos a los que él había nombrado antes. La semana entrante repetirán patada con Pedro Munar, otro expresidente de Corte, por idéntica razón. Es decir, por fin el Consejo de Estado decidió frenar parte del roscograma judicial.

Es evidente que si los magistrados de las altas cortes tienen voluntad real de erradicar la corrupción, podrían hacerlo sin Constituyente.

Después viene otra etapa crucial, que Pinilla debería empezar si se atreve: destapar a sus colegas que encubrieron a los paramilitares y a los que cobran por arreglar procesos.

Porque si continúan mirando para otro lado, será aún más injusta la condena a 37 años de cárcel al general Uscátegui, cuyo Batallón nada tuvo que ver con la masacre de Mapiripán y así lo reconoce la sentencia. Lo acusan del delito de “omisión”. Aunque está de sobra probado que es inocente, si hablamos de omisiones, ¿qué tal la de los magistrados que se taparon los ojos cuando los ‘paracos’ cometían sus masacres y había políticos apoyándolos?

¿Por qué la Fiscalía, tan acuciosa con el hacker, no pregunta a Benito Osorio, exgobernador de Córdoba y acusado de nexos con ‘paracos’, lo que sabe de un expresidente de la Corte Suprema sucreño? Que investiguen las razones por las cuales las altas cortes no movieron un dedo en plena ‘parapolítica’ y solo espabilaron cuando el proceso de Justicia y Paz obligó a los jefes paramilitares a confesar sus alianzas perversas. ¿Fueron cómplices u omitieron su responsabilidad de actuar? ¿37 años para un general e impunidad total para ellos?

Mientras la Justicia no recobre su honorabilidad, será imposible soñar con unas elecciones limpias, con un gobierno sin mermeladas que pudren conciencias. Primero limpiar el pilar de la Justicia, que no será fácil; después, el Ejecutivo; y cuando se sientan acorralados, verán que les llega el turno a los congresistas y no les queda otra que cambiar.

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