Animado por la visita del exsecretario general de la ONU Kofi Annan y por el nombramiento de un veedor del gobierno estadounidense, el presidente Santos anuncia que ahora sí entramos en una “fase decisiva” de las conversaciones de paz.

Sin embargo, en vez de haber ganado claridad en la definición de los nudos que enredan la paz, cada vez es mayor la confusión. Veamos algunas de las cuestiones que permanecen oscuras.

En lo que respecta al apoyo internacional, condición indispensable para legitimar cualquier acuerdo, si bien en todas partes nos dan palmaditas en la espalda y nos desean suerte, cuando se ventila con algunos organismos y autoridades el problema de qué hacer con los responsables de crímenes horrendos, escuchamos voces que nos conminan a respetar los umbrales de justicia internacional.

La visita de Annan no satisfizo las expectativas del gobierno que quería un respaldo a la tesis de la impunidad. En términos muy diplomáticos dejó saber que Colombia debe cumplir las obligaciones adquiridas. En La Habana, Annan refrendó que si “el gobierno colombiano no soluciona los asuntos de justicia, la CPI puede intervenir” y que un eventual acuerdo de paz “debe respetar estándares internacionales mínimos de justicia”.

En el plano interno, estamos lejos del indispensable consenso nacional de las fuerzas sociales y políticas y de la institucionalidad colombiana en torno de asuntos delicados y sensibles que han aflorado en el debate que el Gobierno descalifica como maniobras de los “enemigos de la paz”. No hay acuerdos de hasta dónde podemos llegar en materia de víctimas, reparación, destino de las armas, justicia, prisión, constitución política, refrendación, etc.

Con respecto al mecanismo de Justicia, por ejemplo, el expresidente Gaviria propuso una versión de ley de punto final consistente en extender los beneficios de la Justicia Transicional a todos los sectores implicados en el conflicto: guerrilleros, paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, parapolíticos, empresarios y dirigentes gremiales que por acción u omisión hubiesen estado comprometidos en hechos de violencia.

La idea en vez de suscitar apoyos causó una avalancha de críticas, todas ellas de distinto tenor. Entre quienes la rechazaron figura un sector al que le parece inmoral perdonar delitos y cesar procesos judiciales a jefes paramilitares, a parapolíticos y a los empresarios que los financiaron. Ellos piensan que la Justicia Transicional solo debe ser válida, si mucho, para los “insurgentes” que han luchado por “motivaciones altruistas”. Agregan que la propuesta de Gaviria apunta a favorecer al expresidente Uribe con el fin de silenciarlo a cambio de cesar toda causa judicial contra él y sus copartidarios, y que en el fondo, Gaviria busca el cierre definitivo del capítulo del paramilitarismo.

Esta línea de razonamiento se apoya en una concepción asimétrica sobre la justicia. Castigo para el Estado y el paramilitarismo y absolución para los “alzados en armas” o “rebeldes”.

La propuesta del expresidente también fue rechazada por algunos de sus supuestos beneficiarios, entre ellos el expresidente Uribe, dirigentes del Centro Democrático, algunos voceros empresariales y oficiales retirados del Ejército.

Por su parte, las Farc que en principio la miraron con interés, luego la descartaron. Sus portavoces han recalcado que ellos no se sienten culpables de ningún delito y rechazan someterse a la Justicia Transicional.

Aparte de tales reacciones que dan cuenta de su fracaso, es necesario develar un error monumental presente en su contenido. En efecto, Gaviria asimiló Justicia Transicional con ley de punto final. Un error conceptual imperdonable en un exjefe de estado, puesto que dicha figura apunta, no al perdón generalizado sino a la reducción considerable de la pena de cárcel, en el marco de conflictos armados o violencia política generalizada, para los responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, a cambio de que entreguen las armas, contribuyan al establecimiento de la verdad, reparen a sus víctimas y se comprometan a la no repetición.

Con razón, advirtieron algunos analistas, la propuesta de Gaviria conducía a la impunidad total y convertía a todos los colombianos en culpables. El expresidente no proponía que las guerrillas se sometieran a la Justicia Transicional que se aplicó a los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz. De haberlo pretendido, incluso, no tendría sentido ya que, como señaló acertadamente el director del periódico virtual DEBATE, Libardo Botero (20/02/20155), los paramilitares y los parapolíticos fueron condenados y pagaron o están pagando las condenas. Muchos oficiales y suboficiales han sido enjuiciados y pagan largas penas de cárcel y los empresarios y civiles que estuvieron tras el fenómeno paramilitar difícilmente podrán ser condenados si tenemos en cuenta la ineficiencia de la Justicia colombiana. De manera que para todos estos no habría ningún beneficio.

Por tanto, la única opción que podría generar consenso interno es la Justicia Transicional. Esa alternativa, según lo expresado en reiteradas ocasiones por los jefes de las Farc, no es de su gusto. Tampoco atrae a sus amigos y aliados del frente civil que se verían obligados a confesar alianzas, militancia clandestina y favorecimiento a las guerrillas. Nos quieren privar del gusto de saber quiénes son y si se van a desmovilizar.

Estamos, pues, ante la desoladora perspectiva del fracaso de las conversaciones de paz por la ausencia de consenso interno y venia externa, pero, también, porque las Farc, empoderadas y arrogantes, han notificado sus inamovibles: no cárcel no entrega de armas no reconocimiento de víctimas y convocatoria de una asamblea constituyente para “refundar el Estado”. Y para ajustar, la desconcertante confesión de Santos a El País de España: “lo difícil es trazar la línea entre la justicia y la paz”, inadmisible que el jefe de Estado no lo tenga claro.