El 2016 resultó histórico: se firmó el fin del conflicto con las Farc, pero quedó constancia en el plebiscito de un rechazo popular a contenidos del acuerdo. Con el Eln, el diálogo aún es sinuoso.

Colombia asoma a la construcción de la paz, pero con hondas discrepancias sobre el camino seguido. La ciudadanía tiene claros los beneficios que trae cesar la confrontación armada interna, pero es en los métodos y sus implicaciones en los que no hay consenso. Así puede describirse 2016: un año de sucesos definitivos y contradicciones inacabadas en torno a un tema que es el meridiano de la realidad nacional.

El país aguardó cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, pero al final una mayoría -la que se manifestó en las urnas- no estuvo de acuerdo con las concesiones hechas para llegar a la firma de la paz. El triunfo del No sobre el Sí en el plebiscito, aunque por un porcentaje minúsculo e inesperado, acentuó el debate y mostró las fisuras que el Ejecutivo y algunos sectores incondicionales del proceso no querían aceptar.

Durante estos 12 meses se dieron hechos de alto contraste: ver que las Farc, enfrentadas a la reprobación popular de los acuerdos, no retomaron la lucha armada o sentir que la comunidad internacional no comprendía, desde fuera, la decisión soberana de una significativa porción de los colombianos que se opusieron a lo pactado. O despertar con la noticia del Premio Nobel de Paz a un presidente que se jugó su capital político por la negociación con la guerrilla, pero que sigue sin repuntar en aceptación ciudadana.

En la otra orilla permaneció expectante una oposición que se mantuvo férrea en exigir que no se concedieran a las Farc beneficios de elegibilidad política para sus jefes, sindicados por la Fiscalía o condenados por los jueces de numerosos delitos de lesa humanidad y crímenes atroces. En sus críticas también censuran que los atropellos más graves de la guerrilla puedan cerrarse sin un solo día de cárcel para los responsables.

Es necesario mirar ese retrato de altos contrastes en el muro amplio de la realidad nacional, para valorar el año que se vivió en materia de paz. Una palabra, un concepto de semejantes dimensiones e implicaciones que sin embargo no logra unir, no permite integrar la geografía disímil de los intereses de los colombianos. Aunque si esas tensiones se aprecian de otra manera, es posible descubrir allí la riqueza de una diversidad que ha sido capaz de garantizar, en este tiempo, nuestro modelo democrático. El del disenso y las libertades a las que debe servir una paz en construcción.

Hay que despedir 2016 con la firme convicción de que no cruzamos la línea al lado del fracaso y el pesimismo. Será más justo, en términos históricos, entender que se negoció un conflicto en medio de una nación a la que aún le cuesta reunirse en torno a proyectos y procesos nacionales de la mayor exigencia deliberativa y dialéctica. Una Colombia que debe luchar contra otros actores y factores de ilegalidad como el narcotráfico, las bandas criminales y lo que queda de los grupos subversivos.

Terminar el conflicto con las Farc en 2016 permitió desactivar un aparato ilegal que nadie quería ni soportaba más. Recibir a sus hombres del lado de la legalidad y la democracia, implica un reto mayúsculo para quienes, desde el Gobierno y la política, responsables también de la coherencia del Estado y su institucionalidad, pueden garantizar una reinserción y una reconciliación que liquiden deudas sociales y políticas del pasado, sin que se contraigan otras que reediten violencias o produzcan otras nuevas.

El Eln, por su parte, mantiene un doble discurso. Dicen querer la paz pero persisten en sus acciones criminales. La más reciente en la propia capital del país, atribuída a ellos por las autoridades militares y de policía. Un auxiliar de esta última institución, de 19 años, murió de forma atroz: asesinado y objeto luego de explosión. Siete están gravemente heridos. El desprecio por la vida de esta guerrilla es aberrante, impulsado por la sensación de impunidad penal y política que les ampara. No se les persigue, no se les condena. Tienen secuestrados en su poder. Si el Gobierno y Eln no se ponen de acuerdo en elementos rectores mínimos será muy difícil tener un proceso estable, que avance y se proyecte a soluciones definitivas. Deberían saber que la ciudadanía no soporta más dilaciones ni excusas peregrinas.