Por su pertinencia para la coyuntura actual de Colombia, en esta columna voy a referirme al estudio “Paz y Corrupción” que recientemente publicó el Instituto para Economía y Paz.
Para comenzar, es importante señalar que este estudio se refiere a la paz positiva, entendida como “las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas”. Y concibe la paz y el conflicto como un complejo conjunto de interrelaciones causales entre una serie de factores que constituyen los ocho pilares de esta paz positiva. Estos pilares son el funcionamiento eficaz y eficiente del Gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de la información, un clima de negocios sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, buenas relaciones con los vecinos y bajos niveles de corrupción.
Con relación a éste último, reconocen que los vínculos entre paz y corrupción aún no han sido suficientemente dilucidados. No obstante han encontrado que existe una relación estadísticamente significativa: si un país pasa de tener un bajo nivel de corrupción a uno más alto, esto tiene un impacto reducido en la paz. Sin embargo, una vez se alcanza un cierto umbral, pequeños incrementos de corrupción pueden traducirse en fuerte decrecimiento de la paz.
De otra parte, según la investigación, los países con instituciones democráticas más fuertes tienden a ser las más pacíficas y las menos corruptas. Así mismo, el estudio señala que la corrupción afecta el funcionamiento de las instituciones del estado y el clima de negocios, promueve la prevalencia de las motivaciones políticas personales sobre los intereses colectivos y favorece la impunidad. En particular llama la atención sobre la corrupción en la policía y en la justicia, en la medida en que esto incide de manera directa en el estado de derecho, afecta a las instituciones encargadas de prevenir la violencia y el conflicto y de sancionar a sus autores, y genera un ambiente propicio para que las personas actúen al margen de la ley.
A partir de los datos analizados, se concluye que la corrupción es un factor que afecta la paz y el incremento de la violencia, mientras lo contrario no necesariamente es cierto. En otras palabras, que los progresos en el logro de la paz no necesariamente inciden en una disminución de la corrupción, mientras que ésta sí puede convertirse en un obstáculo para alcanzar y consolidar la paz. De esto se deduce que, en el largo plazo, mantener la corrupción bajo control es esencial para construir y mantener sociedades pacíficas.
Estos hallazgos deben ser un llamado de atención para que el Estado, a la par de los esfuerzos que se vienen adelantando para llevar a buen término los diálogos de paz en La Habana, refuerce las políticas, programas y medidas para prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción. En el corto plazo, esto se traduce en adoptar medidas de choque para impedir que los corruptos lleguen al poder y se conviertan en un obstáculo para alcanzar la paz. Y los ciudadanos, a través de nuestro voto, somos corresponsables que de esto suceda.
