La Comisión de la Verdad es importante, pero solo operaría tras firmar el fin del conflicto. Pasa el tiempo y en el país crecen las víctimas mientras que en Cuba parece extraviado el tema de justicia.

Terminó el ciclo 37 de las negociaciones y se cumplen 1.005 días de haberse anunciado el inicio de la negociación con las Farc. El más reciente resultado es el acuerdo para crear una Comisión de la Verdad, que solo operaría a partir de la firma del fin del conflicto: el cese bilateral y definitivo de hostilidades, tras el desarme de esa guerrilla, que tal parece tampoco se suscribirá y formalizará en 2015.

Hace casi dos años, apoyados en el análisis de expertos internacionales, fuimos el primer medio en hacer una proyección “razonable” sobre la duración del proceso de conversaciones en Cuba que, entonces, el presidente Juan Manuel Santos consideraba cuestión de meses y no de años.

Las cuentas nos dieron entre tres años y un poco más, a razón de un promedio de ocho meses para evacuar cada uno de los cinco puntos de la agenda pactada. Los plazos se iban cumpliendo, pero va más de un año después del último acuerdo (16/05/14), el del punto cuatro de la agenda referido a las drogas ilícitas y el narcotráfico.

Aunque como bien lo hemos dicho, y así lo han observado personalidades como el expresidente Álvaro Uribe, apresurar la marcha de las negociaciones no garantizará alcanzar los acuerdos adecuados para las partes y en especial para la sociedad colombiana, y para asegurar la pervivencia de nuestro Estado Social de Derecho y de nuestro marco legal e institucional.

Mientras el tiempo corre, las Farc retomaron sus acciones irregulares, en esencia terroristas. La única y tambaleante concesión unilateral que le han hecho al país en más de cincuenta años, aquella tregua llena de malformaciones (léase incumplimientos) apenas duró cinco meses.

Ahora se presenta el acuerdo para crear una Comisión de la Verdad, que solo operaría terminado el conflicto y que de entrada exhibe zonas grises esperables por el carácter no judicial y voluntario que tendrá la reconstrucción de lo ocurrido, y no podemos más que preocuparnos porque asuntos perentorios como el modelo de justicia, para no defraudar con impunidad a las víctimas, siguen en el limbo. Y a ello hay que agregar que las Farc salieron esta semana a recordar que “no están dispuestas a pagar un solo día de cárcel”. Así, hay que inquietarse.

Es clave planear mecanismos y acciones de terapia, de catarsis social para el posconflicto, pero es aun de mayor pragmatismo y sensatez política y estratégica, de mayor “prioridad transaccional”, trazar las líneas definitivas del marco de justicia que regirá la desmovilización de las Farc.

En aquel cronograma que bosquejamos con los expertos, el punto de víctimas era el que menos tiempo debía llevar: cuatro meses. Y se convirtió en el más largo. Debe ser por los cuidados que amerita resolver la respuesta de los negociadores al deseo de justicia de seis millones de víctimas (y contando…), pero también parece serlo porque las Farc, incluso para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en contravía de los estándares internacionales, buscan cero cárcel.

Que obre la Comisión de la Verdad, que buscará hacer memoria de los daños y sus responsables, para no repetirlos. Que facilite que se sepa la realidad de lo ocurrido desde todos los actores y sujetos del conflicto. Que se constituya con personalidades al más alto nivel nacional e internacional.

Pero bienvenidos también los resultados requeridos para frenar, cuanto antes, el cronómetro de una violencia que sigue produciendo muertos y destrucción, bajo un velo de justificaciones amañadas y mentirosas y ante la mirada impotente de las viejas y de las nuevas víctimas.