El tráfico de cocaína y seres humanos, la invasión de predios y la minería controlada por grupos ilegales convierten el corredor del Darién en un área bastante insegura y tensa. ¿Dejada a su suerte?

En las últimas semanas, a la presencia del narcotráfico y de grupos armados ilegales como las Farc y “los Urabeños” en la frontera con Panamá, a través del corredor del Darién, rodeado por las costas del Atlántico y del Pacífico, se sumaron la invasión de predios privados en el corregimiento de Capurganá, la continuación, creciente, del tráfico de extranjeros que buscan cruzar ilegalmente a Centroamérica y Estados Unidos y la expansión de la minería ilegal.

Desde la desmovilización del Bloque Élmer Cárdenas, de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la zona del Darién y del Bajo Atrato chocoanos quedó en manos de la que entonces era la naciente banda criminal “los Urabeños”, hoy la estructura narcoparamilitar más numerosa y poderosa del país, y cuyo perseguido jefe es Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”.

Siempre ha estado allí, además, el frente 57 de las Farc, al mando de los hermanos alias “Pablo Atrato” y “Benkos”, junto a jefes guerrilleros históricos como “Isaías Trujillo” y otros tres recientemente abatidos: alias “Silver”, “Becerro” y, anteayer, “Román Ruiz”.

La mención de semejante fauna criminal por supuesto pretende dimensionar la amenaza que ha estado gravitando, por años, alrededor de la población civil de localidades como Unguía, Balboa, Tanela, Titumate, Acandí, Capurganá y Sapzurro, en límites con el Caribe y el Golfo de Urabá; Juradó, Chicocora, Cupica y San Felipe, sobre la costa Pacífica, y Riosucio, en el río Atrato.

El abandono de Chocó por parte del Gobierno Nacional es histórico. Doloroso para sus habitantes y penoso para el resto de una nación que se dice integrada en la figura de una república unitaria. Con tantas riquezas, ese departamento sigue olvidado en el sótano de la mentalidad centralista. Mientras tanto, allí pasa de todo…

Vale decir que en Condoto, Chocó, hubo hace unos días un vendaval, que aunque por fortuna no acabó con tantas vidas como sucedió en Salgar, en Antioquia, sí causó destrozos en alrededor de 700 viviendas y hoy los chocoanos continúan a la espera de la presencia y del apoyo firme del presidente Juan Manuel Santos.

Pero mantengamos el foco en el Darién, en una frontera que conecta a Colombia con Centroamérica: allí se estableció, los últimos diez años, una cadena de tráfico de migrantes que, según datos de este diario, en 2014 se reflejó en 621 extranjeros registrados en el puesto de migración de Turbo, Antioquia, y que en 2015, apenas en cinco meses, ya asciende a 532.

Se trata de estadísticas parciales porque algunos extranjeros, por supuesto, prefieren no registrarse. Lo que inquieta es el negocio de “coyotes” que opera para traficar personas en la zona, actividad que incluso, a veces, termina mezclada con el tráfico de drogas y de armas, como parte de una estructura criminal más compleja, peligrosa y rentable.

La última alarma en esa esquina noroccidental de Colombia se prendió por cuenta de la invasión de lotes de particulares en el corregimiento de Capurganá, una joya turística que no ha podido consolidar esa vocación debido a sus numerosas y casi endémicas limitaciones de seguridad, infraestructura y atención social.

Que todo ello ocurra en una zona fronteriza vital del país dice mucho del descuido gubernamental, e ilustra que el Darién no solo es un tapón geográfico y natural sino el sitio donde se traza una barrera de incapacidad política y administrativa de los sucesivos gobiernos colombianos.