O el mundo se está volviendo loco o en Colombia nos estamos convirtiendo en unos constructores de la pérdida de la legitimidad en todos los aspectos que contemplan la búsqueda de la paz. Estamos iniciando una carrera para desaparecer el Estado Social de Derecho que al amparo de la Constitución Política y de los actos regulatorios de la conducta humana a través de la legislación penal han guiado nuestro derrotero republicano por años, con sus altos y bajos, pero siempre dentro de una altísima institucionalidad. Tenemos fama mundial de ser apegados a los principios jurídicos.
Pero nos estamos volviendo incoherentes. Estamos iniciando una peligrosa etapa –ojalá el Congreso no caiga en esa trampa– en la que aparentemente pretendemos que las normas penales se adecuen o se adapten a las conductas delictivas y no al revés como corresponde: Es decir que quien comete un delito tiene que someterse a una norma inmutable, de una estructura metafísica imperturbable, un bastión, un ícono que en su estructura contemple los valores humanos. ¿O es que también estamos perdiendo esa escala de valores?
Para que un fiscal general de la Nación salga a decir públicamente que los guerrilleros que firmen la paz “así tengan conductas tipificadas en el código penal en los delitos de lesa humanidad, deben llegar a la política y sus prontuarios deben ser condonados o anulados” para que diga eso, repito, el cuaderno de la institucionalidad del país está bastante desajustado. Y para que el presidente Santos diplomáticamente le conteste que “los militares responderán de igual forma y se les dará tratamiento igual que a los subversivos”, repito, para que responda esto, es porque ya estamos caminando en el filo de la navaja.
Si los militares delinquen dentro de su accionar militar estarán bajo el juzgamiento castrense. Si lo hacen fuera del servicio tienen que someterse a la justicia ordinaria. No hay más discusión. Pero si los sediciosos de La Habana cometieron toda clase de crímenes por cincuenta y cinco años en delitos configurados como de lesa humanidad por su crueldad e incidencia social, tienen que ser condenados, tienen que cumplir con la cárcel, tienen que purgar sus penas, resarcir a las víctimas, decir la verdad y pedir perdón. No podemos en favor de ellos llegar al exabrupto de modificar a su beneficio el Código Penal, no podemos olvidar a las víctimas, ni el pasado, ni la sangre derramada, ni el horror, ni las bombas, ni los fusilamientos de civiles, ni los secuestros, ni violaciones, ni extorsiones, ni los desplazamientos.
Salir ahora con buscar atenuantes, mitigantes para ellos, ¿no es acaso una afrenta a la sociedad? ¿Qué pueden decir los militares de semejante adefesio? ¿Dónde está la legitimidad del país? ¡No nos volvamos locos por favor! Recordemos a Cicerón en Las Filípicas: “La Ley es la justa razón que nos llama al deber y prohibiéndonos su violación”. El país entero debe levantarse unido en una protesta implacable contra esa laxitud carnavalesca que se nos quiere imponer. Si la Farc quiere llegar a la política, que primero pague sus condenas y después haga lo que quiera, pero el Gobierno tiene la imperiosa obligación de tutelar El Estado de Derecho.
¡Feliz año 2015 para mis amables lectores!
