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Lunes 22 de Octubre del 2018

Perspectivas de paz en tiempos de terrorismo

1. Coacción y persuasión

 

A mediados del año 2005 un embajador acreditado en Bogotá me preguntó si alguna vez los colombianos nos habíamos hecho el propósito de aniquilar a los violentos. Pues parecía contradictorio que abriéramos puertas tan generosas a los terroristas, mientras estos persistían en sus empresas de muerte.

 

Le respondí que como parte de nuestro talante liberal, siempre habíamos dejado una puerta abierta al diálogo, lo que en muchas ocasiones era utilizado por los grupos al margen de la ley para afianzarse en sus propósitos guerreros. Que incluso el presidente Uribe, identificado por sectores de la oposición política como “guerrerista” y “autoritario”, había dejado abierta la puerta a la salida negociada.

 

De hecho, optamos por responder a la amenaza terrorista dentro de los cauces de la democracia. Optamos por la seguridad democrática –centrada en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del pluralismo–, dejando de lado antiguos modelos de seguridad nacional que favorecieron el terrorismo de Estado. Nuestro lema fue claro: ni terrorismo de estado ni terrorismo de los particulares.

 

Sin embargo, resulta desgastador enfrentar la amenaza terrorista en medio del pluralismo democrático. Pues mientras los grupos al margen de la ley, gracias a su estructura autoritaria, muestran una actitud sólida y hermética en su lucha contra las instituciones, nosotros debemos ventilar nuestras diferencias en público, incluso aquellas relacionadas con el tratamiento que debemos dar a los violentos. Y aunque ese es el camino correcto, libremente escogido, no podemos desconocer que nos torna vulnerables. Pues los ilegales tratan de enquistarse en medio de estas diferencias y fisuras propias de la democracia, para dividirnos, manipular a la opinión y tratar de imponer sus discursos y propósitos.

 

Recuerdo una anécdota que contaba el presidente Uribe durante su primera campaña presidencial y la conclusión que sacaba: “Un campesino nariñense me decía que mientras la guerrilla sabe que va por el poder absoluto, el pueblo colombiano todavía duda sobre una solución democrática de autoridad. Tiene razón el campesino nariñense, pero nuestro trabajo se orienta hacia allá, hacia el cambio de la tendencia histórica para tomar la decisión de derrotar a los criminales.”

 

Lo ideal sería que los demócratas tuviésemos un punto de vista unificado sobre qué hacer con los violentos. Lo cual no quiere decir de ninguna manera acallar la crítica, ni caer en el unanimismo. Miremos el caso de España, donde se ha logrado un amplio consenso en el rechazo a la violencia. O en el manejo de nuestras relaciones exteriores, donde por lo general los partidos y los ex-presidentes mantienen una posición unificada, solidaria con el gobierno de turno. No sucede lo mismo con las políticas orientadas al manejo de nuestro gran enemigo interior: los terroristas.

 

De entrada el término mismo terrorista crea todavía fricción, pues hay quienes prefieren que llamemos a los violentos “oposición armada” y les demos el carácter de delincuentes políticos, a los cuales se les pueden perdonar sus crímenes por sus motivaciones altruistas. Por mi parte, creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son terroristas porque usan el terror para imponer sus puntos de vista, asesinar soldados y policías, secuestrar y masacrar a ciudadanos inocentes. Lo cual no quiere decir que cerremos los caminos del diálogo. A diferencia de otras naciones que para los terroristas solo tiene los caminos de la cárcel o la muerte, nosotros dejamos abierta una tercera vía: la vía del diálogo.

 

Una política de paz es producto de la combinación de coacción y persuasión. Una mesa de diálogo solo avanza si nos respalda una capacidad de coacción fuerte, pero legítima. En principio, dicha política no puede tener propósito diferente a una política de seguridad y defensa. Es decir, consolidar el dominio territorial, defender los derechos ciudadanos, fortalecer el pluralismo. De allí que si una política de paz tiene como saldo neto final el menoscabo de estos propósitos, vale decir que ha fracasado.

 

El país ha ido logrando un consenso en cuanto a la necesidad de mantener una política de seguridad democrática. No sucede lo mismo sin embargo en cuanto a persistir en la política de paz que la acompaña. Resultaría desastroso que volviera a imponerse una política de paz entendida como entregar concesiones a la guerrilla con el propósito de ablandarla. Por ejemplo, cederle territorios o abrirle espacios políticos sin el compromiso serio de abandonar la violencia. 

 

Una política de paz mal conducida, puede echar para atrás todos los logros que hemos obtenido en el campo de la seguridad. El viejo modelo de gobernantes civiles desentendidos de la política de seguridad, pero tomando decisiones en el campo de la paz que no consultan los puntos de vista de las Fuerzas Armadas, volvería a llevar al país a una situación de inestabilidad y anarquía que podría poner en peligro el futuro de la democracia.

 

Política de paz y política de seguridad son inseparables. Y ambas deben decidirse de manera conjunta entre las autoridades civiles y las militares. Una decisión tan simple como vincular a oficiales activos de ejército y policía a las labores que desarrolla la Oficina del Comisionado de Paz –práctica puesta en marcha bajo mi conducción–, es un logro que debe mantenerse. Y más aún, que antes de tomar decisiones en este campo, se haya consultado a los altos mandos militares y de policía.

 

Esta advertencia la hago no de manera abstracta, sino en referencia a situaciones concretas. Cuando a finales del año 2005 intentábamos concertar con las FARC un lugar para realizar un encuentro en las zona montañosa del Valle del Cauca, visité por instrucciones del presidente Uribe al ex-presidente Ernesto Samper, a fin de enterarlo en detalle del avance de nuestra propuesta. Le comenté que esta ya había sido consultada con el alto mando de las Fuerzas Armadas, quiénes estaban de acuerdo. “¿Y por qué hace eso?”, me preguntó, añadiendo que durante su gobierno primero tomaban las decisiones en esta materia y después se las comunicaba a las Fuerzas Armadas. A lo que repliqué diciendo: “Este es el gobierno Uribe”. Por su puesto se trata de estilos distintos, pues entendimos bien que paz y defensa deben asumirse como un vínculo indisoluble.

 

Los cambios en políticas de paz tienen la ventaja de permitir aprender del pasado, pero pueden ser utilizados por los ilegales para fortalecer sus posiciones. La política de paz puesta en marcha por el gobierno Uribe nació de un análisis crítico de los éxitos y fracasos de nuestros antecesores. Espero que lo mismo hagan los próximos gobiernos. En cuanto a nuestras realizaciones, sería saludable que se mantuviera la condición del cese de acciones violentas para iniciar negociaciones, la negativa a despejes militares para adelantas los diálogos y la realización de acuerdos humanitarios sin terminar reforzando la posición de chantaje de los violentos.

 

Igualmente, la articulación estrecha con las fuerzas armadas, pues cada decisión en el campo de la paz dialogada puede afectar de manera sensible la política de seguridad y defensa. En mi caso resultó afortunado contar con oficiales de enlace permanentes del ejército y de la policía en mi Oficina, y con la participación de miembros retirados de las Fuerzas Armadas en el equipo estratégico. No podemos contar sólo con analistas políticos para temas tan delicados, máxime cuando algunos de ellos muestran una profunda desconfianza hacia las fuerzas armadas. Las malas relaciones entre las personas encargadas de adelantar diálogos con ilegales y las fuerzas armadas han resultado costosas en la historia reciente del país.

 

2. ¿Qué es el terrorismo?

 

Dentro de su acepción contemporánea, terrorismo es el uso de la violencia con propósitos políticos, étnicos, religiosos o económicos. Queda atrás la concepción clásica y liberal del delito político, que justificaba el uso de la violencia con propósitos altruistas. Hoy, cuando se afianza en el mundo la democracia pluralista, cualquier recurso a la violencia resulta condenable. La ecuación que relaciona la política con las armas se ha vuelto impracticable. Hoy sólo son aceptables los movimientos de opinión y los cambios de estructuras que proceden por las vías democráticas.

 

Resulta tan condenable el terrorismo de Estado como el terrorismo de los particulares. La vieja doctrina de la Seguridad Nacional, que autorizaba el uso de la violencia para aniquilar al disidente político (en especial al marxista) y erradicar al enemigo interior, aún a costa de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades, es hoy cosa del pasado. Sólo es aceptable la seguridad democrática: doctrina de seguridad que tiene como fundamento el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y el fortalecimiento del pluralismo político.

 

El terrorismo de los particulares sólo resulta éticamente condenable cuando se habla desde una postura de seguridad democrática. Es decir cuando se habla desde un uso contenido de la fuerza por parte de las autoridades legítimas. Cuando se invoca el monopolio de las armas en manos del Estado, pero también la sujeción de este Estado a las leyes propias de la sociedad democrática. Dicha condena no debe entenderse, sin embargo, como una condena de esencia sino de método. No se condena al terrorista por ser quien es, sino por utilizar los métodos que utiliza. En otras palabras, no se condena a la persona o al movimiento desde una óptica fundamentalista, sino a sus procedimientos.

 

De esta manera impedimos que la lucha contra el terrorismo se convierta en una nueva cruzada contra el mal, que tan ingratos recuerda deja en la historia de la humanidad. En el caso concreto de las organizaciones terroristas colombianas, no las descalificamos como tales, por su ideología, sino por los procedimientos violentos que utilizan para alcanzar sus propósitos. Si estas organizaciones desisten de sus procedimientos violentos, bien pueden sus miembros o su ideología inscribirse dentro del horizonte pluralista de la democracia.    

 

Colombia gana en claridad llamando las cosas por su nombre. Eso no quiere decir que cerremos las puertas a una salida dialogada. Si los terroristas muestran voluntad de abandonar sus métodos sangrientos y declaran un cese de hostilidades, estamos dispuestos a explorar con ellos caminos de paz. En eso se diferencia nuestra política contra el terrorismo de la que adelantan otros países. Nuestro talante liberal y pluralista nos lleva a dejar abierta la salida dialogada.


En verdad no es mucho pedir. Sólo que dejen de matar y secuestrar. Lo demás lo arreglamos en el camino.

 

3. El alma del terrorista

 

No podemos olvidar que el terrorista tiene alma. Precisamente porque tiene alma es terrorista. No se puede llamar terroristas a las rocas, a las plantas o a los animales. El terrorismo es un típico comportamiento humano, un producto de la cultura y el espíritu. Se equivocan entonces quienes consideran la palabra terrorista como en epíteto o insulto que menosprecia al otro y lo cosifica. Se trata de un término que describe con precisión un comportamiento. Terrorista es quien utiliza el terror como método para imponer sus ideas o intereses.

 

La fuente de donde obtiene su energía el terrorista es el odio. Ese sentimiento de separación que nos lleva a considerar que otro ser humano puede ser exterminado. El marxismo alimentó el odio de clases como motor de la historia. Por eso el terrorista de izquierda busca exacerbar los conflictos, haciéndolos irresolubles dentro de la democracia, pues de eso depende que su acción tenga éxito. El terrorista de derecha, por su parte, odia el desorden. Unos y otros se permiten matar en nombre de un ideal, de una visión del mundo. El común denominador de los terroristas es desconocer la importancia del quinto mandamiento. Ellos han transgredido el límite del no matarás.

 

Se equivoca quien considere que el terrorista no tiene ideología. Si que la tiene y de manera fundamentalista. Precisamente porque tiene ideología se vuelve peligroso. Pues en nombre de la revolución social, del nacionalismo, de la defensa de una etnia o religión, se permite llegar a extremos inconcebibles de crueldad. No es la ausencia de ideas lo que caracteriza al terrorista sino la fijeza de éstas. Es difícil cambiar las ideas de un terrorista pues lo anima una cierta terquedad fundamental.

 

Hay personas que temen llamar las cosas por su nombre y no quieren decirle a los terroristas que son terroristas. Bien porque no quieren enojarlos, creyendo que de esta manera se ganarán su simpatía y no les hará daño. O porque justifican soterradamente sus acciones. Prefieren en consecuencia expresiones eufemísticas que esconden el núcleo del asunto: que el terrorista es tal porque recurre a la violencia. No funcionan con el terrorista las tácticas de apaciguamiento. El está en un combate espiritual contra la sociedad abierta al que sólo puede responderse con una actitud similar. Se trata de enfrentar fuerza contra fuerza, aclarando eso sí que la sociedad democrática no puede igualarse al terrorista en sus procedimientos. Nuestro combate contra el terrorismo es un combate desde la fuerza legal e institucional, bajo el permanente control ciudadano y con extremo respeto a los derechos ciudadanos y las libertades públicas.

 

Hasta hace pocos años se consideraba legítimo responder con terrorismo de estado al terrorismo de los particulares. Hoy ese camino no es posible, tampoco deseable. La lucha contra el terrorismo debe ser una lucha limpia, pues de lo contrario termina destruyendo la democracia. Se trata de una lucha que recurre a un uso delicado de la fuerza. Lucha que combina la coacción con la persuasión, el enfrentamiento a los delincuentes con la desactivación de los polvorines sociales e ideológicos que conducen a ideologías totalitarias. Lucha que se libra sin estimular el odio recíproco contra el terrorista. El terrorista no es la nueva encarnación del mal ni la lucha contra él es una guerra santa. Se trata de enfrentar una seria amenaza contra la democracia, pero bajo la orientación de autoridades civiles y militares profesionales que se han preparado en los valores de los derechos humanos, el pluralismo y la democracia.

 

El terrorista es un exaltado pasional que pone las ideas al servicio de su opción totalitaria. Su tarea es la de Dios al revés. Tratar de crear destruyendo. Es un místico que pretende generar un nuevo pacto social a través del homicidio colectivo. Pero es también un ser humano anhelante de reconocimiento y ternura. Cree que con sus actos sirve a la sociedad y labra un mejor futuro para los suyos. Por eso ante el terrorista es necesario desplegar una fuerza contundente y legítima que le muestre que el método por el que ha optado no es viable. Pero que sus motivaciones y anhelos bien pueden ser conseguidos a través de los cauces democráticos.

 

El terrorista necesita con urgencia que la sociedad le señale sus límites. Como el mismo los ha transgredido, embriagado por el poder de matar o por los dineros ilícitos que acumula, es necesaria esta primera limitación por la fuerza para que haya un quiebre en su espíritu arrogante y pueda ser receptivo ante la alternativa dialogada. Cometen un grave error quienes ante el terrorista valoran en exceso el poder de la palabra. Poco se puede hablar con quien tiene el poder de matarnos si no le gustan nuestras ideas. De allí la necesidad de esa primera contención, que bien puede ser una autocontención si el terrorista decide suspender voluntariamente sus acciones violentas para iniciar un proceso de paz.

 

No hay que equivocarse, lo único que nos diferencia del terrorista es que él se ha olvidado de cumplir el mandamiento del no matarás. Para que el diálogo sea útil, para que podamos superar su odio y llevarlo a la tolerancia, es necesario que la sociedad reimponga de nuevo ese límite. Y una forma eficaz de hacerlo es diciéndole que solo le quitaremos el calificativo de terrorista que tanto le molesta, cuando efectivamente deje de serlo. Cualquier concesión previa será vista por él como una justificación a su comportamiento. Y en vez de acercarnos a la paz nos adentrará más en la espiral de la violencia.

 

4. Conflicto armado o amenaza terrorista

 

Parte de las dificultades heredadas por el gobierno Uribe tuvieron que ver con abordajes conceptuales inadecuados que terminaban propinando derrotas políticas costosas para quienes estamos interesados en fortalecer las instituciones democráticas. Podemos decir sin temor a equivocarnos que existe una especie de “guerra de los conceptos”, que en principio debería adelantarse en un plano teórico y civil entre ciudadanos desarmados, pero que inevitablemente incide en el campo de las fuerzas enfrentadas, involucrando los intereses tanto de las Fuerzas Armadas institucionales como de los grupos armados ilegales.

 

Debates sobre la existencia o no de un conflicto armado interno, sobre la validez de un cese de hostilidades para iniciar conversaciones con grupos armados ilegales, la oportunidad o no de llevar a cabo “despejes” militares para adelantar los diálogos, la forma como puede adelantarse un acuerdo humanitario –y si llamamos a los secuestrados por las FARC “presos”, “capturados”o “retenidos”–, la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública o la posibilidad de los civiles de declararse neutrales frente a las acciones militares del Estado, o sobre el estatus de los facilitadores internacionales que nos ayudan a buscar salidas pacíficas a nuestros problemas de violencia interna, son auténticos puntos de inflexión de cuyo abordaje depende en gran parte el futuro de la patria. No se trata de temas coyunturales, ni menos aún de una diatriba marcada por la obstinación personal de un grupo de personas o un presidente. Durante los ocho años del gobierno Uribe creímos necesario adelantar este debate a fondo, profundizando en estos tópicos con la pretensión de llevar a cabo una reflexión pública y calificada que nos permitiera alcanzar un consenso, o en su defecto, exponer con solidez conceptual ante la opinión las diferencias para que fueran los mismos ciudadanos quienes tomaran las decisiones a través de los mecanismos democráticos pertinentes.

 

Conflicto armado interno es el término contemporáneo que se utiliza para designar una situación de guerra civil. No es ese el caso de Colombia. Aquí no podemos hablar de enfrentamiento de dos sectores de la población que dirimen sus diferencias por las armas. Tampoco existe en Colombia una dictadura personalizada o una constricción constitucional que impidan el ejercicio de los derechos fundamentales, argumentos alegados dentro de la tradición liberal y marxista para justificar la acción violenta. Colombia es una república democrática, con separación de poderes, libertad de prensa y plenas garantías para la oposición política. Su Constitución está centrada en la defensa de las libertades individuales y garantías ciudadanas.

 
Carentes de apoyo popular, los grupos armados ilegales se perpetúan en Colombia por su vinculación al narcotráfico, que les ofrece recursos ilimitados para financiar sus acciones. Sus “objetivos militares” son en gran parte ciudadanos desarmados, la infraestructura civil y autoridades regionales. Como en muchos países de la Europa contemporánea, llamamos terroristas a estos grupos minoritarios que intentan imponer sus ideas o intereses por medio de la violencia. Y los caracterizamos como una grave amenaza para la democracia.

 
De allí la premisa central invocada por el gobierno Uribe: en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista. No se trata de un cambio caprichoso de los términos. Es un asunto conceptual de vital importancia para el destino de la nación. En el debate sobre la existencia de un “conflicto armado interno” o una “amenaza terrorista”, existe una clara intencionalidad política de redefinir la visión que tenemos sobre la situación de violencia interna que ha azotado a la nación.

 

Es bien sabido que no existe una precisión matemática sobre el alcance de dichos conceptos. El mundo se debate todavía en cuanto al sentido de la palabra terrorista, y si una amenaza terrorista puede ser definida como parte integrante de un conflicto armado interno. Pero, mientras los alcances semánticos de las palabras son motivo de debate entre politólogos y académicos, no sucede así las consecuencias políticas de aceptar una u otra denominación. Es por eso que sin querer agotar el debate, es preciso definir el ámbito problemáticos frente a los cuales hay que construir los mencionados conceptos.

 

Es cierto que el término “conflicto armado interno” ha sido consignado en normas jurídicas e incluso, anteriores gobiernos validaron la existencia de un “conflicto social y armado”, dando a entender que la situación de violencia tenía como causa un conflicto social, que al no encontrar cauces democráticos terminaba expresándose como acción armada. Es hora de corregir este grave error.

 

Resulta interesante entrar al campo de los efectos que en la vida política tienen las palabras, señalando el cuidado que ponen distintas naciones de la tierra en utilizar el término conflicto armado interno para calificar problemas que resultan similares a los que padece Colombia. No es accidental que el gobierno inglés haya dado el debate ante Naciones Unidas para impedir que la situación de violencia en Irlanda del Norte fuera calificada como “conflicto armado interno”. Llaman terroristas a los miembros del IRA, pero con ese pragmatismo que caracteriza a los ingleses se permitieron pactar con ellos un acuerdo de paz, avalado por el mundo entero, que tiene como soporte un cese de hostilidades. En sus lineamientos generales es este un buen modelo para abordar la problemática de nuestro país. Por otro lado, tampoco Rusia permite que la guerra en Chechenia sea denominada “conflicto armado interno”, logrando que su posición sea aceptada por varios organismos de Naciones Unidas.

 

Como primer resultado práctico, al no recibir este calificativo dichas naciones han impedido que se les incluya en una lista de naciones con “menores vinculados al conflicto armado interno”, presentada al Consejo de Seguridad para que este organismo tome las medidas que considere necesarias, incluso, eventualmente, una intervención armada para proteger a los menores reclutados. En Colombia se ha socializado de tal forma el término “conflicto armado interno”, que aparece en leyes y documentos gubernamentales, sin que los funcionarios sepan del alcance político que puede tener la mencionada definición. Vale por eso pensar aquí con criterio pragmático y saliéndonos de la razón pura entrar al terreno de la razón práctica –escenario por demás propio de la política–, donde los conceptos se convierten en instrumentos de presión legitima, en fuerzas que inciden en el desarrollo de los pueblos u obstaculizan la plena expresión de sus potencialidades.      

 

Quiero en consecuencia hacer referencia a los argumentos planteados desde el gobierno del Presidente Uribe. Al aceptar la existencia de un conflicto armado interno damos a los grupos armados ilegales la condición de “partes”, lo que legitima de hecho su uso de armas y uniformes, así como la definición de blancos militares que no son otros que nuestros soldados y policías. Curiosamente, el principal argumento que esbozan organizaciones de derechos humanos para mantener la calificación de conflicto armado interno, consiste en asegurar la protección de los civiles injustamente atacados dentro de la contienda. Pero este argumento, que poco persuasivo ha resultado para los terroristas colombianos que siguen haciendo de los civiles sus principales víctimas, tiene como reverso considerar legítimos los ataques a los uniformados que portan las armas del Estado. Si aceptamos indiferentes que maten a nuestros policías y soldados, en vez de responder enardecidos cada vez que se trunca la vida de quienes ofrecen lo mejor de sí para que tenga futuro la nación, se habrá roto entonces ese pacto básico entre los ciudadanos desarmados y aquellos otros que con las armas velan por nuestra tranquilidad. Y el día que esto acontezca, Colombia ya no será viable. No sobra aclarar que independientemente del tratamiento político que el gobierno de a la situación de amenaza terrorista que enfrentamos, esto no es óbice para la aplicación del derecho internacional humanitario. Nuestras FFMM respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos que no se han alzado en armas para atentar contra la sociedad colombiana, y en consecuencia dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas.

 

En el campo político, la condición de “parte” puede ser entendida también como la posibilidad de ostentar el carácter de interlocutor legítimo a nivel nacional e internacional. Es interesante observar como grupos pacifistas radicales o activistas de izquierda que se inclinan por una posición antiestatal, insisten en llamar por igual a los guerrilleros, autodefensas y miembros de la Fuerza Pública colombiana, “actores del conflicto”, tratándolos como partes equiparables, frente a las cuales los ciudadanos se pueden declarar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden la Comunidad de Paz de San José de Apartado, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del casco urbano de Toribío u otros municipios del norte del Cauca para que las FARC cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada el concepto de “neutralidad profesional” propio de CICR o la Cruz Roja nacional, al campo de la neutralidad política. Por esta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de derechos humanos que consideran la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el gobierno estaría violando la normatividad humanitaria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a las autoridades legítimas sobre los riesgos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamente sentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del Estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos, de la peor forma: como víctimas. La cuestión es entonces como logramos que estas víctimas potenciales cooperen con el Estado para que éste pueda garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

 

No menos importante es el argumento que surge al describir la naturaleza de nuestra democracia. Colombia es una democracia vigente, en trance de fortalecerse, con instituciones sólidas y una cultura política antiautoritaria que ha impedido la incubación de dictaduras, tan usuales en años pasados en otros países de América Latina. Nuestra Constitución y la Corte Constitucional que la interpreta son consideradas de avanzada en el mundo en cuanto a defensa de los derechos fundamentales. Somos una nación descentralizada, con gran raigambre participativo, con elección popular de autoridades municipales y departamentales.

 

Incluso, durante el gobierno de la seguridad democrática, Luis Eduardo Garzón, el más férreo grupo opositor al presidente Uribe, nacido de la izquierda sindical y apoyado por antiguos guerrilleros reinsertados, llegó a ocupar la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de la nación. Muestra de pluralismo de la que nos sentimos orgullosos. En Colombia las autoridades no persiguen al contradictor político, como sucedía en los antiguos regímenes de la seguridad nacional. La nuestra es una seguridad democrática, que tiene como horizontes la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y el fortalecimiento del pluralismo político.

 

Sobra decir que este pacto mayoritario a favor de la democracia lo hemos logrado bajo la amenaza de grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico, el secuestro o el robo de gasolina, que no cuentan con apoyo popular ni respaldo político. Si hablamos de “conflicto armado interno” en vez de hablar de “democracia amenazada”, transmitimos al mundo una imagen deformada de lo que acontece en nuestro país. Si, es la nuestra una democracia vital, pujante, pero amenazada por guerrilleros y paramilitares que convierten en “objetivos militares” a las autoridades locales, como fue el caso de los más de 300 alcaldes amenazados por las FARC a finales del gobierno de Andrés Pastrana o los gobernantes de los entes territoriales amenazados por las autodefensas.

 

Como sucede hoy en la legislación inglesa y española, el único nombre que tenemos para calificar a quienes usan el terror para atacar a una democracia garantista y pluralista, es el de terroristas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los eufemismos, en este caso, nos hacen daño. No quiere decir eso que entremos, como sugieren algunos, en la “moda mundial” de la guerra santa contra el terrorismo, suponiendo que hemos importando el término para agradar a alguna potencia extranjera. Calificar a los terroristas como lo que son es un acto de sinceridad patria, lo que no quiere decir que sean monstruos irremediables o que carezcan de ideas políticas. Lo que hace peligrosos a los terroristas es precisamente que tengan ideas mesiánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política. De allí la importancia de exigirles como condición básica para cualquier diálogo que desistan de la violencia, pues sin el recurso del arma bien pueden sus ideas entrar a jugar dentro de las reglas democráticas.

 

Caer en el juego de decir que existe en Colombia un “conflicto social y armado”, es nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque existen conflictos sociales, o que los conflictos sociales en Colombia no tienen cauces democráticos para dirimirse, por lo que sólo encuentran la vía de las armas para expresarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos sociales serios, pero estos conflictos pueden dirimirse a través de los mecanismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir estos conflictos, los polarizan y radicalizan para afianzar su estrategia de poder. Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror. Interpretando libremente a Estanislao Zuleta, podría decir que mientras a los demócratas nos interesa que haya cada vez más conflictos –pues para nosotros conflicto es una palabra noble y nos la jugamos por defender la vida del adversario–, a los violentos no les interesa que se abran escenarios plurales para la discusión y solución de los conflictos, pues ellos solo quieren capitalizar a su favor el odio de los desfavorecidos para catapultarlo y usarlo como herramienta para imponer su hegemonía. La acción de los grupos violentos colombianos es la más cruda negación de los conflictos que dan aliento a la democracia.

 

La paz que buscamos dentro de la democracia es polifónica; la de los violentos es la paz de los sepulcros. Así como se acercan a los cinturones de miseria de nuestras grandes ciudades para convertir el conflicto social de la marginalidad en un arma mortífera que pasa por envenenar el alma de nuestros jóvenes convirtiéndolos en asesinos púberes, así intentan por todas las vías subyugar los conflictos de la democracia a su dialéctica del odio de clases. Concederles que existe un “conflicto social y armado” no es otra cosa que legitimarles su estrategia del terror.

 

Entiendo que para algunos sectores de la comunidad internacional resulta difícil aceptar estos argumentos. Personalmente debatí de manera amplia con algunos de los embajadores del llamado G-24 que insistían en utilizar esta denominación. Pero no podemos dejar que observadores de otros países, que no alcanzan a comprender la dimensión de nuestros problemas o actúan bajo la presión de sus propios intereses o urgencias, definan la naturaleza de lo que nos acontece, trazando así el rumbo que debe seguir nuestra nación. Si aceptamos que existe “conflicto armado interno”, que las guerrillas y autodefensas son “partes”, que los miembros de la Fuerza Pública son “actores del conflicto”, que los civiles pueden declararse neutrales frente a la Fuerza Pública, entonces muy pronto tendremos gobiernos extranjeros y organismos internacionales pasando por encima de las autoridades legítimas para hablar con los ilegales, invocando para ello el principio de neutralidad. No nos equivoquemos, en esta definición se juega la suerte de la nación. Una cosa es hablar de un país dividido por un conflicto armado interno y otra, muy diferente, de una nación amenazada que lucha por consolidar su democracia. Una democracia amenazada por grupos terroristas está en todo su derecho de solicitar a los países democráticos del mundo ayuda para enfrentar esta amenaza. Un país dividido, azotado por un “conflicto armado interno”, es sinónimo de una democracia y unas autoridades cuestionadas, un gobierno al cual muchas naciones no brindarán ayuda en el campo de la seguridad y que preferirán cuestionar a la espera de ver qué rumbo toman los acontecimientos.

 

Temen algunos que por no reconocer la existencia de un conflicto armado interno, se desconozca la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Con la aparición de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción penal universal y la tipificación en nuestros códigos internos de las conductas violatorias del DIH, no hay ninguna posibilidad de impunidad para estos delitos.


Ni el gobierno dejará de educar a los miembros de la Fuerza Pública en el respeto al DIH, ni se violarán los derechos fundamentales de los terroristas cuando caigan bajo el poder de las autoridades. Tampoco se violará, como dicen algunos, el principio de distinción, que obliga a las Fuerzas Armadas a respetar a los civiles. Lo que no podemos hacer es reconocer a los terroristas derecho para atacar a nuestros policías y soldados, como se deriva del hecho de considerarlos "parte del conflicto". Tal calificativo, sugiere además que nacionales o extranjeros podrían declararse neutrales ante las partes, poniendo en igualdad de condiciones a los miembros de la Fuerza Pública y a los ilegales.

 

Es pertinente decir que en este tema diferenciamos entre los campos político, jurídico y humanitario, para aclarar que nuestra afirmación en lo político no pretende derogar la vigencia del DIH o impedir las acciones humanitarias de organismos especializados como las que adelanta la Cruz Roja nacional e internacional. Lo importante son las consecuencias que esta decisión tiene sobre la política de paz en cuanto a las condiciones para hablar con grupos terroristas y pactar con ellos acuerdos.

 

En las modernas teorías de negociación, conflicto es un término noble y positivo. Pero en vez de estimular caminos creativos para solucionar los conflictos sociales, los terroristas los bloquean y aplastan. Los terroristas no permiten dignificar el contradictor; al contrario, lo matan. Reconocemos la existencia de múltiples conflictos en el seno de la democracia, pero todos ellos pueden dirimirse a través de mecanismos constitucionales, apelando a la decisión del pueblo.

 

De hecho, en el marco de la Semana por la Paz que terminó el 12 de septiembre de 2005, el presidente Álvaro Uribe le hizo saber al Eln que si se comprometía en un cese de hostilidades, no tenía problema en reconocer la existencia de un conflicto, a fin de avanzar en un proceso de paz1. El Gobierno había negado la existencia de un conflicto armado interno, como calificativo político para describir la situación de violencia que padecemos. Habíamos dicho que no es Colombia una nación dividida, azotada por la guerra civil, sino una democracia amenazada por los violentos. ¿Caía el Presidente en una contradicción cuando se mostraba dispuesto a aceptar en una mesa de negociación la existencia de un conflicto con aquellos que han silenciado las armas?

 

No. Pues si bien no podemos aceptar que se recurra al secuestro, o al homicidio con excusas políticas, el gobierno Uribe siempre estuvo dispuesto a tramitar cualquier diferencia de ideas o problema social por los cauces de la democracia. Un mensaje similar se envió a las Farc a raíz de un comunicado del secretariado del 25 de febrero de 2005. Pusieron entonces como condición para un proceso de paz que se les diera reconocimiento político y se marchara hacia una Asamblea Constituyente. Por instrucciones del Presidente, dije entonces que no teníamos problema en reconocerlos como interlocutores políticos si cesaban sus acciones violentas y que bien podríamos avanzar hacia la convocatoria de una constituyente, como culminación de un proceso de paz.


La respuesta al ELN tuvo su origen en un planteamiento del ELN hecho días atrás –el 25 de agosto– señalando como obstáculo para avanzar hacia la paz que el Gobierno no reconociera la existencia de un conflicto interno. El Presidente dijo entonces que ese obstáculo era removible si ese grupo aceptaba el clamor nacional que les pedía silenciar sus armas. Reiteré ante la opinión que queríamos al Eln y a las Farc dentro de la democracia, para que buscáramos solución a nuestros conflictos sin recurrir a la violencia.


La palabra conflicto es una palabra noble, que nos invita a dignificar al contradictor a la vez que cuidamos su integridad personal y derechos ciudadanos. Al matar al contradictor, la violencia aplasta el conflicto, en vez de buscarle un camino creativo. De allí que estuviéramos dispuestos a reconocer la existencia de un conflicto, no para perpetuar la violencia sino para superarla. Pues silenciadas las armas, desaparece el terror y emerge un conflicto que puede dirimirse en el seno de la democracia.

 

IV.5. Política de paz con los grupos armados ilegales

 

Definido el ámbito de los conceptos de terrorismo y conflicto armado, entremos a un segundo ámbito relacionado con propuestas de paz y metodologías de diálogo con grupos ilegales, que es necesario tener en cuenta. La política de seguridad democrática incluye dentro de su horizonte la posibilidad de una salida negociada con aquellos que con las armas en la mano se oponen a la institucionalidad democrática o interfieren con su adecuado funcionamiento. Frente a quienes la amenazan, la sociedad democrática no puede responder declarando una guerra de exterminio. Responde con un ejercicio legítimo de autoridad, fortaleciendo la capacidad del estado para defender los derechos de los ciudadanos. Es implacable en su condena a la violencia, pero es generosa con aquellos que deciden volver a su seno.

 

Es por eso que el gobierno ha Álvaro Uribe dejó abierta la puerta a explorar salidas negociadas con los grupos armados organizados al margen de la ley, definidos en la ley 782 de 2002 en términos del art. 1º del Protocolo II. El propósito básico de la negociación es recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado, pasar –como decían los clásicos– del estado de barbarie al estado de civilización. Es decir, aclimatar un pacto básico de convivencia que supere el actual estado de caos, caracterizado por la existencia de ejércitos privados que se obstinan en imponer su propia ley en los territorios bajo su influencia.

 

Sin embargo, tal como lo entendemos hoy en el mundo contemporáneo cualquier uso de la violencia con propósitos políticos, raciales, étnicos o religiosos lo calificamos como terrorismo, aún más cuando, como sucede en el caso colombiano, tenemos una democracia pluralista y una constitución fundamentada en los derechos humanos. La nuestra es una constitución garantista abierta a la diversidad de opiniones y matices propios de una sociedad abierta. No dudamos por eso en calificar a los grupos armados irregulares que operaban en el país como terroristas, dejando claro que condenábamos sus métodos, por considerar inadmisible el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos. No se trataba de una calificación de esencia, ni estábamos cayendo en un nuevo fundamentalismo. Menos aún utilizábamos la palabra terrorista como un estigma para calificar una nueva encarnación del mal. No, de manera objetiva denominamos a estos grupos terroristas porque de manera expresa acuden a la violencia y el terror para intimidar a los ciudadanos y tratar de instrumentar sus propósitos.

 

¿Cómo es posible conversar con estos grupos terroristas? Muy sencillo, es posible conversar con ellos y buscar alguna alternativa negociada si ellos abandonan sus métodos de terror, si ellos abandonan sus métodos violentos, si ellos están dispuestos a dejar al lado el uso de la violencia, al interior de la sociedad democrática podemos explorar caminos para su inclusión de tal manera que eso nos permita un fortalecimiento del pluralismo.

 

Desde su campaña el presidente Uribe resumió su propuesta a los grupos armados al margen de la ley con una frase muy sencilla: “Urgencia para el cese de hostilidades; paciencia para la desmovilización y el desarme”. Pues lo que nos preocupa a los ciudadanos es ante todo que los grupos armados al margen de la ley –guerrillas y autodefensas ilegales– dejen de matar. Si dan este paso, podemos tener paciencia para mantengan sus armas y sus uniformes, y mantengan sus organizaciones durante un tiempo prudencial mientras ganan confianza en la sociedad democrática y podemos llegar al desarme y la desmovilización. El cese de hostilidades es el puerto de partida. La desmovilización y el desarme son los puertos de llegada.

 

Para algunos líderes políticos y analistas resulta contradictorio que califiquemos a los grupos armados organizados al margen de la ley como grupos terroristas, y a la vez planteemos la posibilidad de hablar con ellos para buscar salidas negociadas. La respuesta es simple: hablamos con ellos si se muestran dispuestos a dejar atrás sus métodos terroristas. La paradoja que en algunos momentos se presenta y que algunos analistas u observadores internacionales ven como una contradicción, en realidad no existe. Vuelvo e insisto, estamos dispuestos a conversar con estos grupos siempre y cuando muestren su disposición a abandonar los métodos violentos. De allí la importancia del cese de hostilidades como paso necesario para un diálogo útil. Este cese de hostilidades no debe entenderse de manera dogmática. También el cese de hostilidades se construye y perfecciona, partiendo de una declaratoria unilateral hasta llegar a las formas más complejas del cese bilateral de fuegos y hostilidades, la separación de fuerzas, la concentración de tropas y la verificación internacional. Lo importante es empezar con una voluntad política de abandonar la violencia e ir construyendo esa opción en el camino.

 

No es suficiente sin embargo la acción de un gobierno para recuperar el capital social de la confianza colectiva. Es preciso volver duraderas en el tiempo ciertas actitudes y creencias que nos permitan seguir enfrentando la amenaza terrorista sin decaer en nuestra voluntad de lucha ni poner en peligro nuestras instituciones democráticas, pues las amenazas a la seguridad individual o colectiva disparan ansiedades persecutorias que pueden derivar en comportamientos esquizo-paranoides2.

 

De hecho, ha sido frecuente en la historia que los líderes políticos utilicen una amenaza real o imaginada contra su nación para fortalecer un régimen autoritario que desemboca en la militarización de la vida civil y el eclipsamiento de las libertades ciudadanas. Tal como sucede en la vida individual, tales salidas paranoides no son sanas para la sociedad. Es necesario aprender a enfrentar la amenaza sin caer en el autoritarismo.

 

Para enfrentar la amenaza es preciso representarnos a cabalidad la situación que vivimos. En primer lugar debemos decir que se trata de una amenaza terrorista contra una democracia en proceso de consolidación. No es Colombia una nación dividida, que no ha podido solucionar sus diferencias internas por las vías democráticas, motivo por el cual los ciudadanos se han fraccionado en dos o más bandos que defienden sus posturas con las armas. Existe en nuestro país un consenso básico sobre la validez de la democracia. Los grupos armados ilegales derivan su poder no tanto del apoyo de la población como de los ingresos provenientes de fuentes ilegales como el secuestro y el narcotráfico. Se trata en consecuencia de una nación o democracia amenazada por grupos minoritarios que recurren a prácticas terroristas para imponer sus designios, grupos que son financiados por economías ilícitas que les dan recursos ilimitados para sus operaciones.

 

Algunos sectores de opinión creen que la solución a nuestros problemas de violencia pasa por convencer a los terroristas de la necesidad de una salida negociada que aparece como opuesta al fortalecimiento militar. De esta manera se sataniza cualquier posibilidad de fortalecer la capacidad ofensiva o defensiva del Estado, haciendo carrera la teoría según la cual los ciudadanos pueden declararse neutrales frente a los “actores armados”, entre los que se incluye a las fuerzas militares. Un falso concepto de civilidad y tolerancia que hizo carrera en el pasado, terminó equiparando a las fuerzas armadas institucionales con los grupos armados ilegales, considerándose a la población como víctima potencial de ambos. De esta manera se resquebraja la alianza necesaria entre los ciudadanos y las fuerzas armadas, como si se sintiera vergüenza de enunciar la necesidad de una política de seguridad capaz de contener a los violentos.

 

La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el campo de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos. De manera especial, es importante teorizar y desarrollar modelos e instrumentos que sirvan al Presidente de la República y los altos mandos militares y de policía para combinar de manera acertada la presión política y el uso legítimo de la fuerza con las salidas negociadas. En este campo de decisión no podemos seguir moviéndonos por espontáneas intuiciones, o a partir del mensaje clandestino que envía un grupo armado ilegal anunciando su voluntad de paz. Es increíble la cantidad de personajes de alto nivel de la vida nacional que se mueven a partir de estas consejas, o que se convierten en correveidiles entre los ilegales y las autoridades. Se necesitan a la vez estrategas de la paz y de la guerra, capaces de coaccionar con la fuerza del Estado pero también de auscultar el momento preciso para abrir caminos de paz.

 

Es importante reivindicar la necesidad de una autoridad democrática, capaz de defender a los ciudadanos de las amenazas de los violentos y de contener a éstos en sus proyectos delirantes y arrasadores. Si somos capaces de entender la amenaza y contenerla, podemos convertirla en oportunidad. Pero no nos debemos equivocar sobre la naturaleza de los grupos terroristas colombianos. Si estuviera en sus manos hacerlo, someterían a la población civil a sus prácticas totalitarias. Se trata de grupos mesiánicos y omnipotentes que se han acostumbrado a matar para imponer su dominio. Ellos solo entienden en principio el lenguaje de la fuerza. La mera palabra frente a ellos no es suficiente. Se hace necesario contenerlos con una fuerza real que les demuestre que su proyecto armado no es viable, para que puedan entonces acceder a la labor persuasiva que los convenza de la necesidad de reincorporarse a la democracia. El diálogo sin autoridad se convierte en un instrumento ineficaz ante los violentos.

 

Como parte de este capital de confianza que debe desarrollar la sociedad colombiana debe incluirse una metodología para dialogar con los violentos que no termine generando en ellos percepciones equívocas sobre lo que pueden alcanzar con el uso de las armas. Si bien resulta un principio universal y humano la reivindicación del diálogo y la palabra para resolver nuestros problemas, es iluso considerar que ante grupos armados ilegales con vocación de poder es suficiente la destreza argumental o la actitud comprensiva. El diálogo útil requiere de un encuadre que ponga a los interlocutores en igualdad de condiciones, máximo cuando existe de por medio la tentación de la violencia. De allí la importancia de enunciar unos criterios básicos para adelantar diálogos con ilegales armados, tomando en parte la experiencia que se deriva de la práctica psiquiátrica y psicoterapéutica que nace de tratar con la conciencia desbordada.           

 

Empecemos por describir el campo donde se realiza la interlocución. Se trata de un diálogo entre la legalidad y la ilegalidad, entre la institucionalidad y quienes la niegan. De un lado encontramos una sociedad que define y acepta unas normas básicas de convivencia, entre las cuales sobresale la prohibición de matar. Del otro lado encontramos unos grupos armados ilegales que desconocen esas normas, permitiéndose el asesinato como forma de alcanzar poder y control social. No podemos hablar, en consecuencia, de un diálogo equilibrado, pues al entrar en contacto con los ilegales el ciudadano corre el peligro de ser asesinado, es decir el interlocutor corre el peligro de ser silenciado como forma de enviar un mensaje a los demás, a los sobrevivientes, sobre los puntos de vista o intereses que deben ser aceptados.

 

De allí lo peligroso y contraproducente que resultan los contactos establecidos por ciudadanos de buena voluntad, que sin contar con una fuerza legítima que los respalde, se lanzan a conversaciones con los ilegales en procura de encontrar fórmulas de paz. Los mismos grupos armados ilegales los presionan para que asistan a reuniones, donde muchas personas, investidas con la dignidad de autoridades locales y regionales han perdido la vida, asesinados por quienes los habían citado para conversar con ellos sobre su actuación como funcionarios públicos, exigirles participación en los presupuestos municipales o departamentales, o alcanzar acuerdos bajo la presión de las armas. En los últimos años se multiplicaron en el país los espontáneos que asistían a encuentros con la guerrilla y los paramilitares, justificando sus acciones como labores de paz. Mientras ellos pensaban que contribuían a la solución pacífica de los conflictos, los miembros de los grupos armados ilegales entendían estos encuentros como una ampliación y legitimación de su poder sobre los ciudadanos, bajo la divisa de combinar todas las formas de lucha.

 

Las acciones espontáneas y de buena voluntad de ciudadanos o autoridades locales por la paz frente a poderosas organizaciones delictivas que tienen por propósito someter a su voluntad a un país entero, se parecen mucho a las acciones de buena voluntad pero terapéuticamente desastrosas que emprenden los amigos o familiares de los alcohólicos y los sicóticos, que tratando de ayudarlos confunden y agravan más la situación, pues su actuación humanitaria se realiza sin contar con un encuadre adecuado y sin tener a su mano las herramientas, bien sea psicoterapéuticas o farmacológicas, necesarias para adelantar una intervención eficaz. Priman en este caso sentimientos de culpa, anhelos mesiánicos de salvación del desviado y cierta ingenuidad en el trato con los sociópatas que fortalecen la capacidad manipulatoria de éstos, dificultado así un retorno al principio de realidad. Al igual que acontece con los sicóticos y los sociópatas, los miembros de los grupos armados ilegales que se enfrentan a la institucionalidad tienen una percepción equivocada de sus acciones, motivaciones y posibilidades, que los pone en contravía del consenso social, motivo por el cual en nuestra conversación con ellos resulta fundamental poder cambiar esa percepción de tal manera que logremos acceder, al final, a un acuerdo renovado sobre los valores comunes que se deben respetar.

 

El cambio de la percepción que los grupos armados ilegales tienen de sí mismos y de sus posibilidades de acción social pasa por modificar sus sentimientos de omnipotencia, sus odios y visiones disociadas acerca de la realidad social, su percepción de víctimas obligadas a la violencia para salvarse a sí mismos y a los demás, sus discursos autojusficatorios reforzados por la adulación de quienes terminan sometiéndose a sus ejercicios de terror, sus tendencias maniqueas por justificar el asesinato de quienes consideran sus opositores, sus negaciones maníacas y ansiedades paranoides, despertando a la vez sentimientos de culpabilidad y reparación que permitan su reincorporación a la legalidad. Tarea nada fácil en lo individual, como bien saben los terapeutas, cuya dificultad se magnifica cuando se trata de enfrentar un fenómeno de criminalidad colectiva que, precisamente por estar reforzado en la dinámica grupal, hace ver como normales comportamientos que a nosotros nos horrorizan.

 

Para adelantar este diálogo debemos tener en cuenta, en primer lugar, que se trata de un enfrentamiento de poderes. Del poder de la legalidad y la institucionalidad con el poder de la ilegalidad. Esto no debe escandalizarnos. También el psiquiatra enfrenta el comportamiento desviado dentro de un ejercicio de poder reglado socialmente, que le permite incluso recluir en instituciones mentales a quienes con su comportamiento ponen en peligro su vida o la de los demás, permitiéndose el uso de fármacos o procedimientos biológicos que modifican bioquímicamente la conciencia, a fin de ayudar al enfermo mental a recuperar su lucidez y ejercer plenamente su condición de ciudadano y hombre libre. De igual manera, quien adelanta una interlocución con los grupos armados ilegales debe contar de manera explícita con el respaldo de la fuerza legítima del Estado, para avanzar en su tarea persuasiva orientada a reincorporar a los disidentes armados a la legalidad democrática.

 

Cuando un grupo de personas ha decidido transgredir de manera sistemática las normas básicas de convivencia aceptadas por una comunidad, sólo un ejercicio persistente de la fuerza contra ellos por parte de esa misma sociedad puede llevarlos a que cambien su percepción de los hechos en los que participan y las expectativas que tienen en torno a su aceptación por los demás. Quien se adentra en un diálogo con los grupos armados ilegales debe ser portador de la palabra pero también representante de la fuerza legítima de un Estado que busca contenerlos. Quien adelanta diálogos con ilegales debe saber que representa el puntal de una fuerza legal y coercitiva, pero que no corresponde a él la tarea represiva sino el uso delicado de esta fuerza para obtener logros persuasivos. En todo momento debe dejar claros los límites que defiende y representa, bien con sus gestos, bien con sus palabras. Debe hacerlo, sin embargo, sin ostentaciones innecesarias. Su autoridad debe ejercerse de manera serena pero firme, abierto eso sí en todo momento al diálogo y la explicitación descriptiva y argumental de los problemas que intenta resolver.

 

El encuadre inicial para el diálogo con los ilegales se soporta en la exigencia que se les hace y el compromiso que adquieren de cesar cualquier acción violenta. “Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para la desmovilización y el desarme”, fue la divisa enarbolada por el gobierno Uribe como criterio central para adelantar conversaciones. Comprendiendo la realidad sociológica de estos grupos, no se solicitaba de entrada que se entregaran las armas o se desmovilicen. Entendiendo que la desmovilización y el desarme son puertos de llegada, resulta imprescindible como requisito de partida para adelantar un diálogo creíble que los ilegales dejen de matar y secuestrar, cesando acciones violentas que se convierten en ataques mortales al capital de confianza colectiva en que se sustenta la sociedad democrática. Experiencias de diálogo anteriores que no exigieron este requisito se convirtieron en procesos inmanejables, pues mientras conversaban con el gobierno los miembros de los grupos armados ilegales recurrían a hechos violentos para fortalecerse en la mesa. Secuestros colectivos, masacres y tomas de poblaciones eran realizadas por dichos grupos sin que el gobierno tuviera ninguna legitimidad para exigirles su suspensión, pues había aceptado dialogar en medio de la confrontación.

 

Al igual que sucede con cualquier encuadre terapéutico, una vez puesto en marcha resulta casi inevitable que el compromiso inicial sea violado por el ilegal, que intentará romperlo para manipular la situación. Todo buen terapeuta sabe que este error, esta ruptura del encuadre por parte del paciente, es el insumo más preciado para avanzar en el proceso de recuperación. Resulta tonto y dogmático pretender que el paciente acepte el acuerdo verbal del encuadre para respetarlo de inmediato sin sobresalto. Si así sucediera, entonces ese paciente estaría curado y no se requeriría la terapia. Lo lógico y esperable es la ruptura del encuadre, que el alcohólico vuelva a beber, que al paciente se le olviden las citas o trate de convertir en una relación amorosa o amistosa la sesión terapéutica, que incurra en lapsus o aparezca el actingout. Es entonces cuando entra en juego la pericia del terapeuta, que debe aprovechar dichas rupturas del encuadre para fortalecer la relación, señalando lo acontecido y generando reflexión, para alcanzar un compromiso más maduro por parte del paciente.

 

Igual sucede en una negociación con ilegales. Obtenido por parte de ellos el compromiso de cesar la acción violenta, llega tarde o temprano lo inevitable: que incurren de nuevo en la acción violenta, faltando así la palabra empeñada. Enfurecidas, algunas voces ciudadanas se levantan para exigir que se rompa el diálogo y se castigue ejemplarmente al violador. Sin desconocer que cualquier hecho delictivo ocurrido durante los diálogos debe ser investigado y sancionado por la justicia, la respuesta de quien se encuentra sentado en la mesa no puede ser la de declarar de manera intempestiva roto el proceso, anunciándole a la sociedad que sólo queda el sometimiento violento del grupo con el que se adelantaban conversaciones.

 

En Colombia ha sido usual que se parta en las conversaciones con ilegales de encuadres flojos e inconsistentes, y se termine con rupturas grandilocuentes. Pero, para establecer una analogía pedagógica, ¿qué ganaría el terapeuta mostrando al comienzo gran voluntarismo para adelantar el tratamiento, si al final rompe con una constancia que declara imposible la curación? De allí la necesidad de un encuadre sólido para iniciar, que en lenguaje político se resume en un compromiso con el cese de acciones violentas soportado en una real capacidad coactiva del estado. Sin desconocer que la ruptura del proceso es una medida que no se puede descartar, previsible para situaciones extremas, lo adecuado por parte del gobernante es responder con firmeza militar frente a quienes violan el cese de hostilidades, mientras de manera simultánea cobra políticamente en la mesa de diálogo lo sucedido, obteniendo en contraprestación mayor control del proceso, modificación de la percepción que de los hechos tenían los ilegales, quebrantamiento de su pugnacidad y voluntad de lucha, aceptación por parte de ellos del imperio de la ley y mayor compromiso por parte del grupo armado ilegal para no volver a incurrir en los actos condenables, avanzando con rapidez hacia su desmovilización, única garantía real que tenemos de impedir la repetición de los hechos violentos y paso inicial para que los delincuentes organizados empiecen a responder por sus hechos ante la justicia y queden bajo un control cada vez más completo del Estado.

 

Podemos entender una negociación con grupos armados ilegales como una ganancia progresiva de la legalidad frente a la ilegalidad y un debilitamiento de la voluntad de lucha por parte de éstos mientras anhelan regresar al seno de la sociedad democrática. De manera paralela es preciso que alcancen una cabal comprensión sobre lo que pueden alcanzar de parte de una sociedad generosa, que les da una segunda oportunidad a la vez que les exige responsabilidad por los delitos cometidos.

 

Y mientras el gobierno adelanta, como le corresponde, el diálogo con los ilegales, es tarea de los ciudadanos y de sus líderes políticos o gremiales avanzar en la consolidación de una cultura de la legalidad, de la reconstrucción de confianza como un bien público, en la cooperación transparente de los ciudadanos con la fuerza pública, sin dejar que los anhelos de paz nos lleven de nuevo a caer en conversaciones ingenuas con los ilegales que terminan fortaleciendo sus equívocos y su poder armado.

 

Las conversaciones de paz con los grupos armados ilegales deben entenderse como una labor profesional, que se debe adelantar con la misma cautela con que un profesional de la salud mental aborda el caso de una crisis psicótica o un trastorno comportamental severo. Sólo la autoridad legítima, respaldada por el uso legítimo de la fuerza, puede adelantar un diálogo útil. Los ciudadanos que de manera espontánea se lanzan al ruedo gritando paz y buscando encuentros con los ilegales, no solo ponen en peligro sus vidas, sino que dificultan los propósitos de una política de diálogo manejada por el ejecutivo con seriedad y firmeza.

 

La mejor contribución que pueden hacer los particulares y los gobiernos extranjeros a una política de paz es fortalecer las instituciones legítimas, desistir de cualquier espacio o discurso que pueda ser entendido por los grupos armados ilegales como una justificación de sus actos violentos y centrarse en el fortalecimiento de las comunidades, de sus dinámicas participativas y democráticas, de sus valores civiles y su gusto por el pluralismo, dejando al ejecutivo la difícil pero necesaria tarea de confrontar a los violentos en el plano militar mientras les ofrece alternativas persuasivas y generosas para su reinserción a la civilidad. Las discusiones públicas entre líderes políticos sobre lo que debemos hacer con los ilegales, o peor aún, los ataques que buscan identificar al contradictor civil con el bandido armado, ningún beneficio le hacen a la democracia. En este tema debemos actuar como actuamos frente a las relaciones internacionales: pensando en los intereses de una democracia vital pero amenazada, con criterio patriótico y no por protagonismos personales o intereses políticos de corto plazo.

 

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