La congresista Ileana Ros-Lehtinen y activistas locales hicieron el miércoles un llamado a Washington para ampliar la lista de funcionarios chavistas sancionados por violación de derechos humanos en Venezuela.
La parlamentaria criticó duramente que solo siete personajes del chavismo hayan sido incluidos en la lista elaborada por legisladores estadounidenses para castigarlos por la ola represeiva desatada durante las manifestaciones estudiantiles del año pasado que dejó más de 40 muertos y al menos 850 heridos.
“Han pasado 190 días y solamente han sancionado a siete personas”, cuestionó Ros-Lehtinen durante una conferencia de prensa en el Arepazo 2, un icónico restaurante de la comunidad venezolana en Doral. “Si [Washington] no tiene nombres de [funcionarios del chavismo] quienes deben ser sancionados, aquí le enviamos una carta, una forma bipartidistas, respaldada por muchos demócratas, por muchos republicanos”.
El presidente de la organización Ciudadanos Independientes Venezolanos-Americanos (IVAC), Ernesto Ackerman, indicó que había enviados cartas a los secretarios del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, John Kerry y Jack Lew, respectivamente, reiterando el pedido.
Ackerman dijo que una de los personajes a castigar con su inclusión en la lista es la jueza Susana Barreiros, quien condenó la semana pasada a Leopoldo López a 13 años y nueve meses de prisión.
“Es obvio que en Venezuela no hay un estado de derecho”, dijo Ackerman a el Nuevo Herald. “El sistema judicial está claramente al servicio del régimen de [Nicolás] Maduro”.
Las cortes bolivarianas han sido duramente criticadas por una serie de organismos internacionales, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la misma que declaró ilegal la detención de López.
En marzo, el presidente Barack Obama impuso sanciones contra siete funcionarios chavistas, a quienes congeló todas sus propiedades e intereses. En la lista de sancionados figuran: Antonio José Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI); Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); y Justo José Noguera Pietri, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
También figuran la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón; el director policial Manuel Eduardo Pérez Urdaneta; el comdante Manuel Gregorio Bernal Martínez, ex director del SEBIN; y Miguel Alcides Vivas Landino, ex Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
El miércoles, Ackerman criticó que esa lista inicial no incluyó a los principales violadores de derechos humanos en Venezuela.
Por su parte, el alcalde de Doral, Luigi Boria, presentó la carta que enviará a la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos -que convoca a 19,500 municipios en el país-, en la que denuncia los atropellos del régimen de Maduro en Venezuela.
“Con esta carta estamos dando a conocer todas las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Venezuela”, dijo Boria. “Además le pedimos a la OEA para que convoque a una reunión de emergencia para que se vean lo que allá [en Venezuela] está ocurriendo”.
