Luego de conocerse que el Consejo de Política Criminal hizo serias críticas al proyecto de referendo de prisión perpetua para violadores y agresores de menores, desde el Congreso han pedido que se deje decidir al pueblo sobre este tema.

Aunque en su concepto, el Consejo califica hasta de “populista” la iniciativa de la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez Gómez, desde el Partido de La U le han pedido a la Cámara de Representantes aprobar el proyecto en los dos debates que le restan.

El presidente de ese partido, Juan Lozano Ramírez, dijo que aunque ese concepto es “respetable”, éste no obliga a hundir el proyecto en el Capitolio Nacional.

“La Cámara debe tomar una decisión frente a ese particular y yo soy de la opinión que estos temas sensibles el pueblo debe ser quien los dirima”, explicó.

Lozano consideró que lo que realmente está en juego es la puesta en marcha de un mecanismo de opinión popular.

“Creo que hay un camino que establece la propia Constitución para que estos asuntos sensibles se le consulten a la ciudadanía y lo deseable es que ese camino no se frustre y sean los colombianos los que tomen esa decisión”, añadió.

¿Qué dijo la Comisión sobre el proyecto?

El proyecto de referendo sobre cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de 14 años no contaría con la ‘bendición’ del Gobierno y, siendo así, su aprobación en el Congreso —donde sólo le restan dos debates, en Comisión Primera y Plenaria de la Cámara de Representantes— queda en entredicho. ¿La razón? El Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria considera que es una iniciativa “inviable”, que representa una forma de “populismo” o “demagogia punitiva” y que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”. Además, puede “agravar las dificultades del sistema penal, como el hacinamiento carcelario”.

La decisión tendría como sustento un informe de 38 páginas presentado al Ejecutivo por parte de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano —que está integrada por juristas de la talla de Iván González, Yesid Reyes y Rodrigo Uprimny, entre otros—, que básicamente expone la improcedencia del referendo y de la aplicación de la cadena perpetua en el ordenamiento jurídico-penal del país.

El Espectador tuvo acceso a dicho informe, titulado “Observaciones de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano a la iniciativa sobre la imposición de cadena perpetua a ciertos delitos realizados contra menores”, el cual fue expuesto la semana pasada al Gobierno, que habría decidido acoger los planteamientos allí consignados en materia de los inconvenientes tanto de fondo como de forma que tiene la propuesta de referendo.

Uno de los argumentos que más llaman la atención tiene que ver con lo que los expertos de la Comisión han denominado “populismo o demagogia punitiva”. Señala el informe que se corren riesgos cuando se legisla emocionalmente y “estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal”.

En diálogo con este diario, Yesid Reyes, vicepresidente de la Comisión Asesora, explicó que “la condena de cadena perpetua va en contra del ordenamiento jurídico y constitucional de Colombia y desconoce que existen diversas posibilidades de resocialización de las personas privadas de la libertad”. Con ese mismo argumento, en el informe se afirma que si el problema es que un violador de menores no puede controlar sus impulsos, se trataría de un problema médico, sicológico o incluso psiquiátrico, y en ese caso la condena no debería ser en un centro penitenciario, sino en una entidad en la que se le pueda realizar una tratamiento adecuado.

La Comisión aclara que comparte la preocupación sobre la gravedad de la violencia, tanto física como síquica y sexual que hoy padecen muchos menores edad en el país. Asimismo, se muestra preocupada porque, al decir de muchos analistas, funcionarios y representantes de las fuerzas políticas, la gran mayoría de esos crímenes quedan en la impunidad. Sólo que, según su criterio, la iniciativa de cadena perpetua “no avanza en la mejor dirección y se torna en altamente inconveniente, amén de inconstitucional”.

Asimismo, señalan que el Congreso —como cuerpo representativo que es— no debe limitarse a ser un mero notario forzado a tramitar toda iniciativa popular. “Por el contrario, en el marco de la democracia representativa a él le corresponde deliberar y discutir la iniciativa y, si encuentra que ella es inconveniente, injusta o inconstitucional, debe proceder a rechazarla y ordenar su archivo”.

En materia de derecho internacional, explica Yesid Reyes, no se puede pretender tampoco hacer comparaciones a medias con las normas de otros países. “Ellos (quienes impulsan el referendo) exponen que en Alemania e Inglaterra existe la cadena perpetua, pero, en la práctica, quienes reciben esta condena, a los 12 ó 15 años quedan en libertad porque ya fueron resocializados”.

Pero además de las razones de fondo están las de forma. Para la Comisión, la iniciativa legislativa “está atravesada por una profunda paradoja que conduce a su inexequibilidad y es la siguiente: si la propuesta se aprueba conforme al texto con el cual fueron recogidas las firmas, entonces el mandato que de allí surge es el de imponer automáticamente la cadena perpetua para todos esos delitos y, en ese caso, es clarísimo que el proyecto transgrede principios medulares del Estado de Derecho (como los de dignidad de la persona humana, igualdad, proporcionalidad, gradualidad de las penas, del acto, culpabilidad, lesividad, autonomía y libertad de las personas; y, añádase, la capacidad de resocializarse del ser humano), por lo cual equivale a una sustitución de la Constitución”.

Y agrega: “Pero si el órgano legislativo intenta reducir su irracionalidad, previendo que la cadena perpetua sea un límite posible para algunos casos pero que no se aplica de manera automática a esos delitos, entonces se desconoce el procedimiento propio de los referendos constitucionales de iniciativa popular, pues se altera el texto con base en el cual fueron recogidas las firmas (y dicho sea de paso, sin corregir verdaderamente la irracionalidad de la medida). Por ambas vías, entonces, la conclusión que se impone es que este proyecto de ley debe ser archivado por inconstitucional”.

El Espectador buscó conocer la posición sobre el informe de la senadora Gilma Jiménez, principal impulsora del referendo de cadena perpetua en el Congreso, pero no fue posible contactarla. Sin embargo, en una reciente entrevista con este diario, expresó su temor sobre “caer en el escenario de justificar lo injustificable”, señalando que cuando a los violadores se los gradúa de enfermos, de entrada los están justificando. “Cualquier país del mundo, cualquier sociedad que no convierta a sus niños en su principal capital social, es un país que está condenado a desaparecer. Es un asunto más de fondo que la sola violencia. Tiene un elemento moral, pero también de sostenibilidad de país (…) Pensemos en función de los niños, no de ellos”, concluyó.

Elespectador.com

Redacción Política

Agosto 9 de 2011