Un año atrás, en Washington y en medio de una gran pompa, los presidentes de nuestro país, Juan Manuel Santos, y de Estados Unidos, Barack Obama, encabezaron la celebración de los 15 años del Plan Colombia. Se hizo un recuento de los orígenes de la estrategia en el gobierno Pastrana y los resultados que a lo largo de tres lustros dio en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La premisa más reiterada fue que gracias al Plan un país que a finales del siglo pasado estaba ad portas de ser un “estado fallido”, por cuenta del auge del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, logró retomar poco a poco la eficacia en el campo militar, cambiar la ecuación del largo conflicto armado y, por ende, recuperar la preponderancia de la autoridad estatal en muchas zonas del país en donde, literalmente, primaba la ley del más fuerte.
Tanto Santos como Obama dieron a entender en sus pronunciamientos que el Plan Colombia ya había cumplido su ciclo en materia antidroga y antiterrorista y, por lo tanto, debería aplicársele una reingeniería que permitiera escoger un nuevo enfoque, más integral y amplio. Bajo la tesis de que la alianza político-militar de estos 15 años sirvió para ganar la guerra a la subversión y los grandes carteles, ahora, con el proceso de paz con las Farc en la recta final, el énfasis podría ser el posconflicto. Incluso se rebautizó la estrategia como “Paz Colombia”. Por último se anunció que la ayuda para 2016 sería equivalente a 450 millones de dólares, monto que podría incrementarse de acuerdo a las necesidades de la aclimatación de la paz en nuestro país.
Pero incluso en medio de ese ambiente festivo se recuerda que voces de muy importantes congresistas de los partidos Republicano y Demócrata aprovecharon la gira de Santos para advertir sobre los riesgos de amplios márgenes de impunidad a los culpables de graves violaciones de derechos humanos en Colombia. Fue obvio que las críticas se dirigían contra el recién anunciado acuerdo entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, sobre el sistema judicial para procesar a los guerrilleros, militares, policías y civiles que incurrieron en delitos graves y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Y también se alertó sobre la preocupación que ya existía entonces en la Casa Blanca y el Departamento de Estado por el aumento de la extensión de los narcocultivos, que muchos relacionaban con la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato a los sembradíos ilícitos y la disminución de la operatividad militar y policial por las contingencias propias del proceso de paz.
Sin embargo, en estos últimos doce meses se registraron dos hechos que, hace un año, a nadie se le pasaban por la cabeza. De un lado, meses después de la cumbre presidencial en la Casa Blanca las autoridades estadounidenses revelaban que la extensión de narcocultivos en Colombia se había duplicado en los últimos dos años, llegando así a 159 mil hectáreas. Y, de otra parte, tras una campaña electoral bastante accidentada, Donald Trump, a quien en febrero de 2016 no le daban ni la más mínima opción siquiera de ganar las primarias republicanas, fue elegido en noviembre pasado como nuevo presidente de Estados Unidos.
¿Al cumplir el Plan Colombia 16 años cuál será su futuro? La respuesta todavía es incierta. Mientras que desde el Departamento de Estado se advierte que se revisará el proceso de paz en Colombia para establecer si se mantiene el apoyo al mismo, los responsables antidroga, según ha trascendido, están muy alarmados por los datos preliminares que manejan sobre el crecimiento de los narcocultivos en el último año. Aunque se dice que podrían estar cerca ya de las 200 mil hectáreas, hay que esperar al dato oficial al término del primer trimestre de 2017.
De lo advertido por Trump en su campaña, luego como presidente electo y ya en las dos semanas que lleva en ejercicio, es claro que su política exterior se basa en la productividad de las ayudas, así como en exigir un mayor aporte económico y operativo del país receptor de las mismas. En cuanto al tema de las drogas ha dado a entender que se trabajará más para reprimir el narcotráfico. Precisamente con base en ello es que se prevé que el Plan Colombia no va a cambiar de énfasis antidroga sino que, por el contrario, se profundizará aún más. En ese marco circunstancial, el apoyo a la nueva etapa del proceso de paz dependerá de qué tanto este contribuye a desmantelar carteles, delatar rutas, disminuir efectivamente los narcocultivos y la exportación de cocaína. La deserción de guerrilleros en zonas de alta densidad de cocales no es una buena señal para Washington.
Como se ve, el Plan Colombia sí va a ser reformado, pero no para cambiar de objetivo, sino para enfatizar aún más su prioridad antidroga. Un año atrás la perspectiva era distinta pero, hoy, no queda más que adecuarse a las coyunturas y las realidades. No hay de otra.
