Planes secretos de las Farc

En mayo de 2013 la cúpula militar le expuso al presidente Santos sus preocupaciones por la suerte de los diálogos de paz en La Habana.

En mayo de 2013, al tiempo que las delegaciones del gobierno Santos y las Farc alcanzaban el primer acuerdo en La Habana titulado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, los altos mandos de las Fuerzas Militares le hicieron saber al presidente hacia dónde iba la guerrilla. Con información suministrada por inteligencia de la Policía, en una reunión confidencial en La Macarena (Meta), la cúpula militar le expuso a Juan Manuel Santos cuál era el plan B de las Farc mientras negociaban la paz en Cuba.

La fase secreta que antecedió a los diálogos de paz se dio entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012. Tres meses antes, el 4 de noviembre de 2011, en la llamada ‘Operación Odiseo’, fue abatido en el Cauca el entonces jefe máximo de la guerrilla Alfonso Cano. Desde ese día, la Policía empezó a desencriptar la información de los computadores del número uno de las Farc. Dieciocho meses después los secretos develados fueron la base del reporte entregado al presidente Santos en la cumbre de La Macarena.

Según estableció El Espectador, el punto de partida fue una comunicación de Alfonso Cano a los demás miembros del secretariado, fechada el 16 de agosto de 2008, en la que después de resaltar las relaciones de Timochenko con “amigos colaboradores del presidente Chávez”, el sucesor de Manuel Marulanda —muerto en marzo de ese año— reiteró la necesidad de poner en marcha cuanto antes el “Plan Renacer Revolucionario de las Masas”, una estrategia para recuperar el espacio político-social afectado por las “victorias del enemigo en el espacio geográfico”.

Alfonso Cano ordenó disponer de US$6 millones del fondo del secretariado para adquirir material de guerra y comunicaciones, aumentar las minas antipersonas y los cursos de explosivistas, fortalecer la táctica de francotiradores ordenada desde la Octava Conferencia, infiltrar al Ejército con falsos soldados profesionales y lograr la negociación de misiles para contrarrestar el poderío aéreo de las Fuerzas Militares. En este último aspecto, la comunicación reconocía el daño que les había causado los bombardeos de la Fuerza Aérea.

En la exposición de mayo de 2013, liderada por el entonces comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, se discutió otro correo que circuló entre el secretariado el 7 de febrero de 2010, con instrucciones sobre cómo evitar más estragos en sus filas por los ataques aéreos. Entre ellas, acostarse a las 6 y 30 de la noche “para no alumbrar” en la selva; prohibir la entrada de civiles a campamentos, o condicionar “los regalos de computadores, cámaras de video o GPS” para evitar microchips que delataran su ubicación (ver recuadro “Las órdenes de ‘Marulanda’”).

Sin embargo, no era esta la información clave. Además de lo militar, que en esa reunión se explicó con los planes de los distintos bloques de las Farc, los altos mandos detallaron los proyectos políticos de la insurgencia consignados en correos del secretariado. Se trataba de los planes “Independencia Definitiva” y “Masas”, circunscritos al período 2010-2014, que pretendían darle vida al Consejo Patriótico Nacional, un “frente amplio de izquierdas” y organizaciones sociales dirigido hacia una insurrección de masas y paros cívicos.

Una calculada estrategia para asistir a los productores de cultivos ilícitos, crear comités de impulso a las Zonas de Reserva Campesina y desarrollar acciones de campaña social en torno a temas como seguridad alimentaria, cabildos abiertos rurales, sindicatos de agroindustria, jornadas nacionales de protesta y marchas regionales. Un objetivo que incluía infiltrar los movimientos estudiantiles, organizar a los trabajadores rurales informales con enlaces clandestinos, acentuar las expresiones de poder popular locales y promover la formación de cuadros políticos.

En ese momento, mayo de 2013, se cocinaba el acuerdo agrario en La Habana, pero también empezaba a tomar forma la protesta campesina. Primero en la región del Catatumbo, a partir de junio, y rápidamente se extendía a otras regiones del país. La cúpula militar le hizo énfasis a Santos en que todo hacía parte de una estrategia dirigida desde La Habana y consecuente con las directrices del secretariado. La idea era, según los análisis de la Fuerza Pública, demostrar la capacidad de tener bases sociales suficientes para crear un partido político.

El Espectador conoció toda la documentación que los altos mandos de las Fuerzas Militares utilizaron para exponerle al presidente sus preocupaciones por lo que estaba sucediendo: correos electrónicos de las Farc, análisis de especialistas de inteligencia e informes “ultrasecretos” sobre la radiografía paralela de la insurgencia hicieron parte del dossier que terminó en la presentación de La Macarena. Los militares leyeron en las protestas la encarnación de los planes guerrilleros y eso le advirtieron a Santos.

Sin embargo, el presidente les hizo saber que debían continuar sus operaciones, pero que su política era insistir en el proceso de La Habana. Desde ese día, empezó el malestar de algunos altos oficiales que veían cómo los objetivos de las Farc —descubiertos por la inteligencia de las Fuerzas Armadas— se estaban cumpliendo a cabalidad. Un mes atrás, en abril de 2013, el expresidente Álvaro Uribe había revelado las coordenadas secretas que permitieron la salida de una comisión de las Farc hacia Cuba. Ya la tensión política era mayor.

Como lo advirtieron los militares, el segundo semestre de 2013 estuvo marcado por los paros agrarios. Ellos lo atribuyeron a los planes paralelos de las Farc que habían develado. Pero en la mesa de La Habana ya se hablaba del segundo punto de la agenda sobre participación en política. Se rumoraba entonces que el comandante del Ejército, general Mantilla, con el apoyo de un sector castrense, estaba incómodo con la postura del Gobierno de mantener la negociación y desatender los riesgos advertidos por los servicios de inteligencia.

En agosto de 2013, el presidente resolvió el asunto con el cambio de la cúpula. Hoy está claro que sucedió una semana después de que la Fiscalía ordenara desmantelar la llamada Sala Gris del Ejército —que funcionaba en la sede de inteligencia militar en Bogotá—, por supuestas ‘chuzadas’ a los negociadores de La Habana. Ya en ese momento, la campaña política de 2014 cobraba forma: Álvaro Uribe formalizó su aspiración al Congreso, Santos dio las primeras pistas de su intención reeleccionista y el proceso de paz quedó irremediablemente en un sánduche electoral.

Aunque la nueva cúpula militar respaldó a Santos, quedaron oficiales inconformes o, al menos, dubitativos frente al proceso en La Habana. Desde entonces, su confianza era la presencia en la delegación del gobierno del excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Jorge Enrique Mora. Entre otras razones porque a él cada semana le entregaban los detalles sobre los planes paralelos de las Farc, los temores y las dudas de la tropa y sus hallazgos y proyecciones en relación con la expectativa de negociar la paz en medio de la guerra.

Uno de los documentos estudiados por esta comisión de enlace entre Mora y la cúpula militar, según conoció El Espectador, fue un análisis del general (r) Adolfo Clavijo, que concluyó que el documento suscrito entre el Gobierno y las Farc que inició el proceso de paz había sido escrito por la guerrilla, que los deberes del acuerdo sólo obligaban al Gobierno, que nada se decía sobre el fuero militar, que era evidente la injerencia de la izquierda política nacional y extranjera, pero que la actitud procedente era apoyar el proceso con condiciones.

Al caer el telón de 2013, cuando las protestas agrarias cesaron, se firmó el segundo acuerdo de participación en política. Vino una tregua de fin de año, pero se veía venir la crisis. Estalló en febrero pasado con dos escándalos en seguidilla: las revelaciones de Semana sobre una central de inteligencia llamada ‘Andrómeda’, desde la cual se habrían espiado a los negociadores en La Habana; y las conversaciones del coronel Róbinson González del Río —procesado por ejecuciones extrajudiciales— con contratistas y militares implicados en un presunto tráfico de armas y corrupción.

La crisis se llevó por delante a seis generales —incluido el comandante del las FF.MM., Leonardo Barrero—, pero Javier Rey Navas se fue por su voluntad y a su renuncia agregó un hecho inédito: le solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, a través de un explosivo documento en el que reveló que sí hubo fricciones entre el Gobierno y quienes como él exteriorizaron sus críticas al proceso en Cuba. Además hizo saber que fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien lo desacreditó ante el presidente.

En su documento señaló que fue preparado para el mundo de la batalla, pero no para los “cálculos políticos”; y se preguntó qué pasará con la tropa frente al proceso de diálogo y si los uniformados son “un estorbo para el proceso de paz” cuando piden un trato respetuoso. “¿Veremos mañana a quienes por décadas nos han enseñado a tratar como enemigos, como alcaldes, gobernadores, senadores?”, se cuestionó Rey. Sus quejas condensan en buena medida los reparos que en mayo de 2013 le hicieron el general Mantilla y otros oficiales al presidente sobre los planes de las Farc.

Hoy, mientras espera noticias sobre su inédita petición a la CIDH, el general Rey prefiere guardar silencio e insiste en círculos privados en un supuesto complot para desacreditarlo a él y a los cinco generales que salieron de la línea de mando. Este diario estableció que todos los descabezados —los generales Manuel Guzmán, Fabricio Cabrera, Diego Sánchez y Jaime Reyes— siguen esperando el decreto que motive su salida. Tampoco es cierto que se hubiera pedido investigación formal en su contra, como se informó erróneamente el jueves pasado. Pero la Fiscalía indaga.

Entre tanto, el presidente-candidato se apresta a enfrentar la primera vuelta en los comicios del 25 de mayo, quedaron en evidencia las fricciones en la cúpula por las advertencias aparentemente desatendidas por el Gobierno sobre los aparentes planes paralelos de la guerrilla y todo quedó en manos de los organismos judiciales. Y, por supuesto, el proceso en La Habana quedó atravesado por la contienda electoral.

Las órdenes de ‘Marulanda’

En uno de los correos fechado el 7 de febrero de 2010 se ordena seguir al pie de la letra 24 instrucciones dadas por ‘Manuel Marulanda’ para evitar que los campamentos guerrilleros sean bombardeados. Entre estas, apagar radiorreceptores en los campamentos al paso de aviones; tener claro que las plantas eléctricas son detectadas por su calor; vigilar que en radios, grabadoras o armas no se camuflen microchips para ubicar a los guerrilleros; acostarse a las 6:30 de la tarde y levantarse a las 5:30 de la mañana “para no alumbrar”; no acampar en áreas descubiertas; “los servicios de baño tienen que ser ocultos”; “utilizar la hornilla vietnamita para no dejar salir luz y humo”; impedir alumbrar en los relevos de guardia; evitar que la población civil sepa la ubicación del campamento; “vigilar que nadie tome las coordenadas del lugar”; si hay un desertor, “desocupar el campamento sin pérdida de tiempo”; no usar luces para mover vehículos o transportes fluviales.

Plan Independencia Definitiva

En un correo electrónico de septiembre de 2010 se asegura que son cuatro las etapas para desarrollar su estrategia: 2010, aprestamiento; 2011, constitución e impulso; 2012 y 2013, proyección, y 2014, consolidación. Un proyecto que quedó consignado en el correo a través de seis frentes: movimiento de masas, comunicación, formación, ideología y cultura, frente internacional y producción. En lo concerniente al movimiento de masas se establecía patrocinar y fortalecer sus enlaces con grupos sociales y al tiempo promover movilizaciones o paros. En el frente internacional, reeditar sus nexos con organizaciones extranjeras para visibilizar sus acciones. Sobre formación, se habla de desarrollar “cuadros” para “la conducción de la organización política”.

La estrategia de la Jacobo Arenas

En una comunicación de 2013 se advierte que las Farc pretenden minimizar los estragos del Plan Espada de Honor de las Fuerzas Militares; conformar un grupo de francotiradores para asegurar los operativos en el suroccidente; acentuar los ataques con cilindros y bombas en Santander de Quilichao y otros municipios de Cauca. Además, en los planes descubiertos por la inteligencia militar se pretendía que cada unidad guerrillera instalara 10 campos minados “para detonar al enemigo” y se habla de comprar 40 mil tiros de fusiles .762; mantener la creación de cédulas del Partido Comunista Clandestino y construir cohetes antiaéreos y granadas.

Los planes del bloque Occidente

En uno de los correos hallados del 3 de enero de 2012 se evidenciaron los planes del bloque Occidente de las Farc. Por ejemplo, se establecieron criterios para el cobro de impuestos de droga: “Kilo de base comprado en el área, cobrar entre $120 mil y $150 mil; kilo de cristal procesado en el área, cobrar entre $100 mil y $150 mil; el cruce de base, entre $50 mil y $80 mil, más $20 mil para inversión social”. Además, se ordena financiar un taller de artillería y explosivos de la columna Jacobo Arenas, así como “recuperar la zona Pacífica con organización de masas y garantizando seguridad a quienes pagan el impuesto”. También se ordena combinar acciones de francotiradores, morteros y campos minados, desarrollar actividad político-militar en Popayán; en materia de inteligencia se ordena realizar “contactos con familiares y amigos de soldados en el Ejército” y “desarrollar contrainteligencia” para evitar la infiltración. Sobre finanzas se lee que los frentes ubicados en Nariño deben cumplir con una cuota de $3 mil millones para mantener la organización.

Los difíciles días del ministro Pinzón

El año 2014 no ha sido el más próspero para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Tres hechos han enlodado la labor que desempeña en su cartera y lo han expuesto a la opinión pública teniendo que enfrentar a la opinión pública. Cuando apenas repuntaba febrero, la revista Semana reveló la existencia de un local comercial donde operaba la central de interceptaciones ilegales ‘Andrómeda’ del Ejército y que, al parecer, espió a los negociadores del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba. Unos explosivos hallazgos que tomaron por sorpresa al ministro y a la institución que comanda. No pasaron dos semanas cuando estalló un nuevo escándalo de corrupción en las Fuerzas Militares, cuyo principal protagonista fue el coronel (r) Róbinson González del Río y que derivó en el cambio inmediato de la cúpula. Y el 26 de febrero, por un error de la oficina de prensa del Ministerio, se divulgaron detalles de la agenda que el jefe de la cartera trataría durante su visita a Washington.

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