Plebiscito para la paz

Se había aprobado una ley para el “referendo por la paz”, pero ahora el gobierno anuncia que la refrendación de los acuerdos con las Farc se hará mediante plebiscito. ¿Qué y cómo irán a preguntar?

El gobierno, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el mecanismo de participación popular mediante el cual está previsto que la ciudadanía se pronuncie sobre los eventuales acuerdos de paz con las Farc, será el plebiscito.

La refrendación popular de los acuerdos ha sido una promesa política del presidente Juan Manuel Santos. En 2014 fue reelegido con esa fórmula: prometió la paz negociada, pero atada a la condición de que sea el pueblo colombiano quien tenga “la última palabra” sobre los acuerdos suscritos con la guerrilla.

Y esa promesa no ha estado exenta de vacilaciones y vaivenes. La utilización de las palabras por parte del presidente, de miembros de su gobierno y del propio equipo negociador en La Habana ha incurrido en equívocos e imprecisiones.

La realidad es que la de refrendación está contemplada en la agenda trazada en el Acuerdo general para la terminación del Conflicto, suscrito entre el Gobierno y las Farc (26/08/2012), en el punto 6-6.

Es decir, las Farc deberán dar su visto bueno. Como recientemente una delegación parlamentaria estuvo en Cuba buscando el beneplácito de la guerrilla para la legislación especial que está en trance de aprobarse -no hablamos de debatirse-, es posible que los cabecillas de las Farc hayan impartido instrucciones a los congresistas sobre este particular.

El gobierno está plenamente consciente de las dificultades, no sólo logísticas, de la convocatoria a un mecanismo de participación popular para la aprobación -o negación- de los acuerdos. “El referendo sería un suicidio”, dijo este año el presidente. Y de allí sus palos de ciego. El año pasado, de hecho, el gobierno impulsó el trámite y aprobación de una ley (la 1745 del 26 de diciembre de 2014) que tenía como objeto permitir la realización de un referendo constitucional para termina el conflicto armado, con la novedad de poder hacerlo el mismo día de otras elecciones. Se modificó el régimen legal vigente, y la pretensión oficial era hacer el referendo el pasado 25 de octubre, conjuntamente con las elecciones regionales. Confiaba en que las Farc tomarían en serio la promesa presidencial de que este sería un proceso “de meses y no de años”.

Ahora se tramitará con mensaje de urgencia una ley de plebiscito, sin que las Farc se los haya validado. Otra ocasión para ofrecerles el disfrute de ver cómo se desgastan las instituciones colombianas mientras desde La Habana se reservan un poder de veto.

El plebiscito, como lo ha dicho la Corte Constitucional, se convoca para que el pueblo se manifieste sobre su aceptación o no de determinada política del gobierno. Según otra ley recientemente expedida, la 1757 de 2015, las preguntas “estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no”. Por eso la redacción de la pregunta es clave. Ahí se mostrará la buena fe, la transparencia y la honestidad del gobierno y del Congreso frente a los colombianos.

Senadores oficialistas han dicho que en el plebiscito se dará oportunidad de votar negativamente “a quienes no quieran la paz”. Dejan en evidencia la trampa dialéctica: poner como enemigos de la paz a quienes no convengan con el contenido de los acuerdos, o con la forma como se negoció con las Farc.

Es fundamental lo que se decidirá en los próximos días. Se requiere con urgencia una opinión pública alerta, vigilante, que supere esa especie de anestesia ante las consecuencias de lo que se está aprobando en el Congreso en materia de legislación para la paz, que tendrá efectos aun no previstos sobre la armazón constitucional de nuestro Estado de Derecho.

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