Sicarios de grupos criminales asesinan a uniformados y civiles y le plantean al Gobierno Nacional el reto de imponer autoridad y de proteger a sus ciudadanos. Un “plan pistola” inadmisible.

Las hipótesis iniciales indican que cuatro policías han sido asesinados en Antioquia dentro de un “plan pistola” que, como retaliación, ordenó uno de los jefes del denominado Clan del Golfo. Los asesinatos, además de repudiables, constituyen un reto mayúsculo y descarado de las bandas criminales a la capacidad del Gobierno Nacional de proveer seguridad a los ciudadanos y a los mismos integrantes de la fuerza pública.

En el otro lado de esta racha homicida en el territorio nacional figura la muerte de seis líderes sociales, durante los últimos 15 días, a manos de sicarios de grupos no identificados que envían un pésimo mensaje sobre la protección posible, por parte del Estado, a organizaciones civiles y comunidades en zonas de presencia histórica de las Farc y otros grupos armados ilegales.

De un lado, según un informe de EL COLOMBIANO, una estructura criminal de notorios vínculos con el narcotráfico es capaz de matar y atentar contra patrulleros policiales. Y del otro, tal cual lo cuestionan diferentes actores y fuerzas políticas, avanzan las amenazas y los disparos contra líderes en torno a los cuales gravita el proceso Gobierno-Farc.

Contra el Clan del Golfo se desarrolla, hace casi dos años, la Operación Agamenón. Un operativo del pasado 14 de noviembre, que por poco permite la captura de alias “el Indio”,Aristides Meza Páez, miembro de la cúpula de los también llamados “Urabeños”, parece haber desatado el nuevo plan para asesinar policías. Lo grave es que este mismo criminal estuvo involucrado en otro concierto para delinquir similar en mayo pasado.

El país no se puede permitir que perviva más este tipo de organizaciones y asesinos que “ordenan” la muerte de colombianos, y mucho más impensable de policías, con tal nivel de impunidad, temeridad y daño a las instituciones. En ninguna democracia sólida y con autoridad es aceptable que los criminales pongan por objetivo a integrantes de las Fuerzas Armadas y lo cumplan con aterradora eficacia. Este caso recuerda el ejemplo perverso de tiempos del narcoterrorismo de Pablo Escobar contra policías en Medellín.

Frente a esta denuncia tan grave, con cuatro asesinatos ejecutados, solo cabe la mayor firmeza y contundencia en la reacción del Estado. Que alias “el Indio” y el “Clan del Golfo” reciban la respuesta oficial que merece tal afrenta a la legalidad y semejante desprecio por los servidores de la patria.

No son inferiores las obligaciones del Gobierno Nacional ante la reciente racha de homicidios de líderes sociales. La misma Fiscalía, la OEA y la ONU coinciden en advertir las difíciles y precarias condiciones de seguridad en que se encuentran los activistas. Según el Polo Democrático, en 2016 van 71 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados.

Ese ambiente de violencia selectiva cierra oportunidades al logro de la reconciliación ciudadana en Colombia. Ninguna organización civil, movimiento político o líder social puede estar en peligro o convertida en objetivo militar de bandas criminales y “fuerzas oscuras”, por razones ideológicas, religiosas o culturales.

Los asesinatos de activistas comunitarios son una mala señal de la capacidad que tendrán el Gobierno y el Estado, en el futuro inmediato, para afrontar con credibilidad procesos de desarme, desmovilización y construcción de paz.

El presidente Juan Manuel Santos debe leer en estos hechos mensajes inequívocos de que el control y la seguridad en el territorio no están en su mejor momento.