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Miércoles 21 de Agosto del 2019

¿Por qué una Asamblea Constitucional?

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 17/12/2018

 

Congreso de Colombia - Foto: eltiempo.com

La infamia del Congreso a ojos vista
Reforma a la justicia, ¡aquí y ahora!

La idea de que la reinstitucionalización del país es un tema secundario puede ser el despropósito más lesivo a los intereses nacionales. Pero así pasan las cosas, cuando no se escucha el clamor popular. Basta con detenerse un instante en el dramático resultado de las encuestas para constatar la absoluta pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Existe allí la gestación de una crisis de Estado, si acaso no estamos ya en pleno desarrollo de una anarquía perniciosa y acomodaticia, que nadie quiere ver, a la que todo mundo hace el quite y que prefieren asordinar, sacándole el bulto a las verdaderas responsabilidades políticas.

El panorama es todavía peor cuando el Congreso, ante los ojos atónitos de los ciudadanos, se lava las manos y pretende endilgarle el embrome al gobierno, exclusivamente. Tómese, por ejemplo, el caso de la urgente reforma a la justicia. Como era de suponerse, ésta se vino a pique de acuerdo con el destino fugaz que los parlamentarios le tenían señalado de antemano. Solo era de esperar el momento exacto para decretar el acta de defunción, pero la reforma estaba muerta desde el nacimiento. Sobre eso no hay que llamarse a engaños. Y así se concretó al final de la legislatura, no sin antes hacer la pantomima de mucho debate y estudio para darle la estocada. Ahora resulta que, tras la faena distractora, los congresistas le caen a la ministra del ramo. Faltaba más no poner a otro funcionario, de los que ya se ha perdido la cuenta, en la molienda estrepitosa, gobierno tras gobierno. En efecto, ‘comer’ ministro de Justicia parece el plato exultante de la gastronomía criolla. Pero ya está bien de indigestión. Es hora de tomar el toro por los cuernos.

Es decir, volver a la propuesta hecha varias veces y desde hace años en esta columna editorial, o sea convocar a una Asamblea Constitucional (mal llamada Constituyente) a fin de poner a la justicia colombiana a tono con los tiempos con-temporáneos. Se nos ha dicho que no se puede, que no está reglado, que eso de elegir a unos expertos en la materia, para llegar a un consenso por la vía democrática, es una sin salida porque de lo que se trata es de hacer prevalecer los incisos mientras el barco de las instituciones se hunde, para usar el símil, con las luces encendidas. Y todos tan tranquilos ante la catástrofe avizorada desde el puerto. Semejante marasmo tendría el costo apabullante de los indolentes. ¿Qué la idea de la Asamblea Constitucional no está reglada? Pues tampoco lo estaba la recién erigida figura del fiscal ad-hoc por parte de la Corte Suprema. ¿Qué el experimento resultaría inédito? Vamos a ver. Precisamente en eso consiste la política cuando se trata de encontrar posibilidades frente al bloqueo que algunos, desde el Parlamento, quieren plantearle de reto inaudito a los colombianos. Aun así, si se cree que el espíritu santanderista debe priorizarse a toda costa, podría recurrirse a la iniciativa legislativa popular por cualquier grupo de ciudadanos que se atreviera a activarla o, en su defecto, invocar un plebiscito de umbral exiguo, como el que ya las autoridades pusieron en práctica. ¿No sé podría acordar, asimismo, que como parte del aún vacío Pacto Nacional el Gobierno recibiera de todos los partidos representados en el Congreso un número razonable de juristas para organizar un documento que luego se tramitaría como un acto legislativo de conjunto? En suma, y fuera lo que sea, es a todas luces menester rechazar la política del statu quo a la que quieren condenarnos quienes buscan interponer sus intereses personalistas y minúsculos, a través de la pócima esa que ahora se conoce como “mermelada” y antes obedecía al nombre un poco más directo de “lentejas”, frente a los apremiantes requerimientos del bienestar general.

Para ello, claro está, se necesita primordialmente de una sensibilidad sobre el concepto de lo institucional. La noción de que el Estado aguanta todo, inclusive andar el camino sin ley ni orden, a la bulla de los cocos, contiene una conducta infame. No hay en ello ningún fruto de bendición posible, porque así no es dable ni siquiera reconocer la gigantesca erosión que sufre el organismo social al no templar y adecuar su estructura. Sin embargo, la democracia es un acumulado de instituciones cuyo propósito está fijado naturalmente en el bien común. Cualquier acción en contrario atenta contra el devenir democrático. Y eso es precisamente en lo que incurre el Parlamento al no hacer nada para tonificar y actualizar las instituciones del país. Una infamia.

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