En medio de la crisis de la justicia mucho se ha hablado de presunción de inocencia pero les propongo hablar de presunción de decencia. Es cierto: al magistrado Jorge Pretelt no se le ha condenado por delito alguno pero hoy sus actuaciones generan dudas.

Si bien es su derecho que se presuma su inocencia, tal vez lo mínimo que una sociedad debe exigir a sus dirigentes es que podamos presumir su decencia.

Y ahí está el problema: hoy el magistrado Jorge Pretelt está bajo sospecha. No solo por las 3 denuncias en su contra sino porque ya aceptó haber cometido “el error” de reunirse con abogados que tenían asuntos pendientes en la Corte Constitucional. Esto último puede no ser un delito pero es una falta grave que genera suspicacia sobre sus actuaciones y se esperaría que una persona en su cargo sea intachable. Pero con cada nuevo detalle que se conoce crecen las sospechas.

Los hombres públicos encargados de conducir a la sociedad deberían darnos certezas y no incertidumbres. Por eso en ciertos cargos no debería bastar con tener un certificado judicial que indique que no se han tenido condenas, se debería tener un prestigio, un nombre que genere respeto y confianza.

Si bien, como dijo el presidente, no delinquen las instituciones sino las personas, lo cierto es que llevamos años viendo un creciente deterioro de la fe y la confianza que tenemos los ciudadanos en esas instituciones por cuenta de que muchas de las personas que las componen se han beneficiado de ellas, se han lucrado y han torcido tanto la ley como la ética buscando no el servicio público, como les corresponde, sino prebendas particulares.

No se trata sólo del magistrado Jorge Pretelt. Muchos congresistas, ministros, jueces, magistrados y también colegas periodistas, van por el mundo reclamando para ellos la presunción de inocencia pero generando todo tipo de dudas sobre sus conductas públicas o privadas.

El asunto no es de color político como pretende ahora mostrarlo —en una inteligente estrategia de defensa— el magistrado Pretelt. Esto no se trata de uribistas o santistas. No hay color político en esta crisis. Nuestra historia reciente está salpicada de escándalos que involucran a la izquierda, a la derecha, al centro, a todas las extremas, a hombres y mujeres. Aquí no hay ideología dueña de la moral. Los partidos dan avales a personajes con su certificado de inocencia penal bajo el brazo pero de quienes no se puede presumir la decencia sino todo lo contrario. Se pide a los investigados que consigan votos mientras los meten a la cárcel, se nombra en altos cargos a funcionarios con múltiples investigaciones abiertas sin pudor, los blancos se eligen en las curules de los afrodescendientes, se trafican influencias y los procesados por todo tipo de corruptelas se atornillan a sus puestos porque renunciar por dignidad no es común en Colombia.

Presumir la inocencia nos ordena la ley y así debe ser por derecho pero a nuestros dirigentes les debemos exigir, como sociedad, que por lo menos podamos presumir su decencia.