El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2017 y el que actualmente se discute en las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes y el Senado, es una expresión de las dificultades fiscales que enfrenta el país.

Así, el Presupuesto para el próximo año es de 224,4 billones de pesos lo que representa un incremento de 6,6 por ciento con respecto al de 2016, que es de 210,6 billones. Este aumento está por debajo del nivel de inflación esperada, lo que significa una reducción del PGN en términos reales.

De otra parte, en el Presupuesto se tiene proyectado un nuevo ajuste en los gastos de funcionamiento. En particular, la nómina del Estado se mantiene congelada y los gastos generales y los contratos de prestación de servicios se recortan en 5,0 por ciento. Esto representa un ahorro de 1,2 billones de pesos.

El PGN implica una reducción de 10,3 por ciento en la inversión pública, la que pasa de 36,6 billones en 2016 a 32,9 billones el año entrante. Con esto se cumplen tres años consecutivos en que la inversión es objeto de recortes presupuestales.

La gran mayoría de sectores se ven afectados por el recorte en la inversión. Sin embargo, son el agropecuario y el de minas y energía los que presentan las mayores contracciones (41,0 y 39,8 por ciento, respectivamente).

Por su parte, los sectores más beneficiados (sumados los recursos de funcionamiento e inversión) son educación con 33,5 billones de pesos, Defensa y Policía con 29,5 billones, Trabajo con 27,5 billones y Salud con 21,4 billones.

Las conocidas rigideces del Presupuesto y las que a cuenta del auge de las materias primas parecieran haber menguado, nuevamente, y como resultado de la destorcida del precio del petróleo, se convierten en fuertes restricciones para el fisco nacional.

Basta con señalar que, para 2017, el pago de la deuda pública más las transferencias de Ley representan casi el 70 por ciento del PGN.

En particular, la deuda pública pasa de 47,2 billones de pesos en 2016 a 54,3 billones el próximo año y el total de transferencias de Ley aumentan de 91,4 billones de pesos a 100,3 billones, respectivamente.

Entre las transferencias se destacan el pago de pensiones que pasa, entre 2016 y 2017, de 33,2 a 38,2 billones de pesos y las transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP) que lo hace de 33,3 billones a 36,5 billones de pesos.

Un aspecto que evidencia la magnitud de las dificultades fiscales que se tienen es que el proyecto de Ley de PGN de 2017 que se discute en el Congreso no contempla los recursos que debe generar la reforma tributaria estructural que el Gobierno presentará a principios del próximo mes de octubre y tampoco incluye los destinados a las acciones asociadas al posconflicto.

Una restricción adicional que se tiene es el compromiso del Gobierno de cumplir con la regla fiscal y el cual obliga a que el déficit fiscal se reduzca progresivamente hasta representar, en 2022, el 1,0 por ciento del PIB.

Dada la difícil y compleja problemática que se enfrenta en materia fiscal, la discusión del Presupuesto de 2017 no sólo debe abordar la forma como se corregirán los desbalances en la distribución de la inversión pública, sino que se requiere ahondar sobre las medidas que deben implementarse para asegurar la eficacia del gasto público..