Los resultados positivos se empiezan a notar
Urge recuperar parques y entornos escolares
Se cumple hoy el primer mes de aplicación del decreto que restringió el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes en sitios públicos, especialmente en entornos de instituciones académicas, parques y otros lugares en donde la presencia de menores de edad es prevalente. Contrario a lo que sus críticos preveían, estas primeras cuatro semanas de vigencia de la norma han tenido un muy buen recibo en la ciudadanía, que ha visto cómo es posible, poco a poco, volver a caminar e incluso disfrutar de algunos espacios abiertos que habían sido tomados, literalmente, por grupos de drogadictos que consumían abiertamente marihuana, basuco, cocaína y otras sustancias narcóticas, con todos los riesgos que ello implica, no solo porque se trata de personas que se tornan violentas, intolerantes y hasta peligrosas para ellas mismas cuando están bajo la influencia de estupefacientes, sino porque los niños y adolescentes que tienen que exponerse a esta clase de situaciones corren el riesgo caer en las garras de las drogas, ya sea porque los convencen de ‘probarlas’ o porque los jíbaros se las ingenian para volverlos dependientes.
El pasado domingo, en entrevista con este Diario, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Omar Rubiano Castro, hizo un corte de cuentas sobre la aplicación del decreto. Indicó que, por ejemplo, a esa fecha se habían impuesto casi 33 mil órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con el porte de sustancias psicoactivas o prohibidas. De igual manera, casi 2.300 personas fueron capturadas por delitos como porte y tráfico de estupefacientes. Igualmente los operativos habían permitido recuperar muchos parques y lugares públicos que antes eran ocupados por personas que consumían drogas, en tanto que la labor de los uniformados estaba recibiendo el respaldo ciudadano, sobre todo porque el procedimiento está basado en el artículo 159 del Código Nacional de Policía y Convivencia.
Incluso el hecho de que las cifras sobre decomiso de drogas no sean muy altas, termina por evidenciar que quienes las consumen entienden que hay unas nuevas reglas del juego al respecto y, por lo tanto, se cuidan de no portar estupefacientes en áreas públicas y solo hacer uso de las mismas en los entornos privados, en donde pueden hacerlo bajo su libre albedrío, según lo autoriza la jurisprudencia constitucional. Esto último es importante, ya que los críticos del decreto habían advertido que la aplicación del mismo terminaría afectando ese ámbito privado de consumo, pero nada de ello ha ocurrido, como tampoco que alguno de los portadores de la dosis mínima en lugares públicos haya sido judicializado por ese solo hecho. Cosa distinta es cuando se detecta una cantidad muy superior a la despenalizada, ya que allí se configura un delito y la autoridad policial, Fiscalía y jueces deben proceder en consecuencia.
Otro de los presagios que se quedó en veremos fue el de que tan pronto como el decreto entrara en vigencia alguien en cualquier lugar del país forzaría, vía acción de tutela, su congelamiento. Hasta el momento ningún recurso de amparo ha llevado a la suspensión del mismo e incluso ya la Corte Constitucional no admitió una demanda contra la norma dictada por el gobierno Duque, bajo la tesis lógica de que conocer y determinar la legalidad de los decretos es una facultad del contencioso administrativo, es decir el Consejo de Estado, ante el cual ya cursa una acción en ese sentido y deberá esperarse su fallo en algún tiempo. Como es apenas obvio, la ciudadanía espera que los magistrados tomen en cuenta los resultados altamente positivos de este primer mes de aplicación, lapso en el cual no se evidencia en modo alguno violación de los derechos y garantías a los consumidores. Si bien aún es muy pronto para evaluar cuál ha sido el impacto en materia de combate al microtráfico y disminución de delitos cometidos por personas intoxicadas o relacionadas con las drogas, todo parecería indicar que en el campo de la seguridad ciudadana hay una mejoría progresiva.
Claro que se necesitan más ajustes al procedimiento policial, una mayor socialización de la norma con la ciudadanía así como con los drogadictos y sus familiares. Lo ideal es que a partir del primer corte de cuentas mensual que hagan las autoridades sobre el nivel de efectividad del decreto y las dificultades que se han detectado en el día a día de los operativos en las calles, se apliquen los correctivos del caso. Sin embargo, la bondad de la restricción al porte y consumo de estupefacientes en sitios públicos es indiscutible y sería un error craso reversarla.
