Dos hechos: uno, el ministro de Salud pidió “suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos”; dos, esta semana se conoce que el año pasado los cultivos de coca aumentaron un 39 %.
El ministro se basa en un estudio de la Agencia para Estudios contra el Cáncer (IARC) que dice que el glifosato es un “posible carcinogénico”, en particular del llamado linfoma de no Hodgkin. La lista tiene productos y actividades en las que habría “limitada evidencia” de carcinogenia en humanos. De inmediato, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania dijo que el estudio de la IARC solo había revisado una selección arbitraria de trabajos previos y que no había considerado innumerables otros estudios que presentan evidencia contraria, entre ellos el último estudio oficial alemán del 2014. El IARC admite que no realiza ninguna “evaluación de riesgos” y que “unos resultados positivos puede ser suficiente para declarar un peligro, aunque también haya estudios negativos”.
De hecho, son centenares los estudios que sostienen que el glifosato no es cancerígeno, que su toxicidad es baja y que no hay evidencia que muestre una asociación entre una exposición moderada de largo tiempo a la sustancia y alguna otra enfermedad, excepto algún efecto dermatológico. Entre ellos hay trabajos de las agencias reguladoras de la Comunidad Europea, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, del citado Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas y de decenas de centros académicos en Europa, Canadá y Australia. En Colombia el Instituto Nacional de Salud ha recibido desde 2001 cerca de 80 quejas de ciudadanos que alegan haberse visto afectados en su salud por el uso del glifosato. Todas han concluido que no había nexos de causalidad entre la aspersión con glifosato y la afectación alegada por el reclamante.
Por otro lado, esta semana la Embajada de Colombia en Washington envió al presidente Santos un documento oficial de los Estados Unidos donde se reporta un incremento de 39 % en el último año de los cultivos de coca. Los narcocultivos de coca pasaron de 85 mil hectáreas a cerca de 112 mil en 2014. Volvimos a los niveles de coca de 2007. El documento sostiene que además “la producción de cocaína se incrementó en un 30 %, pasando de 185 toneladas en 2013 a 245 en 2014”. Y va más allá: “los mayores incrementos en el cultivo se dieron en zonas que comprenden reserva indígena y en la franja de protección acordada con Ecuador, en los dos casos, áreas donde actualmente no se realiza fumigación aérea”. Las áreas más afectadas son Putumayo, Nariño y el Catatumbo.
El costo de erradicación manual de una hectárea de coca es cinco veces mayor que asperjando. En diez años, en tareas de erradicación manual han muerto 197 personas, 145 miembros de la Fuerza Pública y 52 civiles, y ha habido 687 heridos.
Las Farc controlan como mínimo el 60 % de la producción de coca en el país y el año pasado sus ingresos por narcotráfico ascendieron a 1.7 billones de pesos. En diciembre del 2013, en La Habana, en sus “diez propuestas mínimas” sobre drogas y narcotráfico, pidieron la suspensión “inmediata” de las aspersiones con glifosato.
¿Alguien es capaz de explicar racionalmente que debamos exponer aun más la vida e integridad de civiles, militares y policías porque hay un estudio no conclusivo, contrario a centenares anteriores, que advierte sobre un posible riesgo cancerígeno del uso del glifosato? ¿Y que se pida la suspensión de la aspersión de narcocultivos y en cambio no se diga ni una palabra de su uso como herbicida en casas y en otros sembradíos?
Si del principio de precaución se trata, lo que se debe precaver es el costo humano y económico de la erradicación manual y los efectos nefastos de los ingresos por narcotráfico de las organizaciones criminales. Lo demás es ingenuidad. O hipocresía. O complacencia con los criminales.
