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Autor: José Obdulio Gaviria

Fecha: 18/05/2011

Los estudiosos debieran repasar la historia de la ley 684 del 2001. Su vida, pasión y muerte es museo vivo del secular enfrentamiento conceptual entre el partido de los ‘caguaneros’ y el de la ‘Seguridad democrática’, en el cual se enmarca el debate ‘conflicto armado interno sí; conflicto armado interno no’.

Corría el 2001. Colombia era el caos. Luego de años de veleidades apaciguacionistas, el Gobierno y el Congreso abandonaron el lenguaje de «solución negociada del conflicto social y político armado» (inventado por la propia organización terrorista Farc) y asumieron el idioma confrontacional, con la adopción de instrumentos propios de una política de seguridad y defensa nacional.

Antes, Caguán había llenado de razones al Gobierno y a la sociedad para no combatir. Marulanda dejó su silla vacía, pero con el discurso que leyó ‘Joaquín Gómez’ embelesó a la bigornia. Desde ese día fue lugar común que «mientras no superáramos las causas objetivas de la guerra no habría paz; que la culpa del terrorismo era la injusticia; más aún, que el verdadero terrorista era el Estado; y las Farc, las protectoras de las víctimas de ese Estado y las garantes de la vida y el progreso del pueblo».

Ese lenguaje de las ‘causas’ nos fue inoculado hábil y sutilmente, casi subliminal, con un guión tipo película infantil: leyeron un inventario de marranos y gallinas robados a los campesinos por el malévolo gobierno de burgueses y terratenientes; y describieron a soldados, policías, alcaldes y jueces como una feroz e insensible horda de criminales de Estado.

Curiosamente, nunca nadie le ripostó a ‘Marulanda’ recordándole que el ataque a las ‘repúblicas independientes’ fundadas por el Partido Comunista había ocurrido varias décadas atrás. Estar alzados en armas por algo tan remoto en el tiempo y tan superado por la modernidad y por la Constitución era parecido a lo que pasó con los soldados filipinos, que permanecieron en las selvas desde 1944 hasta 1974, convencidos de que todavía se peleaba la Segunda Guerra Mundial.

La defenestrada ley 684 rompió el embrujo ‘caguanero’ y era panacea contra el empecinado virus terrorista encarnado en Auc y Farc. Institucionalizaba la acción integrada de las autoridades y la comunidad para hacer uso de la fuerza, porque «es deber de todos los colombianos apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas»; hablaba de inteligencia estratégica e involucraba en la tarea a todo el mundo: ejecutivo, legislativo y judicial.

¿Saben qué pasó? Pues aquellos activistas que se empeñan siempre en que digamos que sí, que aquí sí hay una guerra civil, la demandaron ante la Corte Constitucional, porque era ‘guerrerista’. ¿Entonces? ¿Hay o no hay guerra? Claro que sí, según ellos, pero una guerra justa, si se veía desde la perspectiva de las Farc; e injusta, si se veía desde la perspectiva del Estado. Por la época en que ciertas oenegés firmaron la demanda contra la ley ‘guerrerista’, publicaron el libro Colombia, ¡nunca más! En él se lee: «Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas (Farc), un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión (…) La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda, pero no reduciendo la acción de exterminio a los alzados en armas, sino llevándola a amplias capas de población civil desarmada (…)».

Guerra es guerra. Si el gobierno Uribe hubiera podido aplicar el sistema de teatro de operaciones que autorizaba esa ley, otro gallo cantaría. Por eso se empeñaron en derogarla. No podían darle esa gabela al Estado.

José Obdulio Gaviria
Eltiempo.com
Mayo 18 de 2011