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Autor: José Félix Lafaurie

Fecha: 03/10/2015

Una vez suscrito el Acuerdo de Justicia Transicional ya suenan las trompetas solemnes que anuncian el advenimiento de la paz, pero también las sombrías trompas de caza, que llaman a persecución y cacería de brujas para meter en la Jurisdicción Especial a quienes, a juicio de las Farc y sus agentes oficiosos, son los verdaderos responsables de la violencia en el país.

Las Farc se salieron con la suya y lograron socializar su culpa. Todo el estamento político, institucional, económico y militar de las últimas décadas es tanto o más culpable que la guerrilla y, por ende, hay que ir en su busca y llevarlo ante la nueva jurisdicción. Y como entramos en una etapa de modernidad judicial que desestima la prueba o el testimonio verificable para privilegiar “el contexto”, entiende uno la insistencia en la investigación de las raíces del conflicto y en la Comisión de la Verdad, con investigadores puestos a partes iguales por el Gobierno y las Farc, como sucederá seguramente con la selección de jueces y magistrados de la jurisdicción que habrá de juzgarlos a ellos y a sus enemigos. Tamaño poder jamás lo ha tenido el ciudadano del común, sometido voluntariamente al Estado de Derecho y bastante indefenso ante la justicia.

Ya circulan amenazantes trinos de Anncol cuya autenticidad no está confirmada, pero falta que hace, pues basta entrar a ese medio digital de las Farc para sentir el viejo discurso altisonante, cantinflesco y descarnadamente violento, que habla del “oligopolio mediático contrainsurgente de Colombia” para referirse a los medios, alaba las tropelías de Maduro y las califica como “el plan integral del gobierno venezolano para recuperar sus fronteras”, insulta groseramente a senadores y funcionarios, del Presidente para abajo; arremete contra “el imperio” y mantiene encendida la candela del odio de clases.

Desde allí se anuncia que no habrá impunidad -¡qué tal!, los pájaros tirándole a las escopetas- “para los responsables de los crímenes de lesa humanidad en la cruenta guerra civil nacional”, lista en la que hay expresidentes, líderes políticos y, también, “cientos de empresarios, cientos de terratenientes, centenares de exgobernadores, exalcaldes, directores de medios, magistrados y ex magistrados”.

El sistema pareciera estar diseñado más para facilitar esa cacería de brujas que para juzgar a las Farc. Causa escalofrío revisar las explicaciones de Juan Carlos Henao, quien abrió un gran debate cuando afirmó que “el principio es que no hay personas que estén por fuera del sistema”. Pero también aclaró su capacidad para abrir Cajas de Pándora, pues “Su competencia es sobre todo el conflicto armado (…). “Puedo decir que el Tribunal quedó con facultad de revisar sentencias de otras jurisdicciones”, para lo cual el sistema puede actuar de oficio. “El Tribunal es el órgano de cierre y no hay ningún recurso que pueda atacar esa decisión. Es decir, después de que hay sentencia del Tribunal, hasta ahí llegamos”.

Hasta ahí llegamos, ¿Quiénes? Porque los crímenes de las Farc son incuestionables: ¿Serán los inocentes enredados por falsos testigos y ahora por “el contexto”? ¿Los miles de declarados inocentes en casos cerrados por un Estado de Derecho que se había prometido no vulnerar? ¿Miles de productores agropecuarios, industriales, comerciantes, multinacionales inclusive, que fueron extorsionados por unos y otros, pero hoy pueden ser acusados de apoyar el paramilitarismo, mientras la extorsión guerrillera, como ya sucedió con el narcotráfico, terminará siendo la contribución a una legítima causa revolucionaria?

Se abre un camino, pero la jurisdicción especial para la paz no puede ser la hoguera de una cacería de brujas, ni puede ser convertida en una amenaza sustitutiva a la de las armas.