Polémica decisión le abre el camino a procesos judiciales contra el líder opositor.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), controlada por el oficialismo, hizo este martes efectiva la orden de dejar sin fuero al jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y autorizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para enjuiciarlo penalmente por usurpación de funciones.

La decisión se da un día después de que el TSJ pidió a la Constituyente levantar la protección del líder opositor, al señalar el desacato a la orden de no salir del país.

#EnVideo ?? | Pdte. de la ANC @dcabellor introduce moción de urgencia para discutir allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó tras solicitud remitida por el TSJ pic.twitter.com/ySiPyvZDNx
— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 2 de abril de 2019

Ahora se espera que la Fiscalía –también oficialista– recabe las pruebas de la investigación en contra de Guaidó y las remita al TSJ. En esta instancia se definirá si hay un juicio y si el líder opositor debe ir preso mientras dura el proceso.

El artículo 200 de la Constitución venezolana establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá “en forma privativa el TSJ, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

Al conocer la decisión, Guaidó se refirió a ella como un “ataque” del régimen y convocó una megamanifestación para este sábado: “Se siguen equivocando cuando piden paredón, cuando ni siquiera se atreven a poner la palabra ‘allanamiento’ en el decreto, dijo el líder anoche frente a una congregación en Caracas. “Tengo la responsabilidad y el compromiso de seguir adelante, de que no nos van a sacar del camino (…) Quiero saber quién, qué funcionario se va a prestar para secuestrar al presidente de la república”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dijo: “Esto es parte de la historia nuestra (…) Queda el Supremo autorizado, y démosle el tiempo a la justicia”, agregó.

El líder chavista defendió la tramitación de la notificación del Supremo a través de la ANC, afirmando que la Asamblea Nacional, declarada en desacato por el máximo tribunal, no funciona. “No hay una Asamblea Nacional en ejercicio, está en desacato”, dijo, para luego agrega que la Carta Magna “prevé el mecanismo de llamar a una asamblea nacional constituyente”, y “por eso está llegando aquí la solicitud para continuar el juicio”.

Según afirmó, la que “sí existe, y es muy poderosa”, es la ANC, que no reconoce la oposición y la considera ilegítima, y afirmó que la justicia terminará actuando contra Guaidó, que el pasado 23 de enero invocó la Constitución para asumir como presidente encargado del país al considerar que Nicolás Maduro es un “usurpador”.

La decisión fue tomada tras una sesión en la que tomaron la palabra cuatro constituyentes que pidieron sanciones y culparon a Guaidó de “apátrida”, “lacayo”, “fascista” y “terrorista”, entre otros calificativos.

También lo consideraron responsable de “acciones terroristas” y de “crímenes de lesa humanidad” contra el pueblo, así como de poner el país en peligro al llamar a la calle para generar situaciones de violencia.

No estaba claro inmediatamente qué sucederá tras la decisión de la constituyente, pero en otros casos contra opositores, los procesos han sido abreviados.
Iglesia denuncia represión

En paralelo, el Parlamento acordó este martes pedir apoyo a Naciones Unidas para enfrentar la grave crisis eléctrica que se desató el 7 de marzo con masivos apagones, y que mantiene sin agua a millones de venezolanos.

Por la emergencia, Maduro sacó el lunes del gabinete al cuestionado ministro de Energía Eléctrica, general Luis Motta, reiterando que los apagones fueron provocados por Estados Unidos y la oposición para derrocarlo. Guaidó y algunos expertos aseguran que los cortes son resultado de años de abandono y corrupción en el sector.

El domingo, Maduro ya había declarado un racionamiento eléctrico de 30 días y acortó la jornada laboral de ocho a seis horas diarias, para enfrentar el caos que ha generado saqueos en el petrolero estado Zulia (oeste) y protestas espontáneas en Caracas, reprimidas por los "colectivos", grupos afines al oficialismo.

La Iglesia católica denunció este martes la "falta de respuesta" oficial a la emergencia, y acusó al gobierno de alentar a los "colectivos" -algunos armados- a "reprimir a la gente". Las acciones contra Guaidó se producen cuando planea una movilización hacia el palacio presidencial de Miraflores -en fecha no establecida-, como parte de lo que llama "operación libertad".

El político de 35 años no ha dado detalles de ese operativo, del que, según anunció, habrá un "ensayo" el próximo sábado durante nuevas manifestaciones, con las cuales intenta quebrar el apoyo de la Fuerza Armada al gobierno. Como es costumbre, el chavismo responderá sacando a las calles a sus partidarios.

Maduro acusa a Guaidó de ser un "títere" de Donald Trump para organizar una invasión y entregar a Washington el control de la mayor reserva petrolera del mundo, mientras el opositor lo señala de comandar una "dictadura" soportada únicamente en la cúpula militar.