Alejandro Ordóñez se enfrenta con dureza con Eduardo Montealegre por las penas para responsables de crímenes atroces.

Las ideas de Montealegre no fueron bien recibidas en el alto gobierno. A la controversia se sumó el procurador Alejandro Ordóñez

Hace unos días, dos propuestas relacionadas con el proceso de paz por parte del fiscal general Eduardo Montealegre encendieron una polémica nacional. La primera, el desminado por parte de los integrantes de las Farc, como pena alternativa; y la segunda, la no extradición y la clausura de los procesos para los miembros de esa guerrilla.

Las ideas de Montealegre no fueron bien recibidas en el alto gobierno. El ministro de Justicia Yesid Reyes las calificó de “aisladas y personales”. A la controversia se sumó el procurador Alejandro Ordóñez, quien mediante una carta sentó su posición.

Semana.com conoció la misiva que fue radicada al ministro Reyes. En ella Ordóñez celebra que el gobierno “sea consciente que tan exótica propuesta (la del fiscal) puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional”.

Para Ordóñez, “aceptar que no existan penas de prisión efectiva ante los actos de ferocidad y barbarie, convertiría la búsqueda de la paz en un proceso de impunidad total absoluta”.

En el documento se solicita al Gobierno Nacional que “anuncie su disposición a que se lleve a cabo un ‘debate previo’ sobre las penas que se deberán imponer a quienes sean responsables de crímenes atroces”. Argumenta Ordóñez que se trata de tener claridad sobre “las medidas en materia de justicia transicional que sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales para los integrantes de las Farc”.

Por lo que advierte que cuando se suscriba el acuerdo con las Farc “solo existe garantía de que se pueda cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas” indica la carta.

El procurador advierte que “una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado (integrantes de las Farc), invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas, lo que daría una intervención a la CPI”.

Con esta dura misiva el procurador entra al ring creado entre el fiscal y el ministro de Justicia por el camino jurídico para imponer una pena a los integrantes de la guerrilla que hayan cometido delitos atroces.