Photo Uribe
Logo Small

Jueves 19 de Septiembre del 2019

¡Procurador tiene la razón!

Publicado en:

Revista Semana  | 

Autor(a): Uriel Ortiz Soto  |

Fecha: 22/03/2015

 

Foto: Alejandro Ordóñez Maldonado / elpais.com.co

El Ministerio Público es un ente independiente y autónomo, con funciones de vigilar los actos de las tres ramas del poder público con el fin de proteger a los ciudadanos.

Es muy peligroso para el país, cuando el presidente de la República discrepa de las actuaciones del máximo jefe del Ministerio Público – desde luego que como jefe de Estado, le corresponde velar por el orden público en todo el territorio nacional-, pero también debe entender que todo está dentro de sus límites y que jamás puede descalificar las recomendaciones del jefe del Ministerio Público, que en este caso es el señor procurador General de la Nación, en cabeza del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

A la mayoría de los colombianos nos ha parecido que la mediación del doctor Ordoñez dentro del proceso de paz es justa y valedera, puede ir mucho más allá de las emociones que le está poniendo el señor presidente a la firma del proceso, con un cúmulo de puntos que no son nada claros y que precisamente con la intervención del Ministerio Público se pueden solucionar muchas dudas. Como lo acaba de manifestar el general (r) Óscar Naranjo: “En La Habana no hay nada acordado”.

Aceptar la tesis de la no injerencia de la Procuraduría dentro del proceso de paz sería dejar a los ciudadanos a merced de la voluntad del Ejecutivo, sin ningún ente de control que regule la agenda de los diálogos, que si bien la mesa de negociación por parte del Gobierno está integrada por personas lo suficientemente experimentadas, hay que dar cumplimiento a las normas constitucionales que regulan el derecho de los colombianos de estar representados por los agentes del Ministerio Público, que para este caso es la Procuraduría General de la Nación.

Debemos entender que en el proceso de paz que se adelanta hay comprometida una serie de situaciones tan extremadamente delicadas, en las cuales están incursos cada una de las partes negociadoras, que por lo tanto deben quedar lo suficientemente claras, para que cuando el final del conflicto sea refrendado por uno de los mecanismos de participación ciudadana, bien sea vía referendo o constituyente, los votantes lo hagan con verdadero conocimiento de causa, mas no sobre escenarios abstractos y poco convincentes.

No solamente la Procuraduría, sino también la defensoría de Pueblo y demás ONG nacionales y extranjeras, deben tomar parte activa en la vigilancia de este proceso, con el fin de que haya mayor claridad en cuanto a las responsabilidades compartidas, que debe corresponder en el caso de aplicar la justicia transicional, para cada caso en particular.

La reciente reunión que sostuvo el señor procurador con el señor presidente de la República con el fin de aclarar una serie de puntos que no están nada claros en la agenda de diálogo, en la cual el señor presidente manifestó su disgusto puesto que se hicieron algunas objeciones de fondo -que consideramos sumamente válidas- da a entender cuán peligroso es el camino de conseguir una paz, simplemente por el solo hecho de firmarla, sin prever las consecuencias futuras, especialmente las que se derivan del llamado posconflicto, que es aquí precisamente donde está la prueba de fuego para su perdurabilidad.

Debemos entender que el posconflicto es escenario fundamental para conocer qué tan consistente quedó la firma del acuerdo de paz, es donde vamos a ver si realmente los reinsertados y los desplazadas se van a acoger a lo pactado, con las heridas aún sin cicatrizar como en el caso de masacres colectivas, desplazamiento forzado, violaciones de mujeres y menores, reclutamiento de menores de edad, voladura de infraestructuras, y en fin, la inmensa lista memorial de agravios cometidos por la guerrilla en sus más de 50 años de conflicto armado, si realmente tienen perdón y olvido de parte de las víctimas del conflicto.

La Constitución Política del 91 en su artículo 275 define muy claramente que el procurador general de la Nación es el jefe del Ministerio Público y tiene entre sus funciones: representar a los ciudadanos en todos los actos  de gobierno, judiciales y administrativos, esta apreciación constitucional abarca para la procuraduría, la supervigilancia de las tres la Ramas del poder público, es decir, que ninguno de ellos se puede llamar a ser soberano e independiente en sus decisiones, máxime cuando está de por medio el bien común de los 46.000.000 de Colombianos dispersos por todas las regiones de la patria.

En su artículo 277 la Constitución le ordena a la Procuraduría General de la Nación: “Vigilar en cumplimiento de la Constitución: las leyes, decisiones judiciales y actos administrativos”, pero más allá, la de “defender los intereses de la sociedad y las comunidades organizadas bajo el esquema de un bien común.

En resumidas cuentas, de acuerdo con el mandato constitucional, al procurador, como jefe máximo del Ministerio Público, le corresponde por norma constitucional avalar las decisiones que sobre el proceso de paz se acuerden en La Habana, Cuba, entre los negociadores del Gobierno y los representantes de las FARC, no aceptar este principio sería ir en contravía del ordenamiento constitucional y como consecuencia lógica, se firmaría un Acuerdo de Paz con inmensas probabilidades de ser sujeto de demandas ante los organismos nacionales e internacionales.

En consecuencia, el proceso de paz debe estar lo suficientemente blindado de necedades y saboteos, pero también abierto para que organizaciones reconocidas y legalmente constituidas que quieran coadyuvar a su desarrollo y estructura, especialmente en la etapa posconflicto, lo hagan sin ningún obstáculo, hacer lo contrario sería entrar al campo de los egoísmos que nos llevaría a la anarquía de los planes y programas de desarrollo especialmente para la etapa crucial del posconflicto.

El proceso de paz se debe hacer entre todos, la firma del acuerdo, con el concurso de todos, y la etapa posconflicto debe tener los ingredientes de: proyectos con la suficiente calificación del recurso humano frente a los diferentes procesos de desarrollo.

Otros artículos en Destacados de Otros Medios

Este es un espacio para que el lector comparta su opinión sobre el contenido del portal, que puede ser expresada en forma libre y sin restricciones siempre y cuando guarde el debido respeto a las ideas ajenas y no contenga expresiones despreciativas u ofensivas. La Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia (FCPPC) se reserva el derecho a borrar los comentarios que en su opinión contravengan esos principios y deja constancia de que NO respalda los comentarios de los lectores ni necesariamente se identifica con ellos.

Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia - Presidente Vitalicio: Álvaro Uribe Vélez
Carrera 7 Número 46-91 - Tel: 3107724587 - Bogotá D.C., Colombia - Atencion@pensamientocolombia.org

NOTA: El cumplimiento de las normas y estándares técnicos dictados y actualizados permanentemente por el "WORLD WIDE WEB CONSORTIUM - W3C", fundado y dirigido por Sir Tim Berners-Lee inventor del "Web", es indispensable para mantenerlo abierto y en óptimo funcionamiento. Insólita y lamentablemente, el 99.999% de las páginas web en el mundo están plagadas de errores de programación que degradan dramáticamente su velocidad y la operación global del "Web". Por esa razón, esta Fundación siempre ha hecho grandes esfuerzos por mantener un portal técnica y estéticamente ejemplar, con contenidos interesantes y libres de errores. De los más de MIL MILLONES (1.000'000.000) de portales, éste (FCPPC) se encuentra en el minúsculo y privilegiado 0.00001% que cumple a cabalidad TODAS las especificaciones técnicas del W3C relacionadas abajo y que además logra una calificación mínima de 98/100 en TODAS las pruebas de desempeño de "Google PageSpeed". Compruébelo usted mismo haciendo clic sobre cualquiera de estos botones:

HTML5 Válido CSS3 Válido! RSS Válido Google PageSpeed