El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez manifestó frente a más de 1.500 integrantes de las Fuerzas Militares que "existe una guerra jurídica y política en contra de las Fuerzas Militares de Colombia".
Ordóñez dijo que hay sectores comprometidos en esta supuesta "guerra" y que por eso ha dado instrucciones al personal de la Procuraduría para que estén vigilantes en los procesos para que se respete el derecho al debido proceso.
"Ha hecho irrupción en nuestra jurisprudencia lo que se denomina el derecho penal del enemigo y con éste, no importa los hechos sino el investigado y entonces no se le aplica el derecho ordinario porque se considera que es un enemigo de la sociedad que hay que judicializar, condenar y estigmatizar", añadió.
El jefe del Ministerio Público dijo estas palabras señalando que en las Fuerzas Militares hay una inseguridad jurídica e incluso un miedo por las investigaciones contra sus integrantes.
Ordóñez afirmó que por esta causa se acepta que se "pongan penas desproporcionadas" y puso como ejemplo el caso del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado a 30 años por la desaparición forzada de dos personas en hechos ocurridos tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985.
A su juicio, esa sentencia es desproporcionada y es un ejemplo de que en Colombia el crimen sí paga ya que -dijo- la Comisión de la Verdad establecida para analizar los hechos ocurridos en la toma y la retoma, señaló que el M-19 actuó financiado por el dinero del narcotraficante Pablo Escobar.
"Es un mensaje subliminal: que el ejercicio legítimo de la Fuerza, es ilegítima y que es legítima la barbarie de la subversión", añadió.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Edgar Cely, reveló este lunes que las Farc siguen presentes en Venezuela, como lo denunció a mediados del 2010 el gobierno del entonces mandatario Álvaro Uribe.
Vanguardia.com Marzo 03 de 2012
