La intimidación y asesinato de ciudadanos que orientan y defienden a sus comunidades deben ser detenidos por el Gobierno Nacional. La ONU exigió resultados y firmeza para protegerlos.
El liderazgo social ejercido por ciudadanos comprometidos con sus comunidades es fundamental para la democracia. Es un signo de la salud de las libertades y de los derechos que deben amparar las leyes y los gobiernos, para que haya quienes organicen, defiendan y representen a grupos diversos en lo social, lo político, lo religioso, lo cultural y lo cívico. Proteger a estas personas es una prioridad. Así acaba de recordárselo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Colombia.
Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo confirman que, entre el 1 de enero de 2016 y lo que va de 2018, 282 líderes han sido asesinados en el país, ante lo cual, y con sobrados argumentos, se escucharon fuertes pedidos de Noruega, Holanda e Italia, en el seno de ese organismo, para que el Estado colombiano detenga la racha de ataques, intimidaciones y homicidios contra quienes defienden los intereses de grupos y movimientos sociales.
Son reiteradas las solicitudes de protección en zonas críticas como Chocó, Tumaco, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, donde se dan persecuciones e incluso secuestros (en la región del Naya, por ejemplo), y donde han caído luchadores de larga trayectoria por las balas de grupos armados ilegales y otros agentes de violencia amparados en la clandestinidad.
Los líderes son individuos indispensables en el trabajo por los derechos humanos, las libertades políticas, religiosas y de desarrollo de la personalidad. Igual, cumplen una tarea clave en la organización de redes comunitarias y campesinas en las zonas rurales de aquel país donde la presencia del Estado es precaria o nula.
A su tarea de promoción e integración de la ciudadanía en barrios y pueblos periféricos se debe la construcción de carreteras, escuelas, puestos de salud, senderos, instalaciones deportivas y cooperativas, entre otros equipamientos y entidades esenciales para permitir el desarrollo social y el bienestar económico, además de la libre expresión y las manifestaciones culturales de minorías y grupos de base que de otra forma permanecerían dispersos, sin herramientas e incluso indiferentes frente al avance y la consolidación de la vida democrática.
Por eso 86 de los 193 Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitaron a las autoridades colombianas velar por la integridad y la seguridad de los líderes para ejercer su gestión en los territorios.
Noruega solicitó puntualmente que se investiguen y prevengan los ataques. Holanda advirtió que se detectan agresiones sistemáticas y reclamó que se activen los mecanismos para que haya verdad y justicia en torno a los asesinatos ocurridos. Italia pidió mayor presencia del Estado en las zonas donde se da con mayor frecuencia la violencia contra los líderes. En total, fueron 200 las recomendaciones recibidas.
Una manera de demostrar que Colombia transita de verdad un período de posconflicto —bastante cuestionado por el auge de bandas criminales y disidencias que continúan el azote a las comunidades y sus líderes— es garantizar el derecho esencial a la vida de quienes son agentes de cambio, transformación y robustecimiento de la democracia.
Colombia debe apurar en la solución de un asunto de fondo: la racha de asesinatos de personas indispensables en el afianzamiento de un escenario social deliberante, solidario, diverso y tolerante.
