Digan lo que digan, la verdad es que todo lo que ha sucedido, en días recientes, da lugar a que se formulen muchas preguntas y a que nazcan dudas, que deben ser aclaradas por el Gobierno.

En las circunstancias actuales, es imposible dejar de pensar que el afán de anunciar el acuerdo sobre justicia con las Farc, antes de la Asamblea General de la ONU, y a pocos días de las elecciones regionales, tenía el propósito de producir un impacto internacional y de ayudarles a los candidatos afectos al Gobierno en sus campañas electorales.

Esto no es todo.

El hecho de que solamente se le haya entregado a la opinión un comunicado de 10 puntos, a todas luces incompleto, y se sigan ocultando los 75 puntos que hacen parte del documento que acordaron el Gobierno y las Farc, alimenta los interrogantes.

Y que no se diga que lo anterior es especulación.

El doctor Álvaro Leyva, quien participó en la redacción del texto, lo dijo públicamente y lo mostró a los televidentes, con la prudencia, de parte suya, de no revelar el contenido.

E hizo bien, porque no es a él a quien le corresponde hacer la publicación del marco de justicia, en el que han decidido coincidir Santos y Timochenko.

Siendo así las cosas, hay que decir, con toda claridad, que el Gobierno está incumpliendo con sus deberes y cometiendo un grave error.

Es inaceptable que, tratándose de un asunto de tanta incidencia para la vida del país, la actitud del Jefe de Estado sea la de hacer una bulla mostrando parte apenas de lo acordado, y siga escondiendo la totalidad de lo que se firmó.

¿Qué era lo que quería?

¿Aplausos solamente y no debate detallado?

Pues, si eso era lo que buscaba, se equivocó, porque las manifestaciones de júbilo han ido abriéndoles paso muy rápidamente a muchos interrogantes y críticas.

No podía ser de otra manera.

Es que lo que se dio a conocer preocupa, porque podríamos estar caminando hacia un escenario en el que las Farc harían uso de la jurisdicción especial para la paz, con el fin de tratar de derrotar judicialmente el Estado que no pudieron vencer mediante el terrorismo.

Esta es la conclusión que se desprende, de lo que se conoce hasta hoy, de la competencia que tendría dicha jurisdicción.

De no ser así, lo que debe hacer el Gobierno es aclararlo, y abrir un amplio debate para que la gente pueda decidir, con conocimiento de causa, si aprueba o rechaza los acuerdos.

Cada día que pasa es más urgente que se le explique al pueblo colombiano, detalladamente, qué fue lo que se hizo en su nombre.

Todos tienen derecho a saber si se van a respetar los principios del juez natural, debido proceso, y juez imparcial.

Asimismo, a los ciudadanos se les debe aclarar cuál es el alcance de la autoría indirecta, de los crímenes cometidos en el contexto, y los límites temporales de la nueva jurisdicción.

Todos están a la expectativa de que se les diga cómo se va integrar el Tribunal para la paz, cuáles serán las condiciones de los magistrados, las inhabilidades e incompatibilidades que tendrán, y las sanciones que les aplicarán en el caso de que incumplan con sus obligaciones.

Hasta que lo anterior, y otros temas, no se conozcan en detalle, se tendrá la impresión de que lo que se hizo fue construir un poder judicial paralelo sobre la base de los conceptos de las Farc.

Para que todo sea claro, y no haya malas interpretaciones,  publique el acuerdo, señor Presidente.