La esencia de la democracia es la expresión libre de las opiniones e ideas que tengan los ciudadanos.

El ejercicio de ese derecho es bueno, útil para la sociedad y conveniente para la toma de decisiones.

Por eso la controversia pacífica y constructiva sobre las conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana debe continuar. Entre otras cosas, porque en materia de esfuerzos políticos para alcanzar la paz, no existen modelos, es imposible actuar con un libreto definido, y resulta contra producente creer que lo que se está haciendo es lo único que puede hacerse.

Por esa razón, debe estarse siempre atento a escuchar opiniones y revisar experiencias, además de conservar la disposición de corregir el rumbo cuando se estime necesario.

Actuar como si lo único importante es lo que piensan quienes están sentados alrededor de la mesa de diálogo es un grave error que muchas veces ha dado al traste con los más de no dados esfuerzos. No hay que olvidar que el resultado final de ese tipo de empeños tiene que ver con toda la sociedad. Los destinatarios de lo que se acuerde son los ciudadanos, el pueblo, que tiene opiniones y posiciones.

Desconocerlos o partir de la base de que, al final, todos saldrán en forma gregaria a aplaudir y apoyar lo que se convenga es una inmensa equivocación.

Si, en el evento de que se llegue a coincidencias totales sobre los distintos temas que se discuten, ellas no tienen el respaldo de la gran mayoría, será imposible garantizar la sostenibilidad de lo acordado. Ese escenario sería malo para el país. Claro está que no puede creerse que la unanimidad sea lo que caracterice la posición de la gente frente a lo que eventualmente se firme.

De lo que se trata, entonces, es de buscarles un amplio apoyo ciudadano a los pasos que se den. Y eso no se logra haciendo caso omiso de lo que mucha gente piensa ni descalificando las opiniones críticas por el solo hecho de serlo.

Esperar que los colombianos actúen como si tratara de firmar un contrato de adhesión, no es el camino apropiado para edificar los respaldos que se requieren. Menos aún cuando uno de los argumentos que más usa el Gobierno es el de que no hay necesidad de preocuparse ahora porque, finalmente, el pueblo decidirá si aprueba o no los acuerdos.

Por ahí no es la cosa.

Es mucho mejor propiciar amplios espacios de discusión pública acerca de lo que se está haciendo, entre otras cosas, toda vez que si el  proceso concluye con un documento suscrito por los interlocutores, la controversia previa tendría un efecto pedagógico.

Son muchos los temas que deben discutirse.

¿Cómo lograr que el cese unilateral de fuego y hostilidades por parte de las Farc sea real y definitivo? ¿De qué manera pueden acordarse zonas de concentración para garantizar su verificación? ¿En qué forma puede integrarse un equipo de verificadores serio y capaz? ¿Cuál es la fórmula de transición en materia de justicia que respete las obligaciones que tiene el Estado colombiano? ¿Qué camino debe seguirse para diseñar un mecanismo de participación nuevo, procedente y práctico, a fin de que se produzca el pronunciamiento popular sobre los acuerdos?

En fin, son tantos los temas que lo que debe hacerse es dejar de actuar como si todos los colombianos estuvieran sentados en Cuba.

¡Que el debate continúe!

Feliz año.